Entre los planes de manejo y contención del covid-19 en centros penitenciarios de México no está la idea de liberar a los presos pese a hacinamiento y deficiencias en servicios de salud. Las medidas implementadas hasta el momento incluyen disminución de visitas y cercos sanitarios
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Maria Fernanda Ruiz
Dar libertad a ciertos presos y aminorar la cantidad de personas privadas de la libertad en el país podría ser la mejor opción para evitar contagios masivos al interior de los centros penitenciarios. Así lo recomiendan organizaciones civiles y expertos de la Organizción de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno mexicano no contempla estas medidas.
“Hay algunas propuestas y ejemplos a nivel mundial, es un buen momento para revisar la ley de amnistía y revisar que la cárcel no es para todo el mundo”, asegura Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, una organización que trabaja con las personas dentro de los penales.
El 30 de marzo pasado, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura recomendó mitigar los riesgo de contagio de coronavirus en las prisiones a través de medidasque incluyen la liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad. También llamó a una revisión de los casos de prisión preventiva y otorgar fianzas en casos no graves.
En lo planes gubernamentales de contención ante la emergencia sanitaria de los centros penitenciarios del país, la opción de liberar presos no figura. Estos más bien se han centrado en medidas como limitar las visitas de los familiares a los presos y evitar el contacto con el mundo exterior.
Este jueves, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell reiteró que el gobierno federal no contempla este proceso en su protocolo.
En países como Irán y en estados como Nueva Jersey y California, en Estados Unidos, han realizado preliberaciones para disminuir los riesgos de contagios masivos.
Una de las propuesta de ley de la Presidencia de la República, incluso, considera la preliberación como parte de una amnistía.
Este miércoles, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador recordó iniciativa que envió a inicios de 2019 al Congreso de la Unión, y pidió que se acelere el proceso para “liberar presos que ya no deben estar en prisión”.
“Había una iniciativa, pero está muerta, no pasó ni parece que vaya a avanzar”, comentó al respecto Saskia Niño de Rivera, un par de días antes de las declaraciones del presidente.
Según el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2019l, en el país uno de cada tres penales tienen sobrepoblación, hacinamiento y deficiencias en el servicio de salud. Dos de cada tres cárceles no tienen las condiciones materiales ni higiénicas necesarias en sus dormitorios.
La ley de amnistía propuesta por López Obrador pretende liberar a 10 mil personas, entre presos políticos, presos por la guerra contra las drogas e indígenas con procesos mal llevados.
“No avanzó ni creo que vaya a avanzar. No es redituable, políticamente, decir ahorita, con toda la angustia, vamos a sacar a la gente de la cárcel. Podría ser contraproducente. La gente se va a poner muy mal. Es un tema muy complejo, y lo triste es que el sistema penitenciario es de los últimos problemas en todo esto”.
Las medidas para cortar vínculos con el mundo exterior en los reclusorios ya se sienten en el penal de Chiconautla, en el Estado de México. No sólo se canceló la visita la mitad de días, sino que también se está reorganizando el sistema en el que las familias pueden mandar insumos como comida, jabón, cloro, ropa o medicinas a los internos.
“Por el covid tenemos que entrar con cubrebocas y gel. Antes nos la habían aplicado de que si no, no se podía pasar. Pero ahorita ya no sé”, dice la madre de un interno que acudió a dejarle medicinas. “Con esto de que reforzaron las medidas ahora es también más difícil comunicarse con ellos”.
Este tipo de cierres no son tan efectivos, opina la directora de Reinserta, Niño de Rivera: “Yo no creo que sea suficiente, tenemos un problema enorme de ingobernabilidad en los penales que hace que no puedas cerrar por completo el acceso a los familiares. También en materia de suministros, los que alimentan al penal son las mismas familias. Entonces, ok, cierra, pero encárgate de sus necesidades básicas”.
Ante la emergencia, desde la semana pasada, la organización civil Documenta hizo una solicitud a la autoridad penal del país para liberar a algunos presos.
“La petición la hicimos por la emergencia sanitaria. Otros países empezaron a liberar a las personas privadas de la libertad para evitar el contagio”, explica Nohemí Juárez Gil, abogada de la organización Documenta. “Hay una herramienta en la ley nacional de ejecución penal. El artículo 146 prevé la facultad de solicitar a un juez de ejecución la liberación de personas con ciertos requisitos”.
La abogada Nohemí Juárez no habla de una liberación masiva de personas, sino de un proceso que podría ser largo. “Supongamos que la autoridad accede, que se va a tomar el tiempo de revisar qué casos puede liberar. Después de eso tiene que pedir el visto bueno de la procuraduría y mandar la solicitud al juez de ejecución. Y él va a discriminar qué casos salen y cuáles no. Son procesos que serían de a uno por uno; la legislación es la única herramienta que nos da”, explica.
La petición se hizo sólo a las cárceles de la Ciudad de México, en cuyo sistema penitenciario solo 2 de 13 cárceles tienen sobrepoblación; los reclusorios varoniles norte y oriente. Sin embargo, esta iniciativa se puede replicar, bajo el mismo argumento, a nivel estatal y federal. “Si un estado accede, esto abriría una brecha y crearía muchas posibilidades”, opina la abogada.
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