Después de que una jueza federal ordenara la recaptura de los 8 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la defensa legal de los acusados anunció que denunciarán penalmente a los funcionarios implicados en la investigación, pues acusan que son perseguidos políticos

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. -Los abogados de los 8 militares vinculados en el caso Ayotzinapa anunciaron que demandarán penalmente a altos funcionarios del gobierno federal por perseguir y encarcelar a sus clientes por motivos políticos.

Entre los funcionarios que serán demandados están el exsubsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, y el actual titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.

El anuncio llega después de que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, ordenara nuevas órdenes de captura para los 8 militares que obtuvieron su libertad condicional el pasado 20 de enero.

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Las órdenes de captura, dijeron los abogados de los militares, se basaron en testimonios falsos de dos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes participaron directamente en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014. Actualmente, ambos sujetos son testigos protegidos identificados como “Clara” y “Neto”.

Sus testimonios, acusó la defensa legal, fueron inconsistentes con relatos anteriores, donde los testigos protegidos no habían mencionado a los militares acusados, y que ahora los identificaron como parte de los miembros adscritos a la Sedena que recibían pagos por parte del grupo criminal.

Según una declaración del testigo identificado como “Carla”, el motivo de no identificar previamente a los 8 militares fue por su posición en el ejército.

“No me había atrevido a mencionar por nombres a la gente que yo conozco y que se les pagaba su cuota, porque muchos son policías o soldados y son gente que tiene poder y armas”, dice un fragmento de la declaración de este testigo, hecha el 22 de enero de 2024, y que ahora difunden los abogados de los militares.

La denuncia, adelantaron los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, también se extenderá a los dos testigos protegidos, a quienes acusarán de “falsedad y delitos contra la administración de la justicia”.

Una doble acusación

El 12 de junio de 2023, un agente del Ministerio Público adscrito a la UEILCA inició la causa penal 1/2023 en contra de Roberto de los Santos Eduviges, Uri Yashiel Reyes Lasos, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Días, Gustavo Rodríguez de la Cruz y Juan Sotelo Días, militares adscritos al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y al 41 Batallón de Infantería en el municipio de Teloloapan.

En ese entonces, los militares fueron acusados por dos delitos relacionados al caso Ayotzinapa: desaparición forzada y crimen organizado. La denuncia la admitió la jueza Duarte Cedillo, quien decidió emitir órdenes de aprehensión contra los acusados, pero sólo por el delito de desaparición forzada. Una vez que los detuvieron, la jueza dictó, a petición de la UEILCA, prisión preventiva oficiosa para todos ellos.

Esto lo impugnaron los abogados de los militares, quienes presentaron un amparo en contra de la decisión de la jueza. El amparo lo admitió el juzgado decimoquinto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, y resolvió que la medida cautelar de la prisión oficiosa debía revocarse, pues violaba una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, en la sentencia, el juzgado de amparo también instruyó que se tenía que reponer el proceso para dictar una nueva medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa. Entre esas medidas se encontraba la prisión preventiva justificada, si así lo solicitaba, y sustentaba, la UEILCA.

Esta última parte fue impugnada por la defensa legal de los militares, quienes interpusieron un recurso de revisión admitido por el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. El tribunal resolvió que el proceso no debía repetirse en su totalidad, obviando la audiencia donde la Fiscalía expusiera los motivos para imponer la prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de la República no impugnó esta decisión, y el 20 de enero la jueza Duarte Cedillo cumplió las órdenes del amparo y del tribunal colegiado, sustituyendo la prisión preventiva oficiosa por la medida cautelar de libertad condicional a los 8 militares acusados de desaparición forzada.

Tras la resolución, la UEILCA ejecutó otra causa penal contra los militares, la 1/2024, acusándolos de delincuencia organizada. Ahí es donde aparecen “Clara” y “Neto”, quienes el 23 y 24 de enero reconocen que esos 8 militares recibían pagos de Guerreros Unidos.

A partir de ese testimonio, la misma jueza que ordenó la libertad condicional de los militares, emite nuevas órdenes de captura que se ejecutan el 1 de febrero, aplicando, de nuevo, la prisión preventiva oficiosa.

Y de nuevo, la defensa de los militares impugnó la decisión, pero ahora sosteniendo que los testimonios que integraron la causa penal son falsos. La impugnación, que fue a través del recurso de duplicidad constitucional, aún está pendiente de resolución.

De resolverse a favor, los militares continuarían con el proceso por desaparición forzada, pero bajo libertad condicional. De ser en contra, los 8 acusados tendrían que librar ahora dos procesos distintos: uno por desaparición forzada, y el otro por crimen organizado.

¿Una pugna más allá de Ayotzinapa?

El contexto de estas decisiones es importante, pues sucede a unos meses de la elección presidencial del 2 de junio, y en medio de un intento de reforma al Poder Judicial que, entre otras cosas, propone que los jueces y magistrados sean electos por voto popular.

Así, cuando la jueza Duarte Cedillo ordenó la libertad condicional de los 8 militare acusados, las reacciones del gobierno federal tensaron aún más el ambiente.

Por ejemplo, ante la decisión de la jueza, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública una carta que envió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la que desde el 12 de diciembre le advirtió el riesgo de modificar las medidas cautelares de los acusados.

Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.

Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024

Este contexto, y las declaraciones de la defensa de los militare que cuestionan las investigaciones de la CoVaJ, el GIEI y la UEILCA durante los periodos de Omar Gómez Trejo y Rosendo Gómez Piedra, ponen en peligro el alcance de la justicia para las víctimas, y sobre todo, el acceso a la Verdad.

Pues además de estas resoluciones que han favorecido a estos 8 militares, otros acusados han tramitado amparos para llevar su proceso en libertad, como el general Rafael Hernández Nieto, y ahora, el capitán José Ramírez Crespo, el primer militar detenido por el caso en noviembre de 2020.

De acuerdo con al segundo informe de la CoVaj, sobre el caso Ayotzinapa aún quedan 35 carpetas de investigación y 48 averiguaciones previas con 132 personas detenidas.