Vecinos de la colonia Roma clausuraron simbólicamente las obras de construcción en Coahuila 34 por poner en riesgo la seguridad de sus vecinos. Su protesta escaló, lo que causó cierres viales en importantes avenidas de la zona

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero 

CIUDAD DE MÉXICO.- “Clausurado por no respetar protección de colindancias”, dicen los sellos que vecinos de la colonia Roma pusieron en la entrada del predio de Coahuila 34, donde la empresa Punto Destino inició una demolición para después levantar un edificio de 56 departamentos y una alberca repartidos en seis pisos. 

Las obras se desarrollan en una cuadra de la colonia Roma que es atravesada por una fractura geológica descubierta después del sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando un edificio en Coahuila 10 se derrumbó y muchos otros quedaron seriamente dañados. 

El edificio que se levanta sobre el número 34 no es el único que ha puesto en peligro a los vecinos de esta cuadra. En 2021 vecinos de la misma cuadra, apoyados por colectivos de la colonia, lograron detener momentáneamente las obras del número 28, donde la constructora GDC Desarrollos levantó tres torres de seis pisos similares a las que pretende construir Punto Destino. 

Ambas obras no respetaron el proceso de publicitación vecinal, con el que deberían informar a los vecinos de los alcances de su proyecto y que es necesario para iniciar ya sea la demolición o la construcción de cualquier proyecto inmobiliario. 

“Ese es un tema y el otro es que el DRO (el Director Responsable de Obra) aún sabiendo que hay un riesgo (la citada fractura geológica), firmó una responsiva para aprobar el nuevo proyecto», explica Arturo Aparicio, abogado miembro del Colectivo Claudia Cortés, un grupo de vecinos de esta zona que luchan contra la gentrificación y las obras irregulares. Y añade:

«Eso en sí no es ilegal, pero sí es una violación a los derechos humanos, al derecho de una vivienda digna y adecuada, que incluye el aspecto de la seguridad”.

Entre el edificio terminado del número 28 y el que se quiere construir en el 34, se encuentra un edificio de departamentos (en el número 30) que a partir de la construcción del primero quedó severamente dañado y que desde entonces se inclinó hacia un costado poniendo en peligro a sus habitantes. 

Vecinas, afectadas y atacadas 

Junto al nuevo proyecto que se empezará a levantar en el número 34 viven Gabriela y Norma Vélez, quienes han vivido en el número 36 toda su vida y ahora temen que las obras puedan derrumbar o afectar sus casas. 

“Nos decían las locas de la cuadra, hoy nos sentimos acompañadas por los vecinos y por la prensa”, comentó Norma durante la manifestación a la que acudieron vecinos no solo de esta colonia, sino de otras afectadas por proyectos inmobiliarios como los de Xoco afectados por Mítikah; también de la Juárez, de la Tabacalera y de varias más. 

“Un domingo de agosto llegó una persona. Tocó la puerta y de buenas a primeras nos vino a dar el anuncio de que el lunes iban a empezar a demoler. No mostró ningún documento, pero como anunció, la mañana siguiente llegaron los trabajadores”, cuenta Norma.  

Por oponerse a la obra, las hermanas Vélez sufren de un constante acoso de trabajadores y abogados. Incluso, hace unos días fueron agredidas por un par de trabajadoras de las obras, que las quisieron golpear como forma de amenaza. 

“Así llegan, con sus abogados, con un séquito de trabajadores que más bien parecen golpeadores y con gente de Protección Civil, que se nos quedan viendo”, cuenta Norma.

“La vez pasada nos dijeron que nos daban 30 mil pesos para desistir de levantar cualquier reclamo, pero la verdad es que con eso no voy a conseguir una casa nueva en ningún lado”. 

Persecución a la protesta y a la defensa vecinal

Las hermanas Vélez no han sido las únicas amedrentadas por estas obras. El abogado Aparicio, que tramitó varios amparos que lograron retrasar la obra de GDC desarrollos en el predio de Coahuila 28 y que ha acompañado legalmente diversos esfuerzos vecinales en defensa de construcciones como esta también ha sido víctima del acoso de los desarrolladores. 

“Me enteré el lunes de que me habían abierto una investigación en la Fiscalía General dela República, porque de varios Tribunales en los que hemos metido amparos les empezaron a pedir mis datos personales”, comenta el abogado. 

La investigación resulta sospechosa pues la Fiscalía General de la República solo suele abrir una investigación cuando hay elementos probatorios sólidos para iniciarla, sin embargo, este no es el caso. Según se ha enterado por diferentes medios, la denuncia la interpuso Nepsca SA de CV, la empresa detrás de Punto Destino y podría ser por “mal uso de la justicia”. 

Ante estos hechos y por falta de respuesta por parte de las autoridades, los vecinos que realizaron la clausura simbólica llevaron su protesta a la avenida Cuauhtémoc, una de las principales arterias viales del centro de la ciudad que cruza de Norte a Sur. Después de un cierre vial que duró un par de horas y después de haber logrado una cita con autoridades para el día siguiente, al lugar llegaron cerca de 100 elementos de la policía con equipos antimotines, conocidos comúnmente como granaderos, lo que obligó a los vecinos a levantar su protesta. 

Un pliego petitorio contra las construcciones irregulares

Durante la protesta los vecinos leyeron un pliego petitorio para el Gobierno de la Ciudad de México en el que piden garantías para acotar el poder y la corrupción con las que los constructores logran levantar sus edificios. 

Entre ellos se pide la destitución del Director General de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc por autorizar de forma ilegal proyectos de construcción. La cancelación de las licencias de DRO del ingeniero-arquitecto Juan Gabriel Ramírez Zárate y del ingeniero Mauricio Náñez, quienes autorizaron la demolición y la construcción del proyecto de Coahuila 34 y que se clausuren los trabajos de construcción y se revoque la autorización de demolición emitidas. 

También piden que se expropie el predio como medida de reparación social para el desarrollo de áreas verdes en la colonia; que se detenga el acoso contra las vecinas y los activistas que defienden la colonia, así como no autorizar ningún proceso de construcción hasta que haya una nueva normativa de construcción que tome en cuenta a los vecinos y hasta que se aprueben los nuevos planes de desarrollo urbano de todas las colonias y alcaldías de la ciudad, así como el Plan General de Ordenamiento Territorial, mismo que se ha detenido durante este gobierno.