La Red Década Solidaria contra la Impunidad quiere llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Peñasquito, la mina de oro más grande de América, y la inconstitucionalidad de la Ley Minera en México

Texto: Lydiette Carrión

Foto: Adolfo Vladimir / Archivo Pie de Página

Mazapil es el municipio más extenso del estado de Zacatecas; es dos veces más grande que Aguascalientes. Y ahí se encuentra la mayor mina de oro del Continente americano: Peñasquito.

Como en todas las regiones donde hay minería a cielo abierto, el proyecto minero ha secado manantiales y contaminado las aguas. La calidad de la vida de los campesinos ha disminuido. A los ejidatarios se les “rentaron” sus tierras por 30 años; sin embargo, la empresa jamás les presentó una manifestación de impacto ambiental ni les explicó las consecuencias de una mina de tales características. Actualmente, la Red Década Solidaria contra la Impunidad ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y podría ser la primera vez que un organismo internacional se pronuncie sobre la Ley Minera en México.  

En 2014, México reformó la Ley Minera y determinó que la actividad minera tiene preponderancia sobre cualquier otra actividad económica. La empresa explotadora sólo necesita verificar que no abarque territorio concesionado previamente.

Agua por oro

El 10 de junio de 2008, la Minera Peñasquito acordó con el ejido de Cedros que el primero pagaría un total de 40 millones de pesos por la ocupación de sus tierras durante 30 años. Si se divide el monto entre el territorio ocupado, se evidencia que la trasnacional pagó aproximadamente 10 mil pesos por hectárea. Los ejidatarios explican que al momento de firmar no sabían que al cabo de los 30 años sus tierras serían inservibles. 

En las negociaciones, la empresa se comprometió a proteger el manantial del socavón y cuidar los canales de riego. Pero el manantial, a pesar de estar documentada su existencia desde los años 50 del siglo XX, se secó cuatro años después de que la minera inició operaciones. 

La empresa también se comprometió  a dar apoyo para la instalación de la planta de purificación de agua, y comprar los garrafones que en su totalidad consuma. 

El manantial que Peñasquito secó

De acuerdo con el Informe elaborado por la Organización Década contra la Impunidad, la minera inició actividades en 2009; y cuatro años después, en 2013, se secó el manantial del Socavón.

Este manantial cuenta con Resolución Presidencial de dotación de aguas de fecha 19 de octubre de 1955. Ahí se estableció que el agua sería compartida entre el Ejido de Cedros y la señora Alma Rosa Hernández Martínez (Huerta de la Hacienda).

Los testimonios recabados por la organización dan cuenta de un proceso de destrucción del medio ambiente y el campo: 

Ernesto, de la comunidad de Charco:

La mina ha afectado mucho las acequias (canal o zanja por donde corre el agua para uso agrícola o ganadero a pequeña escala, muy común en regiones rurales) de las milpas, ya no se dan cosechas aquí a los que tienen la milpa.  (…) El agua que consumimos viene de un pozo que está de lado de Vergel, pero el agua la purifican aquí y no está cien por ciento purificada, sólo está clorada. Antes teníamos agua del pozo de la Comunidad, así como salía el agua, así la usábamos y no habíamos tenido ningún problema de la piel. Hace 9 años que se secó el pozo, ya no tiene nada de agua.

Alberta, de la Comunidad de Charcos: 

Mi casa esta cuarteada por las voladuras de la mina, desde que empezó la mina se empezó a cuartear, las explosiones y el polvo que sale de la mina, ha provocado alergias en los niños y los adultos, cuando hace aire y se viene el polvo para acá me empiezan a salir bastantes ronchas. (…). Nosotros quisiéramos que nos cambiaran de aquí, nos reubicaran. (…)

La mina afectó mucho en el agua, antes teníamos el pozo ahí y no batallábamos de agua, pero nada más llegó la mina y se secó el pozo, ahora tenemos que comprar para tomar, para los animales, después nos trajeron pipa pero esa no estaba buena para tomar, entonces ya nos trajeron de esta, pero no sabemos si está bien purificada y no porque sabe a puro cloro, no sabemos si de verdad la purifican o nada más le ponen cloro. 

Paula, de la Comunidad Palmas Grandes: 

Aquí antes trabajábamos en el tallador (instrumento para extraer la fibra vegetal del agave o lechuguilla, la palma, conocido como ixtle, sirve para elaborar lazos,  escobetillas, etc.), de eso se mantenía la gente, también sembraban la milpa y se daba maíz y frijol pero desde que está la mina ya no se da nada, se siembra el maíz y queda muy chiquito. Por eso, decimos nosotros que la contaminación le está haciendo mal a la tierra como nos está haciendo mal a nosotros. La mina no nos ha dado nada”.

Las comunidades de Mazapil acusaron en un pronunciamiento público que en su municipio no hay políticas públicas que promuevan el mejoramiento de un ambiente sano, que garanticen la protección del medio ambiente sano ni los derechos a la vida, integridad personal, salud, agua, vivienda, entre otros.

Los pobladores exigen que la minera Peñasquito, perteneciente a la  empresa Newmont Goldcorp, asuma la responsabilidad de los daños causados en esa región, muestre públicamente los estudios de impacto ambiental y se realice un censo que permita saber el número de personas afectadas por la actividad minera en Mazapil.

Sobre este punto, cabe recordar la reciente experiencia exitosa de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora. Ellos jamás fueron informados sobre las implicaciones de que se creara una nueva presa de jales, la cual entró en operaciones en 2015. llevaron su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta determinó que las comunidades del país tienen derecho a la información y a un medio ambiente sano. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se vio obligada a presentar los informes requeridos.

Finalmente, piden una indemnización por los daños causados al territorio, su salud y sus viviendas.

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