La comunidad de Lázaro Cárdenas, en Topolobampo, festeja tras ganar un amparo que les protege y asegura una consulta para saber si quieren o no una planta de amoniaco en la bahía donde se desarrolla su vida

Texto: Marcos Vizcarra/Revista Espejo

Foto: Revista Espejo

SINALOA.- “Este es un mensaje para todas las empresas”, dijo Melina Sandoval, líder indígena de la comunidad de Lázaro Cárdenas, de la bahía de Ohuira en Topolobampo, a quién la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón y tumbó los permisos a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una subsidiaria de la firma alemana Proman, para construir una planta para producir amoniaco.

Ese mensaje podría sonar intimidante, pero solo es solo otra protesta, dijo la mujer que en 2020 tomó el amparo que promovió su comunidad para liderarlo ante jueces federales. Con esa postura, Sandoval sostuvo que los pueblos originarios del norte de Sinaloa sí quieren que se tenga inversión y progreso empresarial, pero no sobre las comunidades indígenas.

“Esto nos obligó a aprender y saber más cosas, ahora conocemos nuestros derechos y sabemos qué nos puede afectar”, dijo en entrevista para Revista Espejo.

“Nos debieron consultar para saber si queríamos que se construyera una planta o no, solo empezaron a construir en un lugar sagrado donde había manglares, las aves ponían sus nidos y se reproducía el camarón“.

La empresa GPO obtuvo permisos en 2014 por Semarnat para poder iniciar operaciones en la bahía de Ohuira con un proyecto que costaría hasta 1,250 millones de dólares. En esta región se desarrolla la nación Mayo-Yoreme con distintas comunidades, entre ellas Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira. Esos tres pueblos promovieron amparos entre 2018 y 2019 por falta de consulta.

El problema principal fue que no se les consultó y tampoco informó sobre las implicaciones sociales, económicas y ecológicas de la construcción en la bahía.

La empresa, sin embargo, compró terrenos y obtuvo permisos para hacer cambios en su uso y así construir una planta que puede producir hasta 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco y urea.

Esos terrenos están dentro de un sistema lagunar donde habitan comunidades pesqueras y restauranteras, con artesanas y promotores ecoturísticos indígenas, quienes han expresado su rechazo a tener una planta que, de acuerdo a reportes y estudios académicos -y de la misma empresa- pone en riesgo la bahía.

“Nosotros no estamos en contra del progreso, solo no queremos la planta en ese lugar”, señaló Melina Sandoval.

La nación Mayo-Yoreme festejó el amparo con una fiesta enmarcada por la Cuaresma, una temporada religiosa en la que hacen celebraciones indígenas. Una de estas se alzó con la decisión de la Corte. Hubo cohetes, toque de campanas y comilonas con frijoles, pescado frito, tortillas de harina y la promesa de guacabaqui, un plato tradicional en el norte de Sinaloa.

La Corte determinó dejar sin efecto los permisos de Semarnat y que, si quiere continuar GPO, debe hacerse una consulta a los pueblos, pero la respuesta, dijo Sandoval, apunta a ser negativa.

“Este es un mensaje para todas las empresas, de que sí queremos desarrollo, pero fuera de la bahía, que no nos ponga en riesgo y que haga las cosas bien desde un inicio”, señaló.

“Nosotros estamos analizando bien cómo viene lo que falta de la Corte, pero ahora no estamos de acuerdo con que se les dé una segunda oportunidad, porque nosotros no se la daremos“.

• Este trabajo fue publicado originalmente por Revista Espejo. Pie de Página lo reproduce gracias a la Alianza de Medios, de la cual forma parte. Aquí puedes consultar la publicación original.