El gobierno de Baja California aprovechó la pandemia para pagar a seis empresas que debían entregar lavamanos portátiles a escuelas públicas, que resultaron con domicilios falsos. A raíz de esta investigación, reservó por cinco años la información

Texto: Benjamín Pacheco López / Tw @RelmpagoAzul4 / Border Hub

Imágenes: Border Hub

BAJA CALIFORNIA.- El Gobierno de Baja California malgastó más de 90 millones de pesos en la compra de lavamanos portátiles contra el covid-19, pues tras el esperado retorno presencial a clases, los equipos lucen arrumbados, con fugas de agua o no fueron entregados en su totalidad a los planteles escolares.

Los enseres aparecen como un logro durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, según se desprende de un informe de la Secretaría de Hacienda de la entidad, donde se afirma la supuesta instalación al 100 % en las escuelas de la región. 

Sin embargo, contradicen la versión oficial una revisión a las cláusulas de los contratos y reportes oficiales -obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)-, así como las observaciones realizadas en ocho centros escolares y los testimoniales del magisterio.

La CNTE BC calcula que hasta un 45 %, de las 3 mil 806 escuelas de la entidad, podrían no haber recibido o instalado en forma adecuada los equipos, además de que existe un listado de una compañía que, al parecer, no entregó más del 54 % de las unidades en el municipio de Ensenada.

El dinero fue para seis proveedores de la región, cuyos representantes se comprometieron a suministrar, instalar o habilitar -dependiendo del contrato-, más de 6 mil lavamanos dirigidos a escuelas de educación básica y los correspondientes al Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach).

De las compañías seleccionadas bajo adjudicación directa, tres no están en los domicilios indicados en los contratos firmados durante 2020 y 2021.

En su lugar hay locales abandonados, en renta o venta, e incluso uno está ubicado en una zona de tolerancia en Tijuana, donde un vecino aseguró que en 45 años nunca ha habido una empresa, salvo viviendas populares. 

La dirección de otro proveedor fue bloqueada por el gobierno, bajo el argumento de que era un “dato identificativo”.

De las dos restantes, tan sólo una cuenta con una lona al frente de su predio, mientras que la otra mantiene un bajo perfil -sin letrero o mención en el directorio empresarial-, entre los demás despachos que conforman el primer piso de una torre de condominios, en el centro de Tijuana.

La investigación llamó la atención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), cuyo Comité de Transparencia decidió reservar por 5 años toda la información relacionada con la compra de dichos lavamanos portátiles. 

Esto, bajo el argumento legal de haber iniciado un procedimiento administrativo con la posibilidad de fincar responsabilidades a funcionarios públicos relacionados con el caso, según respondieron a solicitudes hechas mediante la PNT.

Incluso fue informada la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, cuyo personal tampoco transparentó la cantidad de funcionarios involucrados, bajo la justificación de que su investigación es “exclusivamente por probables irregularidades de la información contenida en el acta de entrega-recepción”.

Esta dependencia también reservó por cinco años la información, según respuestas de su Comité de Transparencia, para un total de 144 expedientes de investigación relacionados con los lavamanos portátiles. 

A pesar de este panorama, el gasto se ha extendido al periodo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues los lavamanos para los Cobach ya presumen el lema de la actual administración: “Con el Corazón por Delante”. 

El presente reportaje fue elaborado durante el ciclo escolar 2021-2022 y parte del 2022-2023, con recorridos por las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali, así como el respaldo de más de 20 documentos oficiales obtenidos a través de la PNT, una decena de entrevistas, un archivo de por lo menos 60 fotografías y video documental. 

Lavamanos sin instalar en la escuela más vandalizada de Ensenada

A falta de techo, la vista se detiene en el cielo azul. La mirada baja por los muros cuarteados, hasta posarse en los libros que deberían estar en las manos de algún alumno, en lugar de lucir destrozados en el piso. 

El sol ilumina los muebles rotos de la biblioteca escolar “Profr. Arturo Villalobos Gutiérrez”, espacio inaugurado el 29 de octubre de 2015, según reza una placa manchada de cemento. 

Estamos en la escuela más vandalizada del municipio de Ensenada, el plantel “Felipe Carrillo Puerto”, donde los delincuentes se entretuvieron durante el último receso escolar en destruir tres techos, romper ventanas, hacer pintas en muros y lanzar las sillas a un barranco. 

A un lado este desastre, están dos lavamanos portátiles contra el covid-19, emplayados, nuevos. 

Por fuera, los trabajadores están en receso, tras colocar un par de techumbres y reposar el lonche. “Se metieron por un boquete”, según indican sobre un salón al que los malandros destruyeron los vidrios.

Mientras recorremos el sitio, nos llama la atención que los ladrones no hayan tocado los lavamos portátiles, mismos que lucen firmes, ajenos a la destrucción del lugar, sin siquiera haber sido conectados a una manguera.

La atmósfera general indica que la escuela, en este momento, tiene prioridades mayores que los armatostes de 12 mil a 13 mil pesos, por unidad, abandonados en lo que queda del sitio de estudio.

Un “logro” de 93 millones de pesos que nunca se vio reflejado 

El gobierno aseguró que más de 93 millones de pesos fueron invertidos para instalar 6 mil 240 lavamanos portátiles en las escuelas de la entidad, según aparece en una Evaluación del Desempeño de la Gestión Estatal, fechada al 2021. 

Conforme a la página 13, aparece como un logro el Programa de lavamanos para la higiene y salud en escuelas, dentro de la estrategia para el regreso seguro a clases. 

En el documento se afirma: “100 % de las escuelas de educación básica beneficiadas. 93 millones 361 mil pesos invertidos en el programa. 6 (mil) 240 lavamanos instalados”.  

Incluso, tras citar la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, aceptan la falta de medidas para este escenario: “Esta situación extraordinaria tomó a todos por sorpresa, ya que la educación en México en general y en Baja California, no estaba preparada para acatar las medidas de cuarentena y sana distancia”. 

Por lo que, debido a esto, la comunidad educativa tuvo que hacer “esfuerzos extraordinarios” para diseñar, implementar y adoptar las llamadas “estrategias educativas emergentes”, como las clases a distancia y la teleaula. 

El texto citado fue elaborado por la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, de la Secretaría de Hacienda de Baja California, durante el periodo Bonillista.

Destaca que, en ese tiempo, Catalino Zavala Márquez era secretario de Educación, y siguió una trayectoria como coordinador general de campaña y del equipo de transición, hasta acomodarse en la Secretaría General de Gobierno de la actual mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

Ambos, en sus discursos públicos con motivo del regreso presencial a clases desde el pasado 28 de febrero, no han mencionado ni alentado a usar dicho equipo sanitario, según ha sido constatado en las distintas transmisiones en vivo realizadas mediante redes sociales. 

Embodegan lavamanos en los baños de los niños

Ante el vandalismo de la zona, en el preescolar “El Niño Artillero”, ubicado en Ensenada, los lavamanos portátiles están embodegados dentro del cuarto más seguro de todo el plantel: los sanitarios infantiles. 

Al abrirse una pesada puerta de metal, en una construcción sin ventanas, lo primero que llama la atención son los equipos esquinados. Además, les amarraron la techumbre para evitarle algún accidente a los pequeños usuarios. 

En la tarja que no ha conocido el agua, las jaboneras están amontonadas, y las llaves aún tienen las etiquetas. Sin embargo, apenas se puede pasar, pues los armatostes nuevos, emplayados y relucientes, le restan espacio al interior del inmueble. 

La escuela está anclada en el fraccionamiento Puerto Azul, al noreste del puerto, sobre un declive y a un costado de una profunda zanja en la que solía haber una tubería. 

Las risas infantiles contrastan con las detonaciones que se escuchan de tiempo en tiempo, al haber en las cercanías campos de tiro reglamentados. 

Esta comunidad escolar tardó en regresar al modo presencial porque carecía del servicio de agua, los salones tenían los vidrios rotos y habían sufrido robo. 

Una maestra -quien reserva su identidad- intenta recordar la fecha en la que les llevaron los lavamanos portátiles contra el covid-19. No había nadie en el plantel, por lo que ella acudió a recibirlos. 

“Me los querían instalar en la parte de enfrente. Le comenté (a uno de los trabajadores) que teníamos vandalizada la escuela, que nos estaban robando mucho. Me dijo ‘Ok, profe. ¿Va a tomar la decisión que no los instalemos?’ le dije: ‘Sí, mejor los voy a resguardar porque todavía no estábamos en clases presenciales”, comenta entre el griterío. 

Los hombres dejaron los equipos, la tubería, y listo: fue lo único. Después, vendrían otros empleados a instalarlos, pero no fue posible porque el lugar carecía de agua. Además, le explicaron que solamente podían dejar una cantidad aproximada de tubo, para las conexiones, y sugirieron que el agua fuera desechada en los jardines. 

En su testimonial, la docente no recuerda que le hayan dicho que los conectarían al drenaje. Desde aquella visita, no ha vuelto a saber del tema. 

Opacidad en el gasto: información incompleta

Para confirmar el gasto superior a los 93 millones de pesos, y ante quejas populares de que los lavamanos portátiles en realidad estaban arrumbados en las escuelas, Border Hub solicitó mediante la PNT copia de los contratos realizados entre el gobierno bajacaliforniano y los proveedores, así como la distribución de los muebles a nivel estatal. 

Sin embargo, la información resultó incompleta al no coincidir con la cifra oficial del gasto.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación -mediante el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP)- únicamente proporcionó 6 contratos con 5 proveedores. 

La suma es de 78 millones 599 mil 956.26 pesos para “suministro e instalación” o “servicio de instalación en sitio”, para 6 mil 240 lavamanos portátiles -con un diseño específico- en jardines de niños, primarias y secundarias.

Para estos niveles, también fue contratada una compañía que únicamente se encargaría de habilitar las instalaciones, mediante “demoliciones”, “excavaciones”, “conexiones” y otras tareas, por la cantidad de 11 millones 228 mil 355.09 pesos. 

Con todo, el total sería apenas de 89 millones 828 mil 311.1 pesos, para estos niveles educativos.

Durante la investigación, Border Hub detectó que otro modelo había sido enviado a los planteles Cobach, por lo que, tras solicitudes de transparencia a esta institución, resultó que tenían su propio contrato con un empresario, quien se comprometió a elaborar un prototipo específico y entregar 30 equipos por 894 mil 360 pesos. 

En forma conjunta con el nivel de bachillerato, suman 90 millones 722 mil 671.35 pesos, cifra aún alejada de los datos oficiales.

Otro punto es que, en la distribución entregada por el ISEP, aparece que una de las compañías tendría un segundo contrato por mil lavamanos, pero no fue compartido en los documentos entregados vía transparencia. 

Destaca que los proveedores fueron seleccionados mediante adjudicación directa, es decir, sin la existencia de un procedimiento de competencia.

Estos son: Proveeduría Integral de la Península, S. de R.L. de C.V.; MAXRO Construcciones, S. de R.L. de C.V.; e Intelligent Trade de Baja California, S.A. de C.V.

Le siguen Construcción Ecológica y Medio Ambiente, S.A. de C.V.; GRD Ingeniería, S. de R.L. de C.V.; y Ricardo Guzmán Gómez, este último para nivel preparatoria. 

Los contratos para nivel básico fueron firmados el 14 de diciembre de 2020 y el 8 marzo de 2021, luego de que la pandemia por el covid-19 obligó a alrededor de 1 millón de alumnas y alumnos, así como personal docente de la región, a replegarse en sus casas y adaptarse a las caóticas condiciones de enseñanza a distancia.

Sólo en el caso de los Cobach, el documento trae fecha del 23 de marzo de 2022, según las copias consultadas. 

En el contexto, el criterio del Semáforo Epidemiológico del Sector Salud y la falta de vacunas contra el covid-19, retrasarían el retorno a clases hasta el lunes 28 de febrero de 2022. 

De esta forma, al volver a las aulas de educación básica, la comunidad escolar se encontró con lavamanos portátiles prácticamente caducados, pues en algunos documentos aparece que la garantía otorgada era de un año.

“¿Qué hacemos con ellos?”, cuestiona el magisterio 

De los 6 mil 240 lavamanos portátiles para jardines de niños, primarias y secundarias de la región, un total de mil 194 correspondieron al municipio de Ensenada, según los contratos obtenidos mediante la PNT.

En pláticas informales, al menos 14 docentes consultados se quejaron de falta de aviso sobre la llegada del equipo, salvo comentarios en reuniones de trabajo, además de que al recibirlos les aseguraron que la Secretaría de Educación de Baja California se encargaría de la instalación y conexión a las redes de agua. 

Un maestro comentó, bajo petición de no revelar sus datos personales, que incluso la directiva de algunos planteles absorbió parte de los gastos y usó mangueras para conectar los lavamanos, mismos que están valuados en 12 mil 931 pesos, o 13 mil 888 pesos, dependiendo del contrato.

Como muestra, de cinco escuelas indagadas en la zona centro porteña, solamente una está conectada al drenaje. 

En las demás, las unidades están enchufadas a mangueras y tiran el agua en jardines; otras lucen descuidadas, acumulan polvo dentro de bodegas, estorban en los pasillos o generan charcos bajo los equipos. 

Cuando se les pregunta a las y los profesores sobre este tema, los comentarios más comunes son: “No sabemos quiénes los hicieron (las empresas), nada más nos los entregaron”, “No sabemos qué hacer con ellos, no tenemos dinero para instalarlos”, “Están caducadísimos” o, el más tajante: “Fue un gasto inútil”. 

Además de estas fallas, señalaron que tampoco se tomó en cuenta la infraestructura escolar, pues hay lugares que con frecuencia carecen de agua.

La localidad fronteriza de Ensenada tiene actualmente severos problemas de abasto: al menos 86 centros educativos reportaron falta de suministro, y 7 llegaron al extremo de cancelar clases durante el pasado ciclo escolar 2021-2022. 

Para determinar cuántas escuelas de la localidad tenían acceso al suministro, fueron comparadas las cifras oficiales de la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), este último encargado de cobrar el consumo de agua. 

La primera refirió 585 plantes en el municipio, mientras que la segunda reportó 379, según respondió a una solicitud vía la PNT. 

Esta discrepancia entre ambas dependencias refleja un grupo de 206 comunidades escolares, de las que no está claro si tienen acceso al líquido vital. 

Además, personal de la paraestatal contestó en dicha petición que, hasta el último corte en abril de 2022, las escuelas públicas de nivel básico de Ensenada les debían 1 millón 424 mil 793 pesos.

De lavamanos a… lavaplatos

En la escuela Misiones de Baja California, los lavamanos portátiles, supuestamente diseñados para combatir el covid-19, ahora también sirven para enjuagar platos. 

A esta comunidad escolar con alrededor de 200 alumnos, seis maestros, un director y un intendente, les llevaron tres equipos, mismos que quedaron puestos en la entrada. Tras identificarnos y explicar el motivo de la visita, una trabajadora nos permite la entrada. 

En parte, la mujer -quien se reservó su identidad- justifica el equipo, pues al plantel acuden niños y niñas del fraccionamiento Puerto Azul, conocido por sus deficiencias en el servicio del agua, donde incluso algunos pequeños no tenían la costumbre de lavarse las manos. 

El alumnado usa estos muebles sanitarios antes de pasar al comedor, pues es una escuela de tiempo completo. 

“Limpian su plato y aquí vienen y lo enjuagan. También sirve para eso. De los (baños) fijos, uno no sirve; de los otros dos sale un chorrito de agua”, según nos explica durante la visita.

A reserva de esta anécdota, el problema con el equipo es que están mal instalados: al abrir las llaves son notorias las fugas. 

Incluso la presión es tan fuerte que el chorro nos salpica y terminamos con la ropa mojada. En los otros, se aprecian charcos debajo de las estructuras, mismas que comienzan a corroerse. 

La trabajadora nos comparte que tiene formación en plomería, por lo que considera que las unidades -llevadas unas dos semanas antes del regreso presencial- estarían mejor aprovechadas en diferentes puntos, pero al igual que en la escuela “El Niño Artillero”, el muchacho que acudió a instalarlos justificó que solamente traía 10 metros de tubería. 

“Por lo tanto ni siquiera se podía conectar al drenaje. Me dijo que tampoco tenía permitido romper banqueta ni algún lugar para poder conectar el tubo, por eso que está por fuera”, indicó, al tiempo de mostrar que tapó con cinta la línea expuesta, para evitar que se cayera alguien en la entrada. 

Para la entrevistada, existen mejores opciones para este plantel que en ocasiones no cuenta con agua tres días a la semana y cuya directiva solicita pipa para llenar los tinacos, ante la falta de cisterna. 

La solución sería el reúso del líquido, prosigue, pues podría emplearse para los sanitarios y jardines.

Manufactura “hechiza” para una realidad que rebasó al gobierno estatal 

Los lavamos están construidos con acero inoxidable, tienen cuatro estaciones con llaves de plástico, patas de PTR de acero, así como lonas y hojas de coroplast en las que exhiben con grandes letras los logotipos institucionales de la Secretaría de Educación de Baja California. 

El diseño incluyó jaboneras y una tarja, que a estas fechas lucen llenas de polvo o como depósitos de hojas secas que caen desde los árboles de los planteles escolares. 

También cuentan con un techado, mismo que ha ocasionado quejas entre el profesorado, pues algunos refieren que no está claro cómo acomodarlo, mientras que otros aseguraron que los tumba el viento, lo que representa un riesgo para alumnas y alumnos. 

Llama la atención que los responsables tuvieron 17 u 85 días, dependiendo de los plazos establecidos en los contratos, para el armado de las unidades. 

Border Hub mostró una fotografía a un vendedor de una ferretería, quien consideró que para hacerlos se necesitó por lo menos de un herrero y un plomero, pues no existe una empresa que se dedique exclusivamente a ellos.

“Son modelos ‘hechizos’. No se conoce como tal que alguien los haga prefabricados”, comentó la arquitecta Cynthia Castillo Bejarano, socia del despacho Architectums -fundado en 2003 y uno de los más reconocidos del puerto de Ensenada- al compartirle también dicho diseño.

Además, la experta consultada refirió que, a la fecha, se han encarecido productos derivados del acero hasta en un 60 %, por lo que no sería conveniente volver a elaborarlos en caso de daño o pérdida.

Un lavamanos para casi 2 mil alumnos

A simple vista, los primeros lavamanos portátiles destinados a los Colegios de Bachilleres de Baja California (Cobach) tienen un diseño que recuerda a un carrito de frituras: patas con llantas y espacio en la parte superior para colocar dos garrafas.

Lo anterior fue constatado durante una visita el pasado 24 de marzo al Plantel Ensenada, donde las autoridades estatales enviaron una sola unidad para una comunidad escolar de mil 980 alumnos, según el contrato revisado. 

Algunas hojas secas han caído en las jaboneras y la tarja luce oxidada. En su alegría o indiferencia, los jóvenes pasan al lado de la unidad, que estorba lo menos posible en un área abierta, rumbo a los sanitarios tradicionales. 

Si el equipo contara con agua, se tendría que activar el mecanismo mediante un pedal; de ahí, el agua utilizada caería en un par de cubetas, mismas que reviso para encontrar únicamente insectos y tierra.  

Un trabajador explica uno de los grandes inconvenientes de este modelo: tendrían que revisar y llenar todos los días las garrafas, además de que el gasto correría por cuenta de la directiva. 

La historia varía un poco en el Plantel “Profesor Arturo Vázquez Rivera”, ubicada en la colonia Los Encinos, pues el armatoste tiene rotas la techumbre y las láminas guindas alusivas al partido político en el poder. 

Fue colocado cerca de una cancha de baloncesto y, durante el tiempo que realizamos la visita, el pasado 2 de septiembre, ningún estudiante de los 700 que componen esta comunidad escolar se acercó a utilizarlo. 

Aunque la tarja ya luce oxidada, para el director Manuel Gasca Santana sí son funcionales.

“El material se está oxidando, por la naturaleza del mismo, pero hay que darle su mantenimiento. Es lijarlo, repintarlo y todavía está en etapa funcional. No está podrido ni poroso”, según considera.

En contraste con esta unidad que va cayendo en desuso, en los pasillos del plantel ya cuentan con un nuevo modelo de lavamanos portátiles, pero que ahora ostentan lonas blancas con el lema “Con el Corazón por Delante”, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

Luce emplayado y han ido colocando basura en su interior, según se aprecia cuando llegamos al lugar donde fue puesto, para que no estorbe dentro de la escuela. El alumnado pasa indiferente al lado del mueble sanitario por el que aún no ha circulado el agua. 

Gasca Santana calcula que quizá lo entregaron hace tres meses, para ser usado en este nuevo ciclo escolar. Sin embargo, prevé que será utilizado hasta que el otro ya no tenga vida útil, aunque le gustaría cambiarle el mecanismo para que las llaves se cierren en forma automática. 

“La verdad es que en este momento no urge, el otro está haciendo su función, además de que tenemos los sanitarios. Hay un módulo en cada piso donde los muchachos tienen jabón y agua, y se pueden lavar las manos de forma constante, cuando lo requieran”, puntualiza. 

Advirtió CNTE BC que no habían sido entregados 

Días antes del regreso presencial a clases planeado para el 28 de febrero de 2022, Marco Antonio Pacheco Peña, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, declaró a la prensa estatal que no había garantía de que las escuelas contaran con la infraestructura y el material de limpieza ante la pandemia. 

Posteriormente, ya por cerrar el ciclo escolar 2021-2022, reiteró su postura en una entrevista concedida para este reportaje, en el que puntualizó que continuaban sin ver el apoyo de los sectores de salud y educativo para contener, en la parte de higiene, los contagios por covid-19, pues hubo docentes que tuvieron que proveer sus insumos.

Esto, mediante asociaciones civiles locales y de Estados Unidos, mismas que realizaron donativos.

Pacheco Peña remarcó que no contaron con ayuda del sector educativo, además de que tampoco fueron efectivos los lavamanos “tan cacaraqueados” en la administración de Jaime Bonilla.

“El ingeniero Bonilla no sé cómo los concesionó… se comprobó que es un cochinero de material que llevaron a las escuelas y no los instalaron en más del 45 % de los planteles educativos. Porque nada más querían hacer una instalación superficial, tirando el agua donde fuera, sin drenarlo ni nada. Sí fue algo feo”, acusó. 

El líder sindical consideró que, debido al diseño, los equipos parecen más “mamparas” o “cosa para vender algún tipo de fritura”, que un equipo de higiene en forma. 

Recordó la crisis de agua en Ensenada y en Tijuana, donde en esta última ciudad tuvieron conocimiento de que “más del 35 % de las escuelas” en algún momento suspendieron labores debido a la falta de dicho líquido, además de que la red de agua potable del Estado es “arcaica”, incluyendo la zona costa donde está ubicado el municipio porteño. 

Sobre el programa de lavamanos portátiles, Pacheco Peña aseguró que tampoco los informaron, pues únicamente los mandaron con la intención “de que algún día los iban a instalar”.

“Y después llegó otra gente que los iba a instalar, pero nada más los pusieron superficialmente. Y que el agua se regara por donde mejor le fuera porque no les alcanzaron a instalar el drenaje. La tubería (es) superficial, se rompían tubos en algunos casos”, describió. 

El líder de la CNTE de BC subrayó que no tiene caso solicitar que sean bien puestos estos equipos. 

“Sobre la situación de los lavamanos los directores ni nos quejamos porque no sirven para nada. Son obsoletos, son inoperantes, están mal fabricados. No están adecuados. Inclusive no propician la sana distancia: están amontonados. No son operativos por eso los directores ni los hemos peleado. Ahí están echados a perder en las escuelas: están amontonados, almacenados”, aseguró.

Ensamblan lavamanos a escondidas en Ensenada

El medio local El Vigía documentó el 18 de noviembre del 2021 una situación inusual: decenas de lavamanos estaban siendo ensamblados dentro de una obra en construcción, en un predio particular del puerto de Ensenada. 

Esto fue mediante denuncias anónimas enviadas al diario, mientras que en el sitio los trabajadores declararon -con reserva de su identidad- que estaban “terminándose de ensamblar para ser llevados a los centros educativos”.

Y que ellos “trasladan el equipo” porque “los planteles de la ciudad ya están cubiertos”, pero faltaban los de la zona sur, pues en ese entonces permanecían cerrados los planteles.   

Al publicarse esta noticia, una usuaria identificada como Luisa Alejandra Brand Carballo señaló la deficiencia de estos muebles en los foros públicos de las redes sociales de El Vigía, pues en su opinión no fueron diseñados para las niños y niñas que, supuestamente, los usarían.

“Por eso termina este tipo de mobiliario abandonado o sin usarse. Mandaron a hacer todo del mismo tamaño y altura. En los jardines de preescolar y en las primarias, hay niños pequeños que no alcanzarían a lavarse. También ¿dónde dejan a los niños con alguna discapacidad, los que tienen algún problema motor? Si necesitan utilizar estos, simplemente no podrán”, según comentó. 

De acuerdo a los documentos revisados para este trabajo, la Secretaría de Educación no contrató alguna compañía de Ensenada o refirió que el municipio sería sitio para estas labores. 

Para este reportaje, El Vigía volvió el 2 de septiembre del año en curso, para verificar si seguían los lavamanos en el sitio: había 12, empolvados, sobre un remolque.

Dado que el precio unitario por cada lavamanos es de 13 mil 888.88, o 12 mil 931.03 pesos -dependiendo del contrato-, esto significaba por lo menos 166 mil o 155 mil pesos en equipo que debería estar en las escuelas. 

Una persona a cargo del lugar, a quien se le aclaró que la visita era parte de una investigación periodística y únicamente centrada en los muebles, comentó que “ahí los construían” y que “movieron cientos de ahí”, pero no precisó al responsable, mismo que al parecer rentaba el lugar para estas labores. 

Se le dejó una tarjeta, para hacerla llegar al supuesto proveedor con intención de realizar una entrevista, pero a la fecha de publicación del reportaje, no se ha comunicado con el diario. 

Empresa no entrega más del 54 % de lavamanos en Ensenada

Durante la elaboración de este reportaje, fue descubierto que una compañía no entregó más del 54 % de lavamanos portátiles para el municipio de Ensenada, según un concentrado oficial entregado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP).

Para tener certeza de si habían sido elaborados e instalados dichos equipos, fue solicitado al ISEP -vía la PNT- un listado con la distribución para el municipio de Ensenada. 

El gobierno entregó un concentrado relativo a los proveedores y los 6 mil 240 lavamanos portátiles, en el que mil 194 correspondían al puerto y sus delegaciones.

De acuerdo a la Dirección y Subdirección de Mantenimiento de Infraestructura Educativa, en un archivo Excel de 4 hojas, con fecha del 28 de marzo del año en curso, aparece que Proinpe, MAXRO Construcciones, y Construcción Ecológica y Medio Ambiente, tenían el compromiso con la comunidad escolar porteña. 

Lo anterior, de acuerdo al programa “Preparación y Habilitado de instalaciones sanitarias e hidráulicas para lavamanos”, pues para las dos primeras eran 176 y 234 equipos, respectivamente, mientras que para la última la cifra alcanzaba los 784 muebles sanitarios.

En dicho documento de Excel entregado por el gobierno, las 784 estaban desglosadas por nombre de la escuela, turno, domicilio, colonia, nivel, código postal, y dos columnas para “cantidad” y “entregados”. 

La última fue rellenada con las palabras “SÍ” o “NO”, donde tras un análisis y conteo, resultó que 428 lavamanos no fueron entregados, equivalentes al 54.59 % del total por parte de Construcción Ecológica y Medio Ambiente. 

Las autoridades no aclararon en este concentrado la razón del faltante, o si había sido sancionada la empresa; en contraste, con MAXRO y Proinpe no especificaron tampoco si habían concretado, o no, las entregas correspondientes. 

Se buscan empresas: Tijuana y Mexicali

En Tijuana comienza la patria y también es sitio donde cuatro proveedores indicaron la dirección en sus contratos para elaborar los lavamanos portátiles contra el covid-19. 

Border Hub acudió el 6 de septiembre a dicha ciudad, a una hora y media de Ensenada tras 105.9 kilómetros de viaje por carretera, para comprobar si mantenían la misma dirección -de hace casi dos años al momento de la firma- las empresas contratadas para construir y trasladar los lavamanos portátiles. 

Proveeduría Integral de la Península (Proinpe) es la única con una lona colgada en su portón y cuyo domicilio coincide con la de su contrato. Personal del lugar aseguró que “no estaba quien pudiera dar la información”, que tampoco “había un número para llamarlo” ni “certeza de cuando estaba”. 

Un empleado de mayor rango comentó en plática a nivel calle que “no habían mandado (lavamanos) para Ensenada”, pero que cuando llegara la persona con conocimiento del caso, se comunicarían con el diario. A la fecha no se ha tenido noticias de esta empresa. 

El edificio donde debería estar GRD Ingeniería, en la avenida Rápida Poniente 4020, interior A, luce cerrado. Por el interfon nadie responde, un vecino desconoce si estuvieron ahí, y tampoco hay algún letrero o lona alusivo. 

Dicha edificación conecta con una calle posterior y otras oficinas. Ahí, un joven confirma que es la dirección que aparece en el contrato y que rentan locales, pero por cuestiones de privacidad no puede referir si la empresa citada lo llegó a usar, pues a veces rentan por meses. 

GRD Ingeniería es la única que aparece en el portal de proveedores del Gobierno del Estado de Baja California, donde arroja una dirección diferente a la indicada en el contrato: avenida Panamericana 9814, colonia Panamericana, C.P. 22647, en la ciudad de Tijuana. 

En esta referencia adjuntaron un número telefónico. Border Hub se comunicó el 19 de septiembre y contestó una joven, quien confirmó que era de la empresa. Se le aclaró que era con motivos de una investigación periodística, a lo que respondió que no estaba el encargado y que le avisarían, pero no se ha comunicado con el diario para conocer su versión. 

MAXRO Construcciones indicó como domicilio para recibir notificaciones el “edificio cinco”, interior 103, de la calle Germán Gedovius, en la zona urbana Río Tijuana. Es un lugar con 10 edificaciones y todas tienen nombre, además de que nadie los reconoce por algún tipo de número, lo que dificulta la ubicación.

En la calle posterior, en la Alfredo Ramos, están las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde un trabajador aseguró que MAXRO Construcciones “no era socio” y que tampoco los conocían.  

Tras una búsqueda, dicha compañía está dentro del Condominio del Parque, ubicado al centro de la calle citada, pero no aparece en el directorio general ni tiene algún letrero afuera del despacho. 

Tras llamar dos veces, acudió un empleado y confirmó la dirección. Al igual que las demás compañías, aseguró que “se comunicarían” tras recibir la tarjeta del Border Hub, pero a la fecha no ha ocurrido.

En la calle Coahuila, conocida por ser una de las principales zonas de tolerancia de Tijuana, además de estar cerca del conocido arco distintivo de la ciudad, aparece la dirección de Construcción Ecológica y Medio Ambiente.

El número 1606-5 en realidad corresponde a un lote con ocho casas y ahí nunca ha estado una compañía, como asegura J. Reyes Hernández Pérez, contador de profesión y residente que tiene décadas viviendo en el lugar. 

“Son cuartos habitación. Este corresponde a una casa habitación y no corresponde a ninguna empresa. Nunca ha estado aquí. Tengo más de 45 años en esta esquina. Soy contador público. Soy el encargado de cobrar rentas”, afirmó. 

Como parte de su testimonial, Hernández Pérez refirió que tampoco ha sabido que lleven algún tipo de notificación o se presente alguien a buscar a la compañía. 

“Nadie ha preguntado, Siempre ha sido casa habitación. Son 8 casitas, viven familias”, concluyó. 

En el caso de Intelligent Trade de Baja California indicó en su contrato el domicilio Andador Cholula 1090, planta 1, C.P. 21000, en el Centro Cívico del municipio de Mexicali.

Gracias a la colaboración de la periodista y editora Dianeth Pérez Arreola, fue constatado el 12 de septiembre que este domicilio de la ciudad cachanilla, lleva a un edificio de dos pisos en el que están colocados seis letreros de “Se Vende”.

Tras los cristales se aprecia que el lugar también es utilizado como bodega, aunque bastante descuidada, pues son notorias las cajas amontonadas y los papeles revueltos, al grado que estorban el acceso principal.

“Me dijo un muchacho, quien trabaja cerca, que sólo meten y sacan cosas de vez en cuando, pero que tiene mucho cerrado”, según el testimonial recabado. 

Además, al parecer suele ser un sitio muy solitario, al grado de que dicho andador es utilizado como resguardo para las personas que no tienen techo. 

Y en el caso de Ricardo Guzmán Gómez, con lavamanos para el Cobach, en su contrato fueron bloqueados con recuadros negros el RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma, bajo el argumento legal de ser “datos identificativos”.

En una revisión más a fondo, aparece como proveedor del Ayuntamiento de Mexicali, con una dirección y número telefónico. 

Border Hub se comunicó el 19 de septiembre y contestó un hombre, quien confirmó que sí era un número para comunicarse con este proveedor, pero que estaba conduciendo en ese momento. Aseguró que él pasaría el recado, pero a la fecha no se ha comunicado con el diario.

Al pedir pruebas… clasifican información como reservada durante 5 años 

Debido a las quejas y lo constatado en las revisiones de campo, así como los documentos obtenidos, Border Hub realizó una solicitud de transparencia para que la Secretaría de Educación brindara todas las pruebas (fotografías, videos o actas de entrega-recepción) de que los lavamanos habían sido entregados e instalados.

En respuesta, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y del ISEP indicó el 27 de mayo pasado que “existe una investigación administrativa” y que “esta autoridad se encuentra impedida física y materialmente para remitir los documentos referentes a las investigaciones”.

Lo anterior porque “está obligada a guardar el sigilo procesal” y que los expedientes de investigación y procedimiento de responsabilidad “no se divulguen hasta en tanto no se resuelvan en definitiva”.

Por lo que “se solicitó la clasificación como información reservada” al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y del ISEP “por el periodo de 5 años”, para evitar que se “obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa”.

Esto, de acuerdo a los artículos 113 y 110 de las leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 

Ante la reserva, se solicitó el pasado 4 de agosto una entrevista formal con Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno; Gerardo Arturo Solís Benavides, secretario de Educación; y Juan Eugenio Carpio Ascencio, director general del Cobach BC. 

Fue mediante tres cartas, vía los canales oficiales del gobierno estatal y confirmada de recibido por parte de funcionarios. A la fecha no han respondido los mensajes de WhatsApp o los correos enviados por Gmail.com.

Reserva de información refleja que investigan a funcionarios: abogado

Consultado en torno a las implicaciones de que la información haya sido reservada, el abogado Ricardo Paul Green Padilla explicó a El Vigía que este procedimiento refleja que sí hay una investigación contra funcionarios del gobierno estatal. 

El también miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Ensenada, institución con más de 60 años de trayectoria en el puerto, analizó que esto responde a un supuesto dentro de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, aunque de momento sería de carácter administrativo. 

Esto, contra los funcionarios públicos que participaron dentro del otorgamiento de las licitaciones o los contratos, a reserva de la cantidad de años que haya sido clasificada la información; en este caso sería por la adquisición de lavamanos portátiles para escuelas públicas. 

Tras compartirle parte de las respuestas obtenidas mediante la PNT, Green Padilla comentó que posiblemente el Órgano de Control Interno del ISEP advierte que “existen ciertas discrepancias o inconsistencias”, y de ahí que incluso lo haya hecho saber a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. 

“¿Cuáles van a ser las consecuencias a priori en el sentido administrativo? Puede ser, dependiendo de la falta que ellos adviertan, grave o muy grave. Puede ir desde una amonestación hasta una inhabilitación por varios años. Puede ser hasta 10 años, dependiendo de lo que marca la ley”, dijo.

Dentro de este supuesto, también pueden advertirse situaciones penales, pues la ley contempla delitos que pueden cometer los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

“Por ejemplo, si se advierte que hubo una situación para favorecer a una empresa, con el otorgamiento de una licitación para que ellos tuvieran, a su vez, un beneficio económico, estamos hablando de un conflicto de interés. La ley prevé y sanciona ese tipo de conductas”, puntualizó. 

Además de las consecuencias administrativas que pudiera haber, prosiguió el abogado, se podría pasar a una sanción penal, que en este caso habría que ver cuál es el delito o la clasificación jurídica que le diera en este caso el órgano investigador. 

“Y, dependiendo de la conducta que se tipifique, pues se podría tener una consecuencia jurídica o penal grave. Hablamos de una sanción que implica, por lo pronto, inclusive prisión. Pudiera ser alguna sanción, o pena, como el pago o la reparación del daño, acorde al daño que se le causó al erario, al patrimonio”, reflexionó.

En cuanto a los representantes legales de las empresas que firmaron los contratos, Green Padilla consideró que podrían ser llamados durante el proceso administrativo, aunque queda claro que no se les puede aplicar sanción al no ser funcionarios públicos. 

Se les podría llamar como testigos, pero en caso de materia penal, aclaró, podrían ser imputados, o al menos investigados como posibles responsables o copartícipes de la conducta que se está investigando. 

“En caso de que fueran familiares, por ejemplo, de los empresarios, o se vieron favorecidos porque les dieron alguna ‘mordida’, como ocurre a veces, para que les dieran licitaciones, si pudieran fincarles alguna responsabilidad. Esto, por ser copartícipes en el delito de fraude”, mencionó.

El experto ejemplificó que sería en el caso de que hubieran acordado las partes “inflar los precios”, y repartirse el dinero tras “armar” una situación de ese tipo, donde ya tendrían una responsabilidad en el caso. 

“¿Cuáles son las consecuencias? A diferencia de los servidores públicos, las consecuencias penales serían poco menos gravosas, porque estamos hablando de un fraude, sin embargo, sí tendríamos la responsabilidad o la obligación de pagar también la reparación del daño por el agravio al erario. Siempre y cuando se les finque alguna responsabilidad, eso es muy importante referirlo”, abundó. 

“Con el Corazón por Delante”

Para el 14 de julio, había un nuevo inquilino en el Cobach Plantel Ensenada: un reluciente lavamanos blanco, adornado con pulcras lonas en lugar de frágiles láminas de coroplast, con el lema “Con el Corazón por Delante”, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La unidad había sido colocada en el sitio estelar: a la entrada, junto al monumento conmemorativo a la fundación del plantel, el 17 de noviembre de 1958, y pegada una jardinera, para discretamente echar el agua utilizada en las plantas.

De cerca, se puede apreciar que únicamente cambiaron el modelo anterior por los utilizados en el nivel básico, pues se nota desgastada la tarja y las demás piezas, a pesar de la novedad de las lonas.

En plática informal, un docente reconoció que les había llegado en forma reciente y que aún esperaban más, según expresó con un semblante de desconcierto. 

Por lo pronto el lavamanos fue colocado en dicho lugar, a la espera de ser usada por la comunidad y visitantes. 

Sin embargo, para el 22 de agosto, la unidad ya había sido relegada, debido a una serie de labores de remodelación en la fachada. 

Frente a la dirección del plantel, el lavamanos luce empolvado, manchado de cemento y con agua de lluvia acumulada en su techumbre. Y lo inevitable: sin usar por el estudiantado, a quien supuestamente debe de servir en el combate contra el covid-19. 

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.