Desde hace dos décadas, 76 familias desplazadas, provenientes de pequeñas comunidades formadas en las tierras que hoy son parte de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, fueron olvidadas por la burocracia gubernamental

Texto y fotos: Heriberto Paredes

Ubicada en la zona sureste de la Reserva de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la comunidad de Santo Domingo Sacrificio ha sido, durante al menos 20 años, la casa provisional de algunas comunidades desplazadas. Tras aceptar una reubicación provisional, las familias que habitaban en los linderos de esta zona natural protegida han padecido el olvido institucional y no tienen certeza alguna respecto a los acuerdos que hicieron con ellas en 1999.

«Nosotros nos dedicamos a sembrar maíz, chihua (un tipo de calabaza redonda y achatada), chile y frijol, somos campesinos, pero tenemos más de 20 años de haber sido reubicados porque el gobierno federal y el gobierno estatal dijeron que estábamos dentro de la Reserva de la Biósfera y acordamos varias nuevas viviendas y otras tierras para trabajar. Ellos dijeron que no tendríamos que pagar nuestras tierras y que nos darían títulos de propiedad, pero seguimos sin nada», comenta Cupertino Pérez Gómez antes de entrar a una reunión en un salón de escuela en la comunidad de Santo Domingo Sacrificio. Es febrero de 2019.

Se trata de 76 familias provenientes de pequeñas comunidades formadas en las tierras que hoy son parte de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. 22 de Abril, Las Delicias y Aguas Amargas son los nombres de las poblaciones que fueron abandonadas bajo promesa de nuevas condiciones de vida. En 2016, la organización no gubernamental OXFAM, en su capítulo mexicano, incluyó a esta comunidad en la lista de los 12 lugares más pobres de México.

En 1999, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) determinaron que estas comunidades indígenas y mixtas ocupaban y cosechaban tierras que deberían de preservarse alejadas de la actividad humana, por lo que solicitaron a las personas que habitaban ahí se reubicaran fuera de la Reserva. «El gobierno federal nos amenazó con regresarnos a nuestros estados de origen, por eso aceptamos la reubicación, pero se nos prometieron casas nuevas, despensas mensuales y nuevas tierras para sembrar, y es momento que no se resuelve nada a nuestro favor» explica Felipe Ramírez Martínez, otro campesino que se acerca para platicar de la problemática que tienen desde entonces.

Migración y reubicación

Desde la década de 1960, entidades como Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo tuvieron distintos procesos migratorios internos, partiendo de la premisa de contar con grandes extensiones de tierras deshabitadas y una gran demanda por parte de miles de familias a nivel nacional de contar con una tierra para sembrar. 

Las tierras cercanas al sitio arqueológico de Calakmul, al igual que miles de hectáreas alrededor, estaban bajo la categoría de Tierras Nacionales. En la búsqueda de mejores condiciones de vida, decenas de miles de indígenas llegaron hasta este municipio para fundar nuevas poblaciones y comenzar una nueva vida.

Llegaron tseltales, tsotsiles y ch’oles de Chiapas, nahuas y xicalancas de Puebla y Tlaxcala, pero también llegaron mestizos de Michoacán y Veracruz. Con el tiempo, la diversidad cultural y lingüística generó un mosaico que se ha convertido en su identidad y les ha dado cohesión. En pocas palabras, son tan comunidad, como cualquier otro pueblo indígena del país, porque su identidad está basada en la relación con el territorio.

En 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari creó la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Repartió tierras en los límites como parte de la inercia de formación de nuevas poblaciones, sin embargo, la falta de títulos de propiedad las dejó indefensas y desató algunos conflictos por la propiedad de la tierra. La declaratoria se hizo, en principio, para proteger el bosque selvático y los sitios arqueológicos en su interior.

Tras las reubicaciones de comunidades y un proceso de redefinición y ampliación de los límites de la Reserva de la Biósfera, el 4 de agosto de 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) la nombra Primer Patrimonio Mixto (natural y cultural) de la Humanidad. Detrás de la celebración del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador en turno, Francisco Ortega Bernés, quedaron cientos de familias en un limbo jurídico, a expensas de construir una buena relación con las comunidades que las recibieron desde 1999, en condiciones de pobreza extrema.

«Cuando una camioneta de la Conafor [Comisión Nacional Forestal] me trajo a mí y a mi familia aquí, a Sacrificio, nos dejó botados, sin casa, tuve que empezar a buscar palma para construir una y que no se mojara mi familia», me relata Felipe con un gesto serio y la voz a punto de quebrarse.

Las demandas de titulación y la burocracia

Según Felipe Ramírez, tras la reubicación, aparentemente, se emitió una orden de pago por los trámites de titulación de 76 dotaciones de tierra para cultivarse, sin embargo, hasta este septiembre de 2020, sólo se han entregado 5 títulos provisionales y aún restan otras 23 solicitudes sin orden de pago para iniciar el trámite.

Además, según lo dicho por los campesinos reunidos en Santo Domingo Sacrificio, 112 solares de 50 m2 destinados a vivienda, sin trámite de titulación ni muestra de que ello vaya a ocurrir pronto.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las poblaciones colindantes con la Reserva de la Biósfera es el constante cambio en los límites de la misma, y que sin conocer los criterios ni recibir algún tipo de asesoría institucional, son constantemente amenazados por personal de Semarnat de que tendrán que reubicarse de nuevo.

El abogado de estas familias reubicadas, Romel González, miembro del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX), da cuenta de que siempre hay una razón para detener el proceso que dé certeza jurídica: «Fuimos a una reunión [en febrero de 2020] donde estuvo Semarnat, la Procuraduría Agraria, Sedatu, presentamos oficios, platicamos, pero todo se paró a raíz de la pandemia, nos dicen que todo está cerrado aunque he estado mandando recados, nos dicen que nomás atienden cosas urgentes. Sigue sin regularizarse esta situación».

Para campesinos como Felipe, una de las vinculaciones importantes fuera de su región y a nivel nacional ha sido la relación con el Congreso Nacional Indígena (CNI), ya que ha permitido analizar los desplazamientos en sintonía con otros procesos similares ocurridos en otros estados del país. «El CNI nos mostró que el problema de tierras está en todo el país y es para todas las comunidades», señala el también concejal del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Frente a la burocracia del Estado, las personas se han organizado localmente. El CRIPX es una organización que lleva casi 30 años trabajando en la región, dando asesoría jurídica, acompañamiento a las comunidades reubicadas y generando proyectos productivos para mejorar los precios de los productos que se cosechan. Sin embargo, el Tren Maya vino a agudizar la preocupación por nuevos desplazamientos forzosos y por lo tanto nuevos conflictos.

«Con el nuevo trazo que están haciendo va a haber muchos desplazados y muchos reubicados y hasta el día de hoy la gente está en la incertidumbre de cómo les van a reubicar, qué van a hacer con sus casas. Lo más preocupante es que va a haber un desplazamiento urbano poblacional que no sabemos ni dónde ni cuándo ni cómo va a estar. Es necesario que ONU Habitat [Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos] y el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) entreguen un protocolo de cómo están haciendo esto, pero no ha habido nada» subraya Romel.

Ante la falta de resolución positiva sobre la titulación de tierras cultivables y para habitarlas, Felipe señala que, además, la escasez de agua y acumulación de basura son dos problemas centrales que generan mucha preocupación entre las comunidades que habitan esta región limítrofe de la Reserva: «No hay agua corriente y se abastece cada 15 días o, a veces, hasta un mes tarda. Si llegan más de 5 mil turistas, va a haber problemas, ¿de dónde van a sacar el agua?».