Dos semanas de búsqueda condujeron al hallazgo de cinco personas vivas y los restos de otras ocho, cuyos cuerpos se arrojaron en los desiertos de Sonora y Baja California. Las brigadas, compuestas mayoritariamente por madres de víctimas de desaparición, lograron lo que ninguna autoridad ha hecho: llevar algo de paz al alma de los deudos

Texto: Pamela Vázquez

Fotos:  Paul Contreras 

SONORA.- Nadie de los presentes en la Brigada Internacional de Búsqueda quisiera ni eligió estar ahí. Nadie pide buscar huesos de su hijo en el desierto de Sonora, que buscaban un mejor futuro, igual que los hijos de las madres Centroamericanas y Suramericanas. Nadie pidió buscar la mirada tierna que sólo una madre reconoce en su hija o hijo en un anexo dentro de las actividades de búsqueda en vida. Tampoco estar en resguardo por las mismas autoridades e instituciones que los desaparecieron, ni buscar entre los muertos a su hija en una morgue, en donde encuentran a otras víctimas de la misma edad .

La travesía homérica de las familias en búsqueda solo puede relacionarse con la ausencia, insuficiencia y mala actuación del Estado. Fueron ocho hallazgos en campo y cinco con vida que lograron las más de 120 familias, provistas con pico y pala con las que rastrearon desiertos, tiraderos, campos vacunos y porcinos irregulares entre montes, ríos y rutas de migrantes. Se acercaron a peatones en los centros de las ciudades; buscaron en bares, burdeles y entre personas en situación de calle, entre comerciantes y ambulantes. Una gran gestión para llegar a estas 13 víctimas, que pronto otorgará pistas a sus familias sobre el contexto de su desaparición y al mismo tiempo, paz y certidumbre.

Para las madres, sus hijos siempre estarán vivos hasta que se demuestre lo contrario. La desaparición de un ser querido es saber que existen ambas probabilidades, tanto de estar vivo o muerto, y se le debe buscar de las dos formas, pero siempre con la exigencia de tenerlos de vuelta con vida. Sin embargo, aunque se dé con un tesoro, «para mí sigue estando vivo mi niño. Yo sigo buscándolo, a pesar de saber que ya está en casa descansando, porque él se fue vivo», dice una de las madres. 

En caso de dar con un hallazgo sin vida, las familias han exigido el derecho a la identificación, a ser tratado con dignidad en el levantamiento forense, durante el proceso de identificación y finalmente al darle sepultura para conceder el mínimo descanso a los deudos y a la propia víctima, tal y como lo menciona la Recomendación General 40-2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.  

No obstante, la lucha por el derecho a la verdad, debido a la desconfianza institucional, tienen a familias exigiendo hasta cuatro confrontas de ADN para cerciorarse que los restos, en efecto, pertenecen a su ser querido, así como tener certeza absoluta de qué partes óseas se les entrega y cuáles faltan.

Para muchas víctimas indirectas, sus casos quedan inconclusos al no saber qué habrá pasado con el resto de los huesos de su “tesoro”. Aunado a esto, viven en la incertidumbre de no saber si se les seguirá otorgando el apoyo económico para búsqueda en vida y en campo. «Yo no me puedo quedar sentada sabiendo que la gente que me apoyó sigue buscando», cuenta una de las madres a los periodistas que las acompañan en una de las jornadas.

Las familias no sólo corren riesgo en su salud física y mental, también luchan por los derechos humanos de los desaparecidos, las víctimas indirectas y la sociedad en general. Han peleado con uñas y dientes con autoridades por el digno procesamiento y levantamiento de fosas o restos superficiales.

Por esta razón, su calidad de víctima y derecho a buscar debe respetarse. Si bien han dado con el paradero de su tesoro, aún no obtienen justicia ni reparación de daños. Además de que varias son desplazadas, otras también otorgan apoyo y asesoramiento a las carpetas de otras familias en sus respectivos colectivos. También gestionan diligencias, caravanas o brigadas como el caso de la BIB. Todo lo cual llega a ser extenuante.

Las conversaciones entre todas y todos versan sobre lo mismo, sin espacio para nada más. Se cuentan historias de cómo han exigido y peleado con las Fiscalías para el digno procesamiento de los restos de sus hijos. Piden y demandan a los peritos realizar el proceso forense marcado por la ley, por ejemplo.

Por desgracia, como parte de la crisis forense que vive México, existen prácticas que dañan la dignidad humana del individuo sin vida y la de su familia. Ellosucede básicamente por la ausencia de tiempo, seguridad y herramientas para el levantamiento o identificación de ADN; espacio en anfiteatros o Servicios Médicos Forenses para un proceso completo. La presencia de familiares como observadores son parte esencial de la garantía de los derechos del individuo sin vida, como la de sus familiares y la sociedad en general.

En este sentido, algunas familias que ya han encontrado a su ser querido, se hacen presentes en diligencias o brigadas como la BIB como un gesto de agradecimiento para retribuir a las personas que no pueden contar la misma historia. Sin embargo, este gesto va más allá del agradecimiento, ya que su experiencia es invaluable tanto para los colectivos, otras víctimas indirectas, como para el Estado.  

Aunque lo anterior visibiliza una vez más la incapacidad del Estado, negarles el apoyo económico para cubrir su derecho a buscar, es no tener garantía y eso aumenta su incertidumbre. Las brigadas son también una escuela, ya que son espacios en donde las familias con mayor experiencia pueden enseñar a aquellas que siguen en búsqueda o que apenas incursionan en este largo y doloroso camino.

Las búsquedas a través de colectivos, ya sean brigadas, caravanas o diligencias suelen contaminarse con juicios negativos en la opinión pública, en donde se les hace ver como espacios de intereses políticos o particulares. Si bien, como en todo movimiento social surgen intereses, a ellas les une un objetivo: encontrar a su familiar.

Tras dos semanas de brigada, entre el 18 de febrero al 4 de marzo, el trabajo institucional y el de los colectivos garantizó la seguridad, techo y comida durante las jornadas. 

Esos días sirvieron también para dejar clara la queja de las familias ante la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien el 28 de febrero se hizo presente en las instalaciones de un refugio temporal:  «Es vergonzoso que las autoridades vengan acompañando a las familias, cuando las familias deberían ser quienes acompañen a las instituciones», le dijo una de las madres.

Otro familiar le reclamó que todas las denuncias que emite la FGE las hacen Actas Circunstanciadas. «La Fiscalía nos quiere hacer tontos, al creer que no sabemos qué es un Acta Circunstanciada (AC): es solamente un aviso que no los obliga a buscarlos. Queremos que cada desaparición sea una averiguación previa para cada familia o una carpeta de investigación, la cual obliga a las autoridades a buscarlos [y no al revés]», le dijo a la Gobernadora. “Vaya a las búsquedas para entender y ver el dolor de las madres”.

De igual manera, se hizo notar la rabia de quienes pidieron una explicación sobre el desplazamiento de personas en situación de calle en el centro de Mexicali, por órdenes directas de la gobernadora Ávila, limitando su derecho a la búsqueda. Asimismo, se prohibió la entrada a otros puntos por cuestiones sanitarias y la no revictimización. 

Al finalizar el encuentro, la gobernadora se comprometió con la BIB a:

* Generar una mesa de trabajo para dar seguimiento a la identificación de restos óseos durante la BIB.

* Descartar el Valle de las Palmas.

* Convenio de colaboración con penitenciarias para la apertura a familias en búsqueda.

* Tener acceso a los centros de rehabilitación del estado para que las familias en búsqueda puedan realizar actividades de identificación en vida. 

* Otorgar apoyo a hijas e hijos de víctimas por desaparición.

* Empezar el «patio forense» para un descanso digno de personas sin identificar.

A pesar de haber concluido las actividades en campo y en las calles con las familias, la BIB dará seguimiento a las acciones. Entre ellas, continuar con el rastreo de indicios de posibles positivos en vida, dar con la identidad de los hallazgos en campo y vigilar el cumplimiento de los compromisos hechos por la Gobernadora Ávila.