El máximo tribunal español condenó el lunes 14 de octubre con penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas. Los catalanes protestan contra lo que consideran una sentencia excesiva, con cortes de autopistas y hasta del aeropuerto. Un grupo ha quemado las calles de Barcelona durante cinco noches y mantiene duros enfrentamientos con la policía. El grueso de los manifestantes, opta por la vía pacífica. Pero la salida no se ve cerca

Texto y fotos: Majo Siscar

BARCELONA.- El humo se veía desde lejos. La noche del martes 15 empezaron a arder las calles de Barcelona. Un centenar de jóvenes montaba barricadas y quemaba mobiliario urbano en los principales cruces de la ciudad.

Aragón con Roger de Llúria, Consell de Cent con Pau Claris, el señorial Paseo de Gracia. Allí, ante la sede de la Bolsa de Valores, una pareja discute con los incendiarios. El señor, de barba y pelo blanco, la señora, morena y también peinando canas.

–Con la violencia no vamos a ningún lado, esto es lo que quieren ellos, para criminalizarnos, estáis cayendo en su juego­– dice la mujer al grupo de jóvenes.

–No tenemos más opción. Llevamos años de manifestaciones pacíficas y ¿cómo nos responden? Ahora que vean nuestra rabia– contesta una chica que carga en su espalda una mochila de una empresa de reparto en bicicleta.

Ella es una entre un centenar de jóvenes que protagonizaron el primer día de incendios urbanos en la noche barcelonesa. El viernes ya se habían multiplicado exponencialmente.

Aún así, no son ni el 1 por ciento de los que marcharon por el centro de Barcelona, 525 mil personas, según el conteo policial, para protestar contra el fallo del Tribunal Supremo de España que, el lunes 14 de octubre, condenó a nueve líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.

Ceci y Neus Cardona son dos hermanas de 71 y 66 años que han caminado desde el interior de Cataluña para llegar a la marcha multitudinaria de Barcelona. Van vestidas con camisetas que reivindican la independencia, lazos amarillos –el símbolo contra la represión política contra Cataluña– y traen banderas a modo de capa.

Ambas me explican que nunca se han sentido españolas, pero en los últimos años se han vuelto más acérrimas ante la “cerrazón” del gobierno español. “Nos pegan igual que en el franquismo y aunque el divorcio ya es legal no lo es para los catalanes”, dice risueñas.

Pese a las imágenes de los disturbios que llenan portadas, las marchas del día son masivas y festivas. “Nosotras llevamos años marchando por la independencia pero hoy caminamos porque estamos indignadas por esta sentencia injusta, que encarcelen a gente pacífica que lo único que han hecho es defender lo que quiere el 80 por ciento del pueblo catalán, un referéndum”, dice Ceci, la más veterana.

Un conflicto postergado dos años

El máximo tribunal español condenó el lunes 14 de octubre con penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas. Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, es quién afronta la pena más alta, 13 años de cárcel e inhabilitación por haber cometido un delito de sedición y malversación de fondos asociada a este delito.

El Tribunal Supremo eligió tipificar como sedición a la modificación legislativa realizada hace dos años en el parlamento catalán para declarar y fundar una república independiente de España; la celebración de un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre de 2017; la votación de una resolución en el Parlament que declaraba unilateralmente la independencia y la declaración y anulación inmediata de la independencia por parte del Gobierno de Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

Aunque el mismo Tribunal califica la declaración de independencia como “simbólica e ineficaz” sentó al banquillo de los acusados a nueve miembros del Ejecutivo catalán, la expresidenta del legislativo, y dos líderes sociales, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, portavoces de las dos entidades cívicas que han agrupado al movimiento independentista.

De estos doce, nueve llevan dos años de prisión preventiva y son los que han alcanzado mayores penas. Los otros tres consellers (en México sería secretarios), cuyo papel fue menos activo e incluso en algún caso, han sido condenados por desobediencia y evitarán la prisión.

El presidente catalán en 2017, Carles Puigdemont y otros cuatro Consellers (en México sería secretarios) de su gobierno, y dos diputadas independentistas han sido acusados también, pero salieron del país antes de ser detenidos, y siguen haciendo política desde su exilio.

El vicepresidente Junqueras se autocalificó en el juicio como un “preso político” e hizo hincapié en que no habían cometido “ni uno de los delitos” de los que se les acusaban porque “votar nunca puede ser un delito” y en ningún caso se había hecho uso de la violencia en Catalunya. En su última palabra pidió devolver el conflicto catalán al “terreno de la política”.

Pero el caso más controvertido es el de los líderes sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que, sin ser autoridades fueron los primeros en ser detenidos, el 17 de octubre de 2017. Ambos han sido condenados a 9 años de cárcel y de inhabilitación, al atribuírseles un “papel crucial” para impulsar movilizaciones con las que “presionar” al Estado.

Para el Tribunal, ambos se encargaron de la “promoción y liderazgo” de las protestas ciudadanas. En su último turno de palabra durante el juicio, Cuixart se reafirmó en su actuación.

“Todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido y acepto los actos y las consecuencias y esto es un altavoz que nos permite denunciar aún de manera más contundente la vulneración de derechos humanos que sufrimos los ciudadanos del Estado español», dijo y defendió la desobediencia civil, el derecho a protestar e instó a la ciudadanía catalana a seguir movilizándose. La asociación que presidía sigue activa y tiene más de 165 mil socios.

Esa llamada es la que siguen el más de medio millón de catalanes que salieron a marchar pacíficamente el viernes 18 de octubre en Barcelona. Durante tres días columnas cívicas desde los cinco extremos de Cataluña caminaron hacia la capital, cortando las principales carreteras de la región, y reivindicaron el músculo independentista. Un músculo que, en un momento de división política en el seno del independentismo partidista, ha llevado el conflicto catalán a medios del mundo entero durante toda la semana.

Las movilizaciones se convocan desde la nueva plataforma virtual Tsunami Democràtic, que el lunes, horas después de hacerse pública la sentencia, consiguió tomar el aeropuerto de Barcelona durante horas y cancelar 110 vuelos.

Esa misma noche, hizo público un comunicado en video en boca del entrenador de futbol Pep Guardiola donde denunciaba que “España vive una deriva autoritaria en la que se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia y la libertad de expresión” y pide diálogo entre Cataluña y España.

El viernes, cinco días después de la aparición pública de la plataforma Tsunami Democrátic, que no tiene líderes visibles y es solo virtual, fue clausurada por el gobierno español y su página no se puede consultar desde ningún servidor en España.

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra la plataforma por “indicios de terrorismo”. Lo ha hecho el mismo juez que hace apenas unos días, el 26 de setiembre mandó a prisión preventiva a siete jóvenes independentistas por presunta pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y conspiración. Tsunami Democràtic, por su parte, insiste en que solo promueven acciones de resistencia no violenta. Y los chavales que han empezado a quemar contenedores dicen no seguir a nadie, pero han pasado de ser un centenar el martes a sumar 4 mil 500 personas según la policía en los disturbios del viernes.

Las razones de la rabia

“España no quiere diálogo”, repetía una y otra vez una de las jóvenes el primer día de barricadas. “Violencia es la del estado, lo nuestro es resistencia”, decía otro chico a la par.

La gran mayoría no pasaba de treinta años. Son la generación que ha crecido con la polarización entre Cataluña y España. Sus primeros recuerdos de votaciones son, por ejemplo, la del 2006, cuando Cataluña refrendó una reforma política que le daba más autonomía sin desafiar la soberanía española, el Estatuto, y que aunque el gobierno español aceptó, cuatro años después fue derogado parcialmente por el Tribunal Constitucional.

En esos años apretaba la crisis económica y Europa impuso ajustes presupuestarios que los gobiernos catalán y español, capitaneados por las derechas, acataron apretando tuercas a los más desfavorecidos. Aún y cuando desde Cataluña se intentó regular algunas protecciones sociales, desde el gobierno central se detenía judicialmente.

El Tribunal Constitucional, derogó, por ejemplo,  los mecanismos establecidos en Cataluña para proteger a las familias pobres de deshaucios o para que no viesen restringido su acceso a servicios básicos como luz y el gas en caso de impago. También derogó artículos de la Ley de Igualdad catalana que avanzaban en los derechos sindicales y patronales de las mujeres, o la iniciativa que impedía el fracking en Catalunya, por ejemplo.    

Además, acuciado por el descontento social y las denuncias de corrupción, la derecha tradicional catalana refundó su partido y presentó una nueva candidatura, esta vez independentista.

En las siguientes elecciones, las del 2012, el independentismo, tradicionalmente extendido a un sector de la izquierda, logró en Cataluña el 47 por ciento de los votos.

En septiembre de 2017, 72 de los 135 diputados del Parlamento catalán aprobaron, con un procedimiento muy cuestionable, una ley catalana que convocaba el referéndum de independencia y lo declaraba vinculante más allá de la legislación española.

Desde entonces la crisis política entre Cataluña y España solo se ha agudizado. También en el sino de Cataluña, donde la sociedad se ha polarizado entre independentistas y partidarios de la unidad con España.

En una vista de pájaro a la capital catalana, Barcelona –que no es la ciudad más independentista– se aprecian claramente la confrontación de banderas entre balcones vecinos. El discurso político también está crispado y más pendiente de las inminentes elecciones españolas el próximo 10 de noviembre que de solucionar el conflicto.

El presidente catalán, Quim Torra, compareció el jueves en el Parlamento Catalán tras la sentencia: “Si por poner urnas nos condenan a 100 años, se deberán volver a poner urnas para la autodeterminación (…) Debemos seguir adelante. No dejarnos intimidar por las amenazas, y conseguir la independencia” dijo ante la estupefacción incluso de sus socios de gobierno y se mostró dispuesto a volver a convocar otro plebiscito antes del 2021. Los otros dos partidos independentistas, ERC y CUP, se desmarcaron de la propuesta.

Pero con este antecedente, el sábado 19 Torra instó al presidente español, Pedro Sánchez a fijar día y hora para “una negociación sin condiciones”, y lo llamó dos veces por teléfono, sin éxito. El ejecutivo le contestó vía comunicado: “El Gobierno de España siempre ha estado a favor de dialogar dentro de la ley. Primero Ley y luego diálogo”.

Los no indepententistas

La derecha española mientras tanto se frota las manos y ve como, ante las fotos de los incendios, su posición de intervenir política y policialmente Cataluña les hace subir en las encuestas. Mientras tanto, en otras ciudades de España, como Madrid, Valencia o San Sebastián, miles de personas también han protestado por una sentencia que consideran excesiva.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que detiene deshaucios de personas por impagos, y que es uno de los movimientos más organizados y beligerantes en España desde la crisis, condenó gravemente la sentencia al sentir que abre la puerta a que cualquier desobediencia a una orden judicial, como es un deshaucio, sea penada por sedición y por tanto tenga más años condena que una violación, por ejemplo.

José María Mena, exfiscal superior de Cataluña, y uno de los juristas más críticos con la acusación, no considera dura la condena contra los líderes catalanes, en tanto la Fiscalía pedía penas muchísimo más altas, pero advierte que el problema es la tipificación de la sedición en España.

“La sedición es un delito contra el orden público y no contra la Constitución. Si los condenados cumplen la totalidad de la pena cumplirán más que un violador o un homicida y su actuación socialmente no merece el reproche de un violador o un homicida. Esto lo puede compartir cualquiera aunque no sea independentista”, explica en una entrevista que publica este domingo eldiario.es

Este sentimiento se palpa en muchos sectores catalanes no independentistas.

“Yo no soy independentista, no sé que va a cambiar en mi vida por salirnos de España, y además llevamos dos años que no sabemos hacia donde vamos, cada quién en sus trece, pero no puedo considerar un delito tal que se haya intentado hacer un referéndum”, explica Yolanda Ramírez, una administradora de fincas de 37 años que se quejaba en un semáforo de los cortes de calles.

“Esta sentencia es muy dura y solo incendia más, y lo que estamos viendo esta semana es preocupante, no abona nada a una solución, al cerrar todas las puertas de diálogo se aboca a la gente a los disturbios”, alega Pilar Alcoba, empleada de telecomunicaciones de 47 años, que marchó el viernes pacíficamente con un cartel que decía que ella había votado que No al referéndum de 2017.

“Yo no quiero la independencia, lo que quiero es que el debate vuelva al terreno de la política, hay que rebajar la presión de todos los lados”, agrega.

También hay otra parte muy grande de la población catalana que se opone radicalmente incluso a cualquier intento de abordar el conflicto.

“Estoy indignado y harto de ver cómo los separatistas queman y destrozan mi ciudad y mi tierra, agreden a policías y atemorizan a millones de familias mientras [el presidente Pedro] Sánchez no hace nada. ¿Tanto miedo les da aplicar la Constitución y cesar a [presidente catalán Quim] Torra, el cortacarreteras?”,  decía el viernes en un video que viralizó Albert Rivera, el presidente del partido Ciudadanos que aglutina a los unionistas en Cataluña y que junto al PP representan un tercio del electorado catalán.

La rabia no solo enciende contenedores.