El ayuntamiento de Juan C Bonilla clausuró el drenaje industrial del Parque Ciudad Textil Huejotzingo al Río Metlapanapa, en Puebla. Por la mañana, el presidente había instruido al secretario de Medio Ambiente a hacer un reporte sobre el problema
Texto: Daliri Oropeza
Fotos: Especial
En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que enviará a Puebla al secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, para que investigue las denuncias de irregularidades en la construcción de un drenaje industrial para la creciente zona industrial de Huejotzingo llamada Ciudad Textil, el cual desembocaría en el río Metlapanapa que defienden cuatro comunidades nahuas.
En la tarde, el ayuntamiento del morenista Joel Lozano Alameda clausuró la obra, pese a que las comunidades han solicitado la cancelaión desde hace más de 7 meses.
A pregunta expresa de Pie de Página, el presidente hizo énfasis en la labor de Toledo: “Yo le tengo confianza a él, que es un hombre recto, íntegro, honesto, ambientalista, incapaz de un abuso o algo que afecte a una comunidad. Creo que de esa manera podemos atenderlo. Le voy también a pedir al Director Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que vaya también, a los dos”.
En un comunicado, el gobierno municipal aseguró que después de distintas inspecciones, las autoridades determinaron suspender la obra por medio de una clausura.
“Dejamos claro que no hemos sido omisos con el tema y siempre el presidente municipal de Juan C Bonilla, la sindicatura y el área jurídica ha trabajado y se ha conducido con apego a derecho”, dice el comunicado, que no detalles técnicos de las afectaciones.
El gobierno local pidió a toda la población estar atenta a la información oficial sobre el caso.
Por la tarde, las integrantes de los cuatro pueblos nahuas dieron una conferencia en el centro de Puebla sobre los pasos que siguen en la defensa del río.
Les acompañó María de Jesús Patricio Martinez, integrante del Congreso Nacional Indígena —red de la cual los pueblos son parte— y vocera del Concejo Indígena de Gobierno.
“La comunidad está luchando contra la contaminación tóxica en el río, y esto pasa en muchas comunidades donde también hay megaproyectos de muerte. Mientras esto existe hay pueblos que defienden la vida de las comunidades, y lo que da vida son esas aguas, esos bosques”, aseguró la vocera del Consejo Indígena de Gobierno en conferencia de prensa de las comunidades nahuas en el centro de Puebla.
Marichuy aseguró que Miguel es un preso político del actual gobierno de Morena.
“El agua no se vende”, con esa frase inició Miguel López Vega su participación en la conferencia.
“No vamos a dejar que los empresarios decidan sobre nuestro destino, el agua, el cerro, el campo, no vamos a dejar que continúen con este despojo”, añadió.
Miguel recordó que son las mujeres de los cuatro pueblos indígenas, Ometoxtla, Nextetelco, Cuanalá y Zacatepec quienes han liderado la defensa del río, el cuidado y la limpieza comunitaria.
Recordó que Zacatepec inició su propio gobierno autónomo, “porque los políticos son traidores y cuidan los intereses de los empresarios. No están respetando nuestra palabra, nuestra autodeterminación, sabemos quienes somos y de donde venimos, lo que necesitamos para vivir”.
El entubamiento de las aguas industriales en el municipio de Juan C. Bonilla inició en marzo de 2018. Está a cargo del Comité Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Puebla (Ceaspue). De acuerdo con la información oficial, la obra busca garantizar la instalación de la tubería que rodea el Parque Industrial y la zona el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” en Huejotzingo.
Ante la oposición de las comunidades nahuas, sobre todo de Santa María Zacatepec, las autoridades locales utilizaron a la policía estatal y la Guardia Nacional, lo que el 30 de octubre de 2019 provocó un enfrentamiento que que dejó un detenido y al menos cinco mujeres lesionadas.
El pasado 23 de enero, policías ministeriales detuvieron a Miguel López Vega, ambientalista y comunicador de la Radio Comunitaria de Zacatepec, cuando se presentó a entregar la documentación de la asamblea en la que el pueblo determinó gobernarse por el sistema normativo indígena.
El indígena fue acusado de frenar la obra, obstruir las vías generales de comunicación y uso de explosivos. Seis días después quedó libre y fue absuelto de los dos primeros delitos. Sin embargo, se mantuvo el proceso penal por frenar la construcción del colector sanitario. La juez del caso fijó dos meses para que se dicte sentencia.
La mañana de este jueves, cuestionado al respecto por Pie de Página en su conferencia mañanera, el presidente celebró la liberación de López Vega y dijo que en su gobierno no habrá ningún preso político.
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