Texto: Daniela Rea.
Fotografía: Mónica González
Adriana Manzanares, una indígena de Guerrero, fue condenada a 22 años de prisión por un supuesto aborto. La mujer quedó embarazada por una infidelidad, fue golpeada por su esposo y su padre. Después de los golpes la mujer tuvo un aborto y enterró al producto en la montaña. Adriana fue sometida a un juicio público en la comunidad Camalote de Ayutla de los Libres, para que revelara quién era el padre del hijo, donde la avergonzaron por haber ofendido a su marido y posteriormente el Comisario Ejidal la denunció ante el Ministerio Público. El juez dictó sentencia por homicidio contra Adriana.
Después de pasar 7 años en prisión, la Suprema Corte revisó el amparo, que Adriana puso con apoyo de las organizaciones Las Libres y la Clínica de Interés Jurídico del CIDE. El ministro Zaldívar estuvo a cargo del proyecto en el que pedía la liberación inmediata de la mujer, pues no había pruebas suficientes para comprobar el delito de homicidio, su debido proceso fue violentado porque no contó con traductor y fue obligada a auto incriminarse.
Los cinco ministros de la Primera Sala votaron a favor del proyecto y Adriana fue liberada. Pero lo que se discutió fue el derecho a un juicio justo y debido proceso, no el aborto.
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