Después de más de 8 años de litigios, la historia de este inmueble revela las lagunas en el actuar y alcance de los notarios públicos que ha terminado en un casos de corrupción

Texto: Cristian Escobar / @crazo70 / Lado B

Fotos: Lado B

La historia de los últimos 10 años de Casa Alhambra es casi de novela policiaca: un hijo con ambiciones de empresario, un prestamista y varios notarios dispuestos a registrar firmas falsas, y operaciones de compraventa inexistentes o firmadas por gente muerta. El resultado: una casa que pasa de manera fraudulenta de unas manos a otras.

El papel de los notarios públicos es crucial en este caso: el poder de fe pública que el Estado les ha otorgado les permite, muchas veces, ser el engranaje para aparentar como legales actos que en realidad son delitos.

Son notarios los que han constituido las decenas de empresas fantasmas que registra el SAT en nuestro país, y que aparentan ser legales; fueron también notarios coludidos con el poder los que le permitieron a Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo detenido desde el 2017, apoderarse de casas y departamentos en Cancún.

Carlos Arturo Arellano, abogado de profesión e integrante del buró legal Normatta, explicó a LADO B que, lamentablemente, las irregularidades relacionadas con el trabajo de los notarios son bastante comunes, principalmente por dos motivos: no existe en el notariado un reglamento o código que delimite los precios de sus servicios; y el amplio margen de maniobra que la fe pública les brinda (esto es, que no se puede dudar de su actuar) .

El caso de Virginia Martínez Yano, co-propietaria del inmueble conocido como Casa Alhambra, no es la excepción. El suyo ha sido un largo camino que suma más de ocho años de litigio en juzgados y tribunales, amparos y quejas que han llegado ya hasta el Consejo de la Judicatura Federal para tratar de recuperar su propiedad. 

El comienzo de todo

En febrero de 2012, mientras vivía en Los Cabos, Virginia pidió la ayuda de un familiar que vivía en la ciudad de Puebla para pagar el predial de su vivienda, la Casa Alhambra, un imponente inmueble estilo mudéjar ubicado en la calle 6 norte 1401 de la colonia San Francisco. A un costado del parque de La Pérgola.

Como todos los años, pensó, sería un trámite sencillo. Sin embargo, en la Tesorería Municipal les comunicaron que el nombre asociado con el número de cuenta predial no coincidía. Estaba a nombre de otra persona. 

Alarmada, Virginia regresó a Puebla y acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad. Ahí los encargados le informaron que, para su sorpresa, el inmueble se había vendido.

Al obtener el certificado de libertad de gravamen, Virginia supo que la vivienda había sido adquirida dos años antes, en 2010, por Pablo Abraham Kuri. Un nombre que hasta ese momento ella nunca había escuchado.

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En 2010, el mismo año de la presunta compra-venta, Salvador Cué Martínez, hijo mayor de Virginia Martínez, se fijó como objetivo tener un bar, según contó Virginia a LADO B, pero para realizar ese proyecto requería de una gran inversión económica que su hijo no tenía.

Un amigo de Salvador sugirió buscar a un prestamista de su confianza: Pablo Abraham Kuri. De acuerdo con las declaraciones judiciales de Salvador, él y el prestamista llegaron a un acuerdo: Pablo Abraham Kuri recibiría la propiedad del inmueble conocido como Casa Alhambra como garantía por un préstamo de dos millones y medio de pesos.

Pero ese acuerdo tenía un impedimento: Salvador no era propietario del inmueble. El prestamista le sugirió una solución: una carta poder falsa. Le pidió las identificaciones tanto de su hermano, Jonathan Pedro Cué Martínez, como de su madre, Virginia, ambos propietarios de la Casa Alhambra. 

Salvador extrajo del domicilio de sus familiares las credenciales. Y el 19 de noviembre de 2010, Salvador y Pablo Abraham Kuri se reunieron en la Notaría No. 5 del Distrito Judicial de Huejotzingo, cuyo titular es Alejandro Romero Carreto, para firmar un mandato especial para Pleitos y Cobranzas, Actos de administración y Actos de Dominio Irrevocable sin rendición de cuentas de Administración sobre la Casa Alhambra, el cual quedaría a favor de Salvador para dar en garantía el inmueble de su madre y su hermano a cambio del préstamo. 

Tenían las identificaciones, pero faltaban las firmas. De acuerdo con el testimonio de Virginia, Salvador falsificó la de su madre, y Pablo Abraham Kuri la de Jonathan Cué. Hay al menos dos estudios periciales que así lo confirman. 

El documento con las firmas falsas (cuya copia tiene este portal) fue avalado por el notario Alejandro Romero Carreto —acto por el que fue sancionado con la inhabilitación de su cargo por seis meses, de acuerdo con la resolución del expediente de queja 208/2012, aunque la sanción fue recurrida y logró librarla a través de amparos— y quedó registrado en los archivos de la notaría (folio número 16749, del volumen 124). 

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Mientras Salvador aprovechaba el dinero del préstamo para abrir un bar al que llamó “Cantare”, el 24 de noviembre de 2010 el notario número 19 de la ciudad de Puebla, Gerardo Lara Said, redactó la escritura pública (folio 47341 del volumen 609), en donde registró una hipoteca en garantía entre Salvador Cué Martínez (vendedor) y Pablo Abraham Kuri (comprador del inmueble). 

Habían pasado tan sólo cinco días desde la falsificación de firmas avaladas por la notaría de Huejotzingo. El 26 de noviembre el Registro Público de la Propiedad recibió el “primer aviso preventivo de contrato de mutuo interés con garantía hipotecaria que celebran por una parte el acreedor Pablo Abraham Kuri y como deudos Salvador Cue Martínez”, con la casa Alhambra como garante hipotecario.

Hasta ahí todo iba bien, pero en el registro del documento que fue realizado por personal de la Notaría 19 tenía “un error involuntario”. Ahí se produjo el despojo. 

De acuerdo con la notaría se habían equivocado en el llenado del acta y en lugar de decir “contrato de mutuo interés y garantía hipotecaria”, debería decir “contrato de compraventa”. El error fue aceptado por el Registro Público y ahí desapareció el préstamo. En los siguientes movimientos registrales ya sólo se reporta la compraventa.

La relación entre el notario Lara Said y Pablo Abraham Kuri no era nueva, databa de al menos unos cinco años, pues Lara Said fue el notario a cargo de la constitución de la empresa constructora “Infraestructura Urbana de Puebla SA de CV”, cuyos accionistas principales eran los hermanos Pablo y José Pedro Abraham Kuri. Esa empresa desarrolló varios fraccionamientos en la zona metropolitana de Puebla.

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A mediados de 2011 Salvador Cué Martínez terminó de pagar su deuda con Pablo Abraham Kuri. 

Sin embargo —según el testimonio de Virginia Martínez—, cuando Salvador buscó al prestamista para saldar cuentas, sus allegados siempre lo negaron, argumentando que se encontraba en Houston, Texas, en viaje de negocios. Salvador dejó pasar el tiempo, pues uno de los allegados al prestamista le aseguró que su deuda ya estaba saldada. 

A finales de ese año a Salvador le llegó una noticia: Pablo Abraham Kuri había muerto. Según el certificado de defunción (cuya copia tiene este portal) falleció en la ciudad de Houston, Texas, el 19 de diciembre de 2011.

No obstante, tres meses después del fallecimiento, el 26 de marzo de 2012, en la notaría número 3 de Cholula, María Emilia Sesma Téllez pidió que se inscribiera un aviso preventivo en el Registro Público de la Propiedad donde se anunciaba la intención de realizar una compraventa entre los hermanos Pablo Abraham Kuri (vendedor) y José Pedro Abraham Kuri (comprador).

Según la notaría 3 de Cholula, Pablo Abraham Kuri planeaba salir de la tumba para venderle a su hermano la casa de la que se había apoderado.

Ese sería el segundo movimiento de compraventa del inmueble que la notaría 3 registró, pues el 30 de noviembre de 2011, doce días antes de su deceso, Pablo Abraham Kuri vendió el inmueble a su cuñada, la señora Patricia Couttolenc López, esposa de José Pedro, como quedó registrado en la escritura con el folio 33780, volumen 410.

Pero la firma estampada en ese documento era falsa, esa fue la conclusión a la que llegaron dos peritos: Jorge Octavio Linares Ramírez y María del Rosario Castillo García, de la entonces Procuraduría General del Estado y de la Fiscalía General de la República, respectivamente, quienes revisaron la escritura.

¿Sabía Pablo Abraham Kuri que moriría en diciembre? Es imposible saberlo, pero además de la venta con firma falsa a principios de diciembre de 2011, siete días antes de la fecha oficial de su fallecimiento, él y su hermano vendieron las acciones de su constructora a varias personas, entre ellas Patricia Couttolenc López.

A la fecha, los notarios involucrados en el caso no han querido dar su testimonio, pese a que fueron contactados en más de una ocasión por este medio. La única que aceptó hablar con LADO B fue María Emilia Sesma Téllez, titular de la notaría 3 de Cholula, quien dijo que si bien sabe del proceso jurídico que hay en proceso, no sabe cuál ha sido el resultado de los juicios, y puntualizó que deberán ser las autoridades judiciales quienes resuelvan el caso. 

Juicios civiles y federales

Virginia llevó su caso a los juzgados desde el año 2012, y ahí sigue hasta la fecha, pasando de juzgado en juzgado, de jueces a magistrados y llegó incluso hasta el Consejo de la Judicatura por las quejas y denuncias interpuestas en contra de algunos juzgadores. Esta  parte de la historia, por su complejidad, merece especial atención. 

El primero de los juicios se celebró en 2012 (juicio 624/2012) en el juzgado tercero de lo civil. En él, la señora Virginia Martínez Yano demandó a su hijo Salvador Cué Martínez, -fallecido en 2015 en Cabo San Lucas-, a Pablo Abraham Kuri y al notario Alejandro Romero Carreto por la falsificación de las firmas. Sin embargo, Virginia perdió el caso. 

Al quedar inconforme con la resolución, se celebró un nuevo juicio en el juzgado cuarto de lo civil (1081/2013) en el que Martínez Yano demandó a las mismas partes, y ahora también a la señora Patricia Couttolenc López (esposa y albacea de José Pedro Abraham Kuri ) y a la notaria no. 3 de Cholula, María Emilia Sesma Téllez. 

Dentro del expediente de este juicio, el juzgado cuarto de lo civil —mediante pruebas oficiales en grafoscopía elaborada por la perito Araceli Ratoni Hernández— declaró la falsedad de las firmas atribuidas a Virginia Martínez y Jonathan Cué Martínez.

Después de realizados ambos juicios (el 624/2012 y el 1081/2013) cuatro años después, el 3 de agosto de 2017, el notario Lara Said y José Pedro Abraham Kuri, a través de su albacea Patricia Couttolenc López, interpusieron un amparo directo por estas acusaciones (folio 459/2018).

La defensa de dichas acusaciones se llevó a cabo el 23 de agosto de 2019, en el tercer tribunal en materia civil del sexto circuito.

En el juicio, según testimonio de Virginia y su abogado, Abel Enríquez, hubo irregularidades también.

La propuesta de resolución estaba asignada a la magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez. No obstante, después de poner en consideración del pleno la propuesta de resolución, en donde negaba el amparo solicitado por José Pedro Abraham Kuri y compañía, el magistrado Alejandro de Jesús Baltazar Robles expresó su rechazo a la propuesta argumentando que no se habían analizado todas las pruebas del juicio originario, pero sin ahondar en mayores razones ni explicar con detalle su oposición.

Esta postura fue compartida por la magistrada Teresa Munguía Sánchez, quien se limitó a decir que estaba de acuerdo con su colega magistrado, sin discutir ni exponer las causas de su decisión. Por esta situación, el caso le fue retirado a Alquicira Sánchez y pasó a las manos del magistrado Baltazar Robles.

En la segunda audiencia la propuesta de resolución corrió a cargo de Baltazar Robles, quien secundado por la magistrada Munguía Sánchez, otorgó el amparo solicitado. Por su parte la magistrada Alquicira Sánchez votó en contra de la propuesta y mantuvo su postura de rechazar la petición.

Desde la óptica de Martínez Yano fue irregular que el tribunal colegiado desechara la propuesta de resolución y cambiara a la ponente sin justificar lo suficiente la decisión. 

Es de resaltar que en este fallo, los magistrados decidieron desechar la prueba grafoscopía (1081/2013) rendida por la perito Araceli Ratoni Hernández.

Ante el resultado, Virginia Martínez interpuso el 24 de febrero de 2020 una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los magistrados Baltazar Robles y Munguía Sánchez.

La pelea jurídica por recuperar la casa Alhambra, en la que han intervenido tres notarías, jueces y magistrados, lleva ya ocho años de litigio y varios muertos en el camino, y el final del conflicto no se ve cerca aún, pues la denuncia ante la Judicatura federal aún se encuentra pendiente por resolver.

Una larga lucha jurídica

Como parte de la pelea jurídica que Virginia Martínez inició desde el 2012 para recuperar su patrimonio, la Dirección de Notarías realizó un análisis pericial que comprobó la falsedad de las firmas estampadas en los documentos registrados en la notaría de Alejandro Romero Carreto (expediente de responsabilidad 208/2012 de la Secretaría General del Gobierno). Desde ahí era nula cualquier compraventa posterior.

Además de la falsedad de las firmas, la supuesta compraventa entre Salvador Cué Martínez y Pablo Abraham Kuri, debió anularse al existir lesión en el contrato, pues el monto reconocido en la transacción fue mucho menor del precio real del inmueble, según documentos de un perito valuador en 2018 el precio real de la vivienda era de 8 millones y medio de pesos. Y sólo se habían pagado 2.5 millones.

En ese sentido, el  artículo 1477 del Código Civil del Estado de Puebla menciona lo siguiente al respecto: “Habrá lesión en los contratos, cuando la parte que adquiere da dos tantos más o la que enajena recibe el cincuenta por ciento menos del precio o estimación del bien”.

Este trabajo fue realizado por el equipo de Lado B. Lo reproducimos con su autorización como parte de una alianza de medios.