Abandono de ceremonias, falta de protección legal y de presupuesto, así como pobreza, violencia y daño ambiental oscurecen la aplicación del Plan de Justicia de los pueblos wixárika, na’ayeri y o’dam, que tienen como hábitat los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, emprendido por el gobierno mexicano.
Protección para pueblos camina entre obstáculos
