Cacicazgo, megaproyectos, tala ilegal, detrás de ejecuciones extrajudiciales en Coyomeapan, Puebla
14 mayo, 2022
Una familia gobierna Coyomeapan desde hace 11 años. Desde entonces ha lucrado con negocios, tala, diputaciones y despojos. Hace unos días fueron víctimas de ejecución extrajudicial 3 opositores indígenas.
Texto: Lydiette Carrión
Fotos: Cortesía Claudia Martínez
CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 9 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, algunos activistas indígenas se dirigían de vuelta a su hogar en el municipio de Coyomeapan. Pero a la altura del municipio de Zoquitatlán, hombres armados abrieron fuego contra la gente. Como resultado de esto murieron:
Teofilo Barrera Herrera, de 24 años,
Marcelo Carrera Reyes, de 45 años, y
Omar, menor de 15 años de edad.
En su momento, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa aseguró en un inicio que se trataba de personas no identificadas que habían atacado a policías estatales. Y que no había muertos. Sin embargo, el gobernador fue desmentido por habitantes de Coyomeapan y por un miembro de la Guardia Nacional que estaba en el lugar.
En redes, los pobladores difundieron videos en los que el miembro de la GN dio su testimonio. Aseguró que fueron policías estatales quienes abrieron fuego contra los pobladores, y peor aún, como resultado hay tres muertos y al menos siete heridos. Varios de ellos, de mucha gravedad.
Dos días después, el gobierno de Barbosa reconoció que había dos muertos. Solo después se habló de Omar, el adolescente de 15 que también fue asesinado.
Desde el gobierno de Puebla se difunde, que el conflicto se originó el pasado 6 de junio de 2021, con las elecciones. Y que sería entre priistas que quieren derrocar al presidente municipal por el PT.
Según esta versión, la pugna sería porque la organización Antorcha Campesina, de filiación priista, está contra la toma de protesta como presidente municipal de Rodolfo García, quien milita en PT. De este modo se ha buscado dar una connotación únicamente partidista.
Sin embargo, la periodista y profesora Claudia Martínez Sánchez, tiene una visión muy distinta.
Ella ha recibido amenazas de muerte, ha sido cesada de su trabajo como maestra, y ha tenido que desplazarse a la Ciudad de México para salvaguardar su vida, debido a que ha sido crítica de lo que ocurre en la región de Coyomeapan.
En entrevista con Pie de Página, asegura que el trasfondo de estas agresiones es un cacicazgo por parte de la familia Celestino ha ejercido en la región desde hace 11 años. Y Rodolfo García, esposo de Araceli Celestino, formaría parte de esta familia caciquil. No se trata de una pugna entre Morena y Antorcha Campesina, advirtió, ya que, por un lado, los Celestino han pasado por el PRI, y ahora Morena y PT. Y por otro lado sus opositores no son de Antorcha Campesina.
Claudia es enfática: los activistas que se le oponen son en su mayoría maestros, académicos, que han visto el despojo y la violencia que esta familia ha traídoa la región.
Esto coincide también con el trabajo de LadoB (y publicado también en este portal), que el pasado 16 de septiembre, publicó una extensa nota sobre la violencia desatada por esta familia caciquil.
“Primero fue David Celestino, arropado por el PRI [en 2011]; lo sucedió Araceli Celestino, su hermana, ya con el aval del morenovallismo, ¡luego regresó David!, y ahora ocupará el cargo Rodolfo García López, el cuñado . Desde hace más de una década la familia mantiene el control político en el municipio de Coyomeapan, en la Sierra Negra de Puebla.”
Leer más:
La diputada indígena, por el estado de Puebla, Inés Parra, también ha defendido a los pobladores de Coyomeapan públicamente. Sin embargo, sus compañeros de bancada en Morena, la han incluso acusado de deslealtad por oponerse a los dichos de Miguel Barbosa.
Proyectos extractivistas
El conflicto de Coyomeapan ya tiene varios años, pero efectivamente el pasado 6 de junio de 2021, se escaló, advierte Claudia Martínez. Aquel día, “vienen hombres armados, todos contratados por David Celestino Rosas. David Celestino está siendo investigado por [posibles] nexos con el crimen organizado, por “ordeñar” los ductos de Pemex. Es de esta manera como ellos comienzan a hacer un gran imperio económico que es incongruente que un pueblo tan pobre. Coyomeapan es uno de los pueblos más pobres y marginados de la región. Es incongruente que esta familia tenga camionetas de medio millón de pesos.”
“David Celestino Rosas llegó al pueblo hace 11 años. Ellos están siendo investigados por extracción de ductos de Pemex. Tienen nexos con otros alcaldes. Pero ellos se aferran al poder, pero no solo por el crimen organizado, sino también existe la presencia… sino por los proyectos de muerte. En esta región hay una minera que pretende instalarse, ahí en Coyomeapan, y en Zoquitlán: La Minera Autlán.”
En efecto la minera Autlán tiene el proyecto de instalar una hidroeléctrica, haciendo uso de tres ríos: el Atzala, el Coyolapa, ambos convergen en Río Tonto, que se dirige a Oaxaca, Veracruz, y una parte de Guerrero.
De hecho, ya desde 2018, por este motivo, el opositor al proyecto Sergio Rivera Hernández, fue víctima de desaparición forzada el 23 de agosto del 2018.
Después de las elecciones, cacería de brujas
Después de las elecciones, en las que se impuso al esposo de Araceli Celestino Rosas, en junio de 2021, los habitantes tomaron el Palacio Municipal y hubo fuertes protestas. Pero en seguida la represión se hizo efectiva de manera selectiva.
“El primero de septiembre, aprehende a Basilisa Montaño. Ella era consejera de Inmujeres, es feminista, muy reconocida, pero estos le fabrican delitos. Luego, el 5 de septiembre, otro defensor, que es defensor de los bosques, Gonzalo Martínez Herrera… es que olvidé decirte: otro de sus negocios [de la familia Celestino Rosas] es la tala ilegal…”
La zona de Coyomeapan es la entrada a la Sierra de Puebla. Es un lugar de profundo verdor y enormes árboles. Claudia Martínez advierte que es muy triste lo que ocurre: “si te internas en los bosques, te pones a llorar. Si te metes escuchas más de 25 motosierras.”
“Todo esto lo reportó Gonzalo Martínez Herrera, defensor de derechos humanos de ahí del pueblo. Y a él le fabrican delitos gravísimos: asesinato, robo.. nada de eso es verdad. La familia de Gonzalo es la más perseguida.”
Mientras tanto, los pobladores de Coyomeapan tienen conocimiento de al menos unas 30 a 45 órdenes de aprehensión. Pero la propia Araceli Celestini Rosas, ha “presumido” que ella personalmente ha levantado más de 3000 denuncias.
“Eso es el 25 por ciento de la población”, se duele Claudia.
Posteriormente, narra Claudia, diversos activistas y abogados corruptos se metieron en la comunidad; anunciaron que ayudarían a los detenidos y aquellos que tenían procesos en su contra. Sólo robaron dinero y huyeron.
Continúa la represión
“El pueblo es 99 por ciento nahua-mazateca. Y es así como han ido sucediendo las cosas. El abogado que fue sembrado por estos disque defensores… metieron a un abogado que extorsionó a los habitantes que tenían órdenes de aprehensión y a la familia de Gonzalo les pidieron hasta 300 mil pesos, y pues se desapareció. Se da a la fuga. Hasta la fecha no aparece en ninguna parte, pero sí extorsionó a los habitantes.
“La gente se quedó literalmente en la calle. Y pues nuestro colectivo está dando esta defensa”.
La ejecución extrajudicial
De lo que sucedió en días pasados, Claudia Martínez ataja: “fue un crimen de Estado. Fueron órdenes directas del estado para acribillar a los indígenas. Uno de los que eran sus principales objetivos están gravísimo”.
Se trata de Lauro Gil Argüelles, catedrático de la universidad en Tehuacán y defensor de derechos humanos.
“Todos los activistas son maestros, es gente preparada, que está luchando por defender al pueblo, a las familias más humildes, más pobres. La pobreza es brutal. Hay familias que deben caminar hasta dos horas por el agua. La marginación en la que se encuentra la sierra negra es brutal, es terrible. Y claro, los maestros son los principales activistas y no lo que ha dicho Barbosa Huerta”, quien acusa a los activistas de ser parte de Antorcha Campesina.
El caso de Claudia
Claudia actualmente está desplazada de Puebla, debido a amenazas que recibió. Ella llevaba 21 años de servicio como docente, cuando uno de sus jefes le pidió que guardara silencio.
“‘Que quieres.. Que te vayan a matar?’, me dijo. Yo lo tomé como una amenaza, porque para mí sí lo fue.
Luego Claudia compartió una nota crítica contra el gobierno de Barbosa Huerta en un grupo de whatsapp de profesores de la SNTE. Y días después, el 15 de octubre, “justo en la toma de protesta de López”, le informaron que había sido separada de su cargo como maestra.
“Fue un mensaje de que ellos son el poder. Así que levanté mi denuncia”.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
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