El Congreso, de mayoría panista, aprobó una serie de reformas enviadas por el Poder Ejecutivo; inscripciones para jueces y magistrados arrancan el 6 de enero

Texto: Mónica Cerbón / Pop Lab

Ilustración: Pop Lab

AGUASCALIENTES. – De ser el único estado en donde Morena no ganó en las elecciones federales de este 2024, Aguascalientes se convirtió en la primera entidad gobernada por la oposición en arrancar con la reforma judicial promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la que el PAN, que controla políticamente al estado, se opuso con fuerza.

Las adecuaciones se realizaron en apenas dos semanas. El 11 de diciembre, el Congreso local, de mayoría panista, aprobó por unanimidad de 26 votos una reforma enviada el 5 de diciembre por la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel para reformar al Poder Judicial local en congruencia con los cambios que trajo la reforma judicial federal. Luego, el 20 de diciembre, el Legislativo aprobó las reglas de operación para la elección de jueces y magistrados, que iniciará este 2025 con el arranque de las inscripciones para las personas interesadas en contender, a partir del 6 de enero.

A nivel nacional, las entidades tienen hasta el 15 de marzo para adecuar sus leyes conforme a lo establecido en la reforma, y pueden realizar las elecciones ya sea en 2025 o en 2027, años de procesos electorales concurrentes. Por la premura, la mayoría de los estados apuesta por 2027, pero en Aguascalientes el argumento principal del gobierno es que en ese año se celebrarán elecciones para la renovación de la gubernatura, las presidencias municipales, el Congreso y la Cámara de Diputados, por lo que agregar a la boleta jueces y magistrados saturaría a las personas votantes.

«Consideramos crucial que esta elección inédita se realice en un año con la menor carga electoral posible para que todas las autoridades que deben intervenir en ella puedan destinarle los recursos presupuestales y humanos necesarios sin generar una sobrecarga que ponga en riesgo el proceso», argumentó el gobierno de Jiménez Esquivel.

Sin embargo, fuentes internas del Congreso local, tanto del PAN como de Morena, aseguraron —de manera extraoficial— que la prisa por armonizar y realizar la elección judicial obedece a una negociación con el gobierno de Claudia Sheinbaum para que el estado reciba recursos federales que serían destinados a la terminación del Hospital General del municipio de Pabellón de Arteaga y la construcción de un nuevo centro de atención médica en el oriente de la capital, el área de mayor marginación en la ciudad.

Hasta ahora, el Ejecutivo estatal no ha anunciado oficialmente dichas inversiones, pero en la sesión del Legislativo celebrada el 20 de diciembre, los diputados aprobaron por unanimidad la donación al Instituto de Servicios de Salud del estado de un predio ubicado en Pabellón de Arteaga “para la terminación y operación de un Hospital General con una Unidad de Trauma y Rehabilitación”. La solicitud fue presentada por Raquel Soto Orozco, Secretaria de Administración en el gobierno estatal.

La reforma judicial local, ya declarada como constitucional tras su aprobación en los municipios de la entidad, sólo incluye un cambio a lo establecido en la reforma federal, que es mantener el incremento de 7 a 11 magistraturas locales, consentido en 2023, cuando el Congreso aprobó una profunda reforma al Poder Judicial enviada por la gobernadora, que algunos especialistas interpretaron como una intromisión del Ejecutivo al Judicial.

Además de la elección para jueces y magistrados, tal como lo estipula la reforma federal, en Aguascalientes se creará el Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial independiente.

Las personas que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial serán sometidas al voto popular, mientras que el Órgano de Administración Judicial estará conformado por cinco personas que ejercerán su cargo durante un periodo de seis años. Una será designada por la persona titular del Poder Ejecutivo, una por el Congreso mediante la votación calificada de las dos terceras partes del pleno, y tres por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Ese órgano, por ejemplo, será el encargado de formular el presupuesto anual para el Poder Judicial.

Por otro lado, tres de los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal serán los responsables de todos los actos de entrega recepción de los cargos que se someterán a voto.

Una elección sin precedente

El procedimiento para la primera elección judicial en la entidad, que se celebrará en junio de 2025, iniciará con el registro y entrega de documentación de las personas interesadas en contender para la designación de seis magistradas y cinco magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como veinticinco juezas y veinticuatro jueces de primera instancia. En total, son 65 cargos a elegir.

Las personas aspirantes deberán cumplir con los siguientes criterios: ser ciudadanas mexicanas; contar con título y cédula profesional en Derecho; acreditar una experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional; no tener deudas alimentarias y presentar un ensayo que evidencie sus capacidades jurídicas.

El proceso de inscripción se realizará del 6 al 22 de enero; luego, del 22 de enero al 10 de febrero el Consejo de la Judicatura Estatal realizará una evaluación técnico-jurídica de los perfiles. Esa evaluación divide a una calificación de hasta 100 puntos de la siguiente forma: 40 para méritos académicos, 30 para méritos de experiencia profesional y 30 para “honestidad y buena fama pública”.

Posteriormente, y tras recibir los resultados de la evaluación, tres comités, uno por cada poder del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— tendrán una semana para postular hasta dos candidaturas por cargo, garantizando la paridad de género.

Las candidaturas se enviarán al Instituto Estatal Electoral (IEEA) el 17 de febrero. Ese órgano asumirá la organización y validación de la elección, para ello se prevé otorgarle un aumento presupuestal que será discutido por el Congreso entrado el 2025, lo que deja en vilo el costo que tendrá la elección judicial local, que deberá ser cubierta con recursos estatales.

Para la elección judicial no habrá etapa de precampaña, como ocurre en los demás procesos electorales, pero las campañas tendrán una duración de 45 días para el caso de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de 30 días para juezas y jueces.

La reforma también habilitó al Tribunal Electoral del Estado para la resolución de las reclamaciones y controversias que se originen en el proceso electoral.

La convocatoria emitida por el Congreso permite que las y los actuales magistrados y juzgadores puedan participar de la elección, salvo que declinen formalmente ante el Consejo de la Judicatura o aspiren a un cargo distinto. Los cargos, que anteriormente eran por 7 años con la posibilidad de ser reelegidos por un periodo de igual tiempo, aumentarán a 9 años, con la misma posibilidad de reelegirse.

Las personas juzgadoras que no resulten electas concluirán sus funciones al momento en que los nuevos designados rindan protesta.

La reforma estipula que si la falta de una persona titular de juzgado excede de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier caso de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el siguiente lugar en número de votos.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.