Las catástrofes meteorológicas ocurridas los últimos dos años en Reino Unido, España, México, o los Estados Unidos, sólo por mencionar algunas, requiere dar al tema climático la prioridad que se merece

Por Gustavo Alanís Ortega

Por inicio de cuentas, y para ser congruente con los compromisos nacionales e internacionales de combate al cambio climático que ha suscrito ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado mexicano debe dejar de apostar paulatinamente por el uso de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el combustóleo y el gas e implementar políticas públicas realistas y realizables que permitan avanzar de manera eficaz hacia una transición energética justa.

La Conferencia de las Partes (COP29) del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se realizó del 11 al 22 de noviembre pasado en Bakú, Azerbaiyán. Se considera positivo que la nueva administración federal, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, haya planteado metas ambiciosas y compromisos concretos para contribuir a resolver la emergencia climática que azota al planeta. Saludamos el mensaje de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien ha enumerado públicamente algunos de los objetivos que México tiene contemplados en materia de cambio climático. Entre ellos, se puede mencionar la actualización del Plan Nacional de Adaptación y de Mitigación, la activación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), algo que tendrán que hacer todos los países rumbo a la COP30 de cambio climático a realizarse en Brasil en noviembre del 2025. 

Tanto la secretaria Bárcena como el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo, José Luis Samaniego, se han referido públicamente a que México buscará aumentar la ambición de la NDC del 35% al 45% para el 2030.  Samaniego ha mencionado públicamente otros objetivos y acciones del actual gobierno como son: a) Definir metas de energía y soluciones basadas en la naturaleza; b) Subir la participación de las energías renovables del 35% al 45% para el 2030 (eólica, fotovoltáica e hidroeléctrica); c) Buscar que México pueda ser carbono neutral para el 2050 ó 2060; y dejar de vender motores de combustión interna para el 2040.  Al respecto, se busca que para el 2030, los vehículos eléctricos tengan una penetración de, por lo menos, el 30% en el mercado nacional.  Asimismo, se proponen promover la participación de la economía social -ejidos, comunidades y cooperativas rurales- en la generación de energía, entre otros temas.

Como ya se mencionó, lograr dichos objetivos requiere que México deje de apostar por el gas fósil como fuente de generación de energía. Sin embargo, diversos proyectos que se están impulsando en este momento dentro de la agenda del gobierno van en sentido contrario a los objetivos climáticos referidos.  El Estado mexicano debe también asignar los recursos suficientes a través de los anexos transversales 15 y 16, los cuales deberían destinarse a acciones que verdaderamente incidan en la mitigación y adaptación frente al cambio climático, así como al impulso a la transición de fuentes renovables de energía. La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025 en lo que refiere al sector medio ambiente y recursos naturales no fue una buena noticia al proponerse reducir casi el 40% con respecto al año anterior. 

Promover y fomentar la transición energética justa en México es una condición sine qua non para que los proyectos de inversión de energías renovables que se realicen en nuestro país cuenten con una perspectiva de respeto a los derechos humanos e incluyan a las comunidades desde el inicio, garantizando su derecho a la información, participación y consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Acuerdo de Escazú, del que el Estado mexicano es parte y que se refiere al acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información ambiental en manos de las autoridades ambientales y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales.

Con respecto a lo que se derivó de la COP29 en Bakú, vale la pena recordar que su objetivo principal era actualizar la meta de financiamiento, reconociéndose que los 100 mil millones de dólares anuales al 2030, originalmente comprometidos, ya no son suficientes para que los países pobres y más vulnerables al cambio climático puedan implementar medidas y acciones de adaptación.

¿Por qué hay que actuar?

Se reconoció en Bakú que las temperaturas en el planeta son cada vez más altas, los desastres climáticos van en aumento y con mayor intensidad,  la flora, la fauna y los ecosistemas y muchas vidas humanas no sólo están en riesgo sino que se están perdiendo. Todos esto sucede mientras las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento y los compromisos de los causantes de este problema (los países ricos) no se reflejan en los hechos.  A pesar de ello, podemos mencionar algunos aspectos rescatables de la COP29.

1. Se acordaron nuevas reglas para el mercado global/internacional de carbono para que los países ricos que contaminan pueden compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero comprando créditos a países que han reducido sus emisiones más allá de lo comprometido.
2. Se firmo un Pacto relacionado con el metano, del cual México es parte, a través del cual se busca reducir justamente las emisiones de metano que provienen de los residuos sólidos.
3. Se llegó en “tiempo extra”, y después de arduas y complejas negociaciones, a un Acuerdo para que los países ricos pongan sobre la mesa 300 mil millones de dólares anuales de aquí al 2035 con la finalidad de que los países en vías de desarrollo, quienes son los más vulnerables a este fenómeno, puedan llevar a cabo una serie de medidas de mitigación, pero principalmente de adaptación climática.

¿Cómo asegurar que esto en efecto suceda? Ese es el gran reto dado que en el 2010 ya había habido un compromiso de los países ricos de poner sobre la mesa 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020 y hasta el 2030, con el propósito de apoyar a los países más vulnerables, cuestión que no sucedió. 

¿Quién garantizará que ahora esto sí se cumplirá? En inglés se usa la frase: “Put your money where your mouth is”, que en este contexto se refiere a que los países ricos pongan dinero en concordancia con sus dichos. ¿Esta cantidad de dinero es suficiente? Para muchos no lo es, dado que la cantidad que se pedía inicialmente ascendía a 1.3 trillones de dólares.

4. Se acordó acelerar la transición energética hacia renovables y pasar a economías bajas en carbono.
5. Se coincidió también en elevar la ambición de las NDC hacia COP 30 de Brasil.
6. Se aumentará el financiamiento privado a 1.3 billones de dólares al año 2035.
7. Se acordaron los fundamentos técnicos para la presentación de informes en el marco de Transparencia Mejorada.
8. Se acordó un Programa de apoyo a los Planes Nacionales de Adaptación para los Países Menos Desarrollados.
9. Se avanzó en la integración de la perspectiva de género en todo lo relativo a la Convención.
10. Se capacitará a la sociedad civil para que participen en la acción climática, a través de la Acción para el Empoderamiento Climático.

Las catástrofes meteorológicas ocurridas los últimos dos años en Reino Unido, España, México, o los Estados Unidos, sólo por mencionar algunas, requiere dar al tema climático la prioridad que se merece. Para ello se requiere de la voluntad política al más alto nivel de los Estados a fin de que se implementen de manera efectiva medidas, acciones, planes, programas, políticas y leyes que nos permitan en el corto, mediano y largo plazo mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos a las nuevas condiciones climatológicas que están ocurriendo. De no hacerlo hoy, el precio que pagaremos en el futuro será extremadamente caro para los humanos y el entorno que nos rodea.