La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que en su administración pasada ese mismo organismo revictimizó a las víctimas del caso Ayotzinapa y avaló de facto la llamada «verdad histórica». La Comisión plantea presentar una disculpa pública

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Alexis Ivan de la Cruz

CIUDAD DE MÉXICO.- Al emitir el segundo informe del caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a la Oficina Especial para el Caso Iguala de actuar bajo lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos.  Señaló  que la Recomendación 15VG/2018 no cumplió con la expectativa que esperaban los papás de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014. 

Dos semanas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe, la CNDH dio a conocer su propio informe en el que cuestiona la recomendación que ese organismo emitió en 2018.

“México alberga un sinfín de historias de violencia, injusticias y abusos de poder, consecuencia de las propias contradicciones de la evolución de la sociedad mexicana, y de sus instituciones. El Caso Ayotzinapa, plasmado en la Recomendación 15VG/2018, es una de esas historias, una profunda herida en la memoria colectiva de la sociedad mexicana, que acompaña el dolor y la zozobra con que han tenido que vivir las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desde el 27 de septiembre de 2014”, señala en el comunicado que acompaña el informe.

Agrega: “Adicional a lo anterior, se suscitan prácticas institucionales de revictimización de las personas en situación de víctimas, particular y dolorosamente por parte de los organismos protectores de derechos humanos, como la CNDH, de tal suerte que las madres y padres de los 43 normalistas han manifestado su inconformidad respecto a diversos aspectos de la Recomendación 15VG/2018”. 

En cuatro puntos cuestiona la conducta de los responsables de la anterior recomendación por haber cometido prácticas de revictimización.

“Las prácticas de revictimización, estimagtización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa;  La dilación para la elaboración y presentación de la Recomendación, ya que los hechos victimizantes se dieron en septiembre de 2014, y la Recomendación 15VG/2018 se presentó el 28 noviembre de 2018 es decir, 4 años después; La Recomendación carece de una aplicación robusta del enfoque de derechos humanos y de atención victimológica; y Por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica; si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma, sin aportar nada a la Verdad y a la Justicia”.

Luego hace una recapitulación de los hechos que dieron origen a la nueva investigación. El 18 de marzo de 2020 se ordenó en la CNDH la reapertura de expedientes de queja en los que exista una inconformidad o reclamo de parte de las personas en situación de víctimas y se analizó la Recomendación 15VG/2018 que documenta lo que hizo la CNDH en el caso Ayotzinapa.

La CNDH documentó omisiones, inconsistencias o extralimitaciones del organismo en sus funciones, respecto a las violaciones graves a los derechos humanos. Lo concentró en el documento “Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días”.

Prevén disculpa de la CNDH a familiares de caso Ayotzinapa

El documento incluye rutas y acciones para reparación integral, plantea la presentación de una disculpa pública hacia las personas en situación de víctimas y reconocer públicamente las fallas y omisiones de la CNDH. 

Entre los resultados que arroja el Informe, destacan:

“No hubo un enfoque diferencial y especializado, al momento de redactar la recomendación y en especial al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas”.

Además, las opiniones de la CNDH se hicieron sin acudir al lugar de los hechos. 

“En varios momentos, la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos; la Oficina Especial actuó bajo secrecía y fragmentación de la información, a grado tal que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso; se obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos; no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes”.