Cientos de familias de Guerrero se refugian en Tijuana; sin embargo, las autoridades no han tomado medidas para resolver sus demandas, mucho menos para atender las condiciones que les orillaron a migrar de sus comunidades

Texto y fotos: Kau Sirenio 

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el sacerdote diocesano, José Filiberto Velázquez Florencio, en Guerrero continúa el desplazamiento forzado causado por la ola de violencia en regiones de Tierra Caliente y Sierra. “El año finaliza con incremento de desplazados en la región de Tierra Caliente de Guerrero y no hay programas diseñados para atender a las víctimas”. 

Desde que empezó el desplazamiento en Guerrero, las víctimas de violencia han recurrido a diversas acciones de protestas para que el gobierno federal los reciba y atienda sus demandas. Sin embargo, la familia unitaria no corre con la misma suerte porque entre menor sea el grupo de desplazados, son invisibilizados. 

“El gobierno de Guerrero no ve lo que pasa en esas regiones; la gente que vive en comunidades rurales enfrenta serio problema por conflicto entre grupos que disputan el territorio; no les importa a los niños ni las mujeres que tienen que abandonar su tierra para huir de la violencia” denuncia el diocesano. 

En 2019, este reportero documentó en Tijuana, Baja California, a familias de distintas comunidades de Tierra Caliente. En la ciudad fronteriza los desplazados viven en los albergues que las organizaciones de derechos humanos dispusieron para ese fin. Ahí se les brinda ayuda necesaria mientras buscan trabajo. 

“La violencia los sacó de sus comunidades, pero eso no basta para el gobierno estatal y federal para resolver este conflicto. Hasta ahora la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solo registra el número, pero no tiene nada en concreto. Mientras el gobierno de Guerrero solo los atiende con paliativos para alargar más la agonía” señala Velázquez Florencio. 

El activista por los derechos humanos pone el dedo en la llaga:

“La gente no abandonaría su familias y tierras para ir a sufrir en los albergues provisionales que el gobierno local ha montado en auditorios o canchas techadas. El problema radica en que los tres niveles de gobierno no le apuestan a la solución del problema, sino al desgaste. Es por eso que las comunidades enteras se desplazan”. 

«Vivimos una de las peores tragedias en el mundo»

En entrevista vía telefónica para Pie de página, José Filiberto Velázquez hace un silencio prolongado, para ir a la yugular:

“Vivimos una de las peores tragedias en el mundo. Por donde quiera hay desplazados. Y lo peor es que se ensañan con tanta crueldad con la gente; lo más triste de todo esto es que se lo hacen los más desprotegidos, como a los campesinos. Al gobierno no le importa que maten a familias completas, se volvió cómplice de los civiles armados que andan acechando en la Sierra y Tierra Caliente”. 

El miedo de los campesinos de volver a sus comunidades es por falta de garantías de seguridad. Hasta ahora el gobierno federal y de Guerrero no han diseñado estrategias protección y contención de conflictos en las regiones azotadas por la violencia. 

–¿Cuál es tu balance sobre desplazamiento forzado en Guerrero?

«Hasta ahora, no veo un protocolo para contener la violencia en la Sierra y Tierra Caliente, pareciera ser que no le importan los muertos, los desaparecidos, los heridos y los desplazados. Es tanta la violencia que esto se ha vuelto inhumano». 

Aumenta desplazamiento forzado en Guerrero

En los últimos años, la migración interna ha aumentado en Guerrero. El jefe de familia se mueve a los campos agrícolas para trabajar por temporadas, mientras que la familia se queda en sus comunidades. Los de Guerrero llegaron a Tijuana a trabajar en la construcción mientras esperan cruzar la frontera para emplearse en los Estados Unidos. 

Ahora viene toda la familia, el motivo: el terror que se vive en Guerrero. Primero fue en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa.

“En 2018 incrementó el número de niños migrantes que llegaron con sus padres a Tijuana, por lo que se asume que ese año fue el de migración infantil por conflictos en sus comunidades” dice la activista por los derechos de migrantes en Tijuana, Lourdes Lizardi.

Y agrega que “en los primeros meses de 2018 comenzaron a llegar los de la zona limítrofe de Guerrero y Michoacán. Durante todo el año, los 20 albergues estuvieron llenos, bueno son los que nosotros sabemos, pero hay otros tantos que coordinan las distintas iglesias que también ayudan a los migrantes”.

José Filiberto dice que en México hay un largo trecho para alcanzar los estándares internacionales de derechos humanos para proteger a las víctimas de violencia. Que no hay un acompañamiento legal ni presupuesto para que los desplazados puedan volver a sus casas. 

“Hace falta reparación del daño y certeza de que nunca más volverán a dejar a sus comunidades por la inseguridad que impera en esas regiones. Para nosotros este año fue muy difícil y complicado porque la pandemia no nos permitió hacer un trabajo de campo con las víctimas”.