Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa nunca imaginaron que pasarían 10 años sin saber de sus hijos. Este sexenio de AMLO tuvo su propia característica para obstaculizar la investigación: proteger al ejército
Por Daliri Oropeza Alvarez / @Dal_air
De pie, frente al Senado, están las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Un día lluvioso. El mismo que inicia la discusión legislativa sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos días antes de los 10 años del crimen de Estado.
Están firmes con las fotografías de sus hijos en las manos. Se ven tan grandes como el edificio de la cámara de senadores por el tamaño de su dignidad. Les acuerpan normalistas y organizaciones. Reflejan tristeza y rabia. Decepción. Es una deuda histórica que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió “llegar a la verdad y la justicia”. Quien se va sin cumplir sus palabras.
“Que nos entreguen los 800 folios porque ellos saben. Lo tienen pero se niegan a entregarlos. Nosotros como madres, no vamos a dejar que sigan engañándonos. Ya queremos saber la verdad. ¿A dónde se llevaron a nuestros hijos? Ya se va el presidente, nunca nos dijo la verdad. Siempre nos dijo puras mentiras”, exclama Metodia Carrillo Lino, mamá de Luis Ángel Abarca Carrillo, normalista de los 43 desaparecidos.
Este gobierno tuvo la posibilidad de investigar la verdad, se acercó, pero prefirió no revelar lo que hay detrás del crimen de Estado, en el que participó el ejército. En 2022, el proceso de investigación del caso Ayotzinapa se detuvo. Lo resaltan los abogados Vidulfo Rosales y Isidoro Vicario de Tlachinollan. Lo documenta el periodista John Gibler y lo detalla en el artículo AMLO, Ayotzinapa y la dimensión desconocida.
En el mitin frente al Senado, el abogado Vidulfo lo advierte:
“El dolor es grande. Por eso estamos aquí frente a esta institución para hacer una clara protesta por la fuerza que se le está dando al poder militar. Por cómo van a pasar la Guardia Nacional a formar parte de la Sedena. Un ejército que ha sido opaco, que no rinde cuentas ante nadie. Por encima de las leyes y de la constitución. ¿A quién le va a rendir cuentas?”.
“El movimiento de las madres y padres de familia de los 43 quiere alzar su voz aquí en el Senado para decir que es peligroso para el país empoderar a una institución que transita en la opacidad, que viola derechos humanos como en el caso de los 43 y que no rinde cuentas ante nadie. Cómo es posible que en el caso de nosotros cuando se le pidió información al ejército de nuestros 17 estudiantes sacados de barandillas, nunca rindió información. ¡Más de 60 oficios!”.
En entrevista, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, asegura que “el presidente de Andrés Manuel López Obrador sigue con las investigaciones. Siguen buscando en campo. Sigue llegando información. Cuando empezó su mandato, pues nos abrió las puertas… Hizo el esfuerzo por esclarecer el caso Ayotzinapa”. Aunque esto no ha sido suficiente.
AMLO asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Para el día 3, decretó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. “Les aseguro que no habrá impunidad”, dijo el presidente. Este acto lo distinguió de la mentira del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque de acuerdo con los abogados, hay obstaculización de la verdad en ambos sexenios.
“Por eso ahorita pues no llegamos a la verdad. No sabemos nada de nuestros hijos. Eso es lo que realizó y ahora, pues nos ha costado. Imagina, llegar a 10 años sin tener las respuestas de nuestros hijos… En esas búsquedas el gobierno ha encontrado muchos restos, pero de otras familias. Porque no hay que olvidarlo, que no somos los únicos que buscamos a nuestros seres queridos”, describe Cristi, como le dicen de cariño.
Unos días antes, Cristina Bautista le dijo a la reportera Ivonne Rodríguez: “No negamos que a pesar de todo tuvimos avances, al menos reconocer que fue una desaparición por parte del estado y desmentir esa Verdad Histórica, pero no fue suficiente. Queda una deuda histórica con nosotros a estos 10 años de su desaparición”.
De acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales, quien acompaña a madres y padres de Ayotzinapa desde el primer momento, hay dos tipos de obstáculos a la investigación del caso, cada uno con su propia característica por sexenio.
Con Peña Nieto fue obstaculizar con una mentira nombrada “verdad histórica” para concluir la investigación. Entonces la lucha fue por demostrar que no era verdad y darle la vuelta a esa conclusión que no permitió explorar líneas de investigación diferentes a las del basurero de Cocula.
Con AMLO el obstáculo fue el compromiso político del presidente con el ejército mexicano, que ha impedido profundizar la investigación contra los militares involucrados. Evitar la profundización en líneas de investigación y con ello, que no entreguen los papeles, fojas, documentos solicitados. Esta cuestión también la denunció el Grupo de Expertos Independientes (GIEI). No hay acciones penales contra el Ejército por desacato de la instrucción de dar la información.
Las pruebas de la coordinación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son múltiples.
Muestra de ello son todos los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde detalla su presencia en los lugares de Iguala donde sucedieron los hechos y en las visitas que hicieron esa noche en el Hospital Cristina para amedrentar a los estudiantes que pidieron auxilio en el nosocomio.
Desde 2017, las recreaciones de los hechos realizadas por el grupo independiente Forensic Arquitecture revelaron la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, como policías municipales, estatales, federales y el ejército, al mismo tiempo del grupo ilegal que atacó a los estudiantes, al igual que las patrullas municipales que captaron sacando a los normalistas en las bateas.
En el sexenio de AMLO las pruebas también señalaron al ejército e incluso elementos de la marina. El 18 de agosto del 2022 entregaron el informe de la Covaj, el gobierno le habló a las mamás y papás de Ayotzinapa de 83 acciones penales que estaban ejerciendo, entre ellas, 20 órdenes contra militares. “Yo creo que esa es la curva más alta que se llevó en el caso”, dice Vidulfo.
El presidente dijo que tendrían más noticias pronto, las cuales no llegaron. Unos cuantos días después fue la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Un mes después, el 25 de Septiembre del 2022, la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas 16 militares acusados de desaparición forzada, uno de ellos el comandante del Batallón de Iguala en 2014, Rafael Hernández Nieto.
«Pero como madres, nunca nos cansaremos de buscar a nuestros hijos (…) Queremos la verdad y castigo a los culpables”, asegura Metodia Carrillo con el micrófono en mano. No olvidamos que los normalistas y maestros más pobres han sido reprimidos en la historia de México y a las normales rurales las han estigmatizado por su formación socialista.
Esa es la deuda histórica que deja AMLO en México. No dejar que la verdad florezca y hacer justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares, sus compañeros. Omitir la garantía de no repetición de los crímenes de Estado. Es tal la deuda, que no les importó a los policías en Oaxaca reprimir recientemente a los normalistas de la Escuela Normal de Educación Especial.
El tamaño de la dignidad del movimiento de padres y madres que buscan a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es de la magnitud de un país que resiste las constantes injusticias.
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