En septiembre de 2013, la policía estatal de Veracruz reprimió una manifestación de maestros contra la reforma educativa y mandó un mensaje claro de parte del gobierno de Javier Duarte: quien proteste es un enemigo. Desde entonces, toletes eléctricos, perros y pistolas de goma son usados para repeler protestas pacíficas. Otras prácticas más duras y clandestinas también son atribuidas a la policía, que busca eliminar por la vía del garrote cualquier tipo de reclamo. (Tercera y última parte)

Texto: José Ignacio De Alba y Daniela Pastrana,

Fotos: Raziel Roldán y Roger López / Voz Alterna.

XALAPA, VERACRUZ.- El video que circula en internet muestra al director de Política Regional, Julio Cerecedo, dialogando tranquilamente con los maestros.

– Compañeros y amigos: venimos a hacerles un exhorto para que nos permitan hacer los montajes correspondientes para las representaciones del 15 de septiembre (…) somos un gobierno de diálogo, de concertación. Les pido que por favor desalojen…

– ¿Usted nos garantiza la integridad de cada uno de los maestros?– cuestiona una de las mujeres.

– Claro que sí– responde el funcionario.

El diálogo dura 14 minutos. El funcionario y sus acompañantes, que permanecieron en silencio, dan la vuelta y alejan por la calle mojada por la lluvia.

El video está referido como evidencia en la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por el ataque de la policía contra manifestantes, el 14 de septiembre de 2013.

Los maestros del país llevaban meses de protestas contra la reforma educativa federal y los de Veracruz eran de los más activos. Habían mantenido un plantón en la capital del estado, pero ya sus fuerzas estaban menguadas. Después de la reunión con Cerecedo, evaluaron sus opciones: apenas eran unas 40 mujeres y 20 hombres; además, durante la tarde habían corrido rumores de que iban a “barrer” con ellos. Así que decidieron abandonar la Plaza Lerdo esa misma noche y comenzaron a desmontar el campamento. Pero ya no hubo tiempo.

Lo que ocurrió esa noche sólo es posible reconstruirlo con testimonios anónimos o documentos ministeriales. Aunque en su momento, varias personas denunciaron lo que pasó –en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP)— ante la falta de avances en las investigaciones, las amenazas que recibieron después, y el asesinato de uno de los denunciantes, el fotógrafo Rubén Espinosa, ahora muchos optan por el silencio. Los que aceptan hablar, lo hacen en voz baja y con miradas detrás del hombro, para corroborar que nadie alrededor los escucha.

De los documentos oficiales se desprende que, poco después de la medianoche, cuando los maestros estaban quitando sus casas de campaña, la plaza quedó en penumbras. Solo quedó iluminada una calle lateral, pero incluso las lámparas de la Catedral fueron apagadas. Por las calles que rodean la Plaza, comenzaron a llegar patrullas de la policía estatal. De pick ups bajaron policías antimotines con los rostros cubiertos por pasamontañas, que llevaban perros, bastones eléctricos y proyectiles de goma. Se alinearon frente a los manifestantes y mientras esperaban instrucciones, golpearon con los toletes eléctricos el piso mojado. Rayos azules, como víboras de agua iluminaron el suelo electrizado.

“¡Ya te cargó la chingada!”…“¡Te vamos a partir la madre!”, retaron los policías a un centenar de personas asustadas, entre maestros, estudiantes que llegaron a apoyarlos y periodistas. Pero aún entonces, pensaban que sólo los querían asustar.

Lo demás, el espanto, fue narrado a estos reporteros por diferentes testigos:

T1: “Cuando les da la orden su comandante, les grita: “¡Ya!”, se sueltan todos en línea. Empiezan a avanzar y conforme van avanzando, van barriendo con todo: chavos que iban pasando, señoras … no llegan a decirles que se retiren, nada más a detener y a pegarles (…) Con los toletes y empiezan a disparar las balas de goma y algunos perros los sueltan, los perros los traían atrás”.

T2: “Las maestras empiezan a gritar. Les dicen: “¡no, ya no nos peguen, ya nos vamos, ya nos vamos!” (…) Empezamos a correr y vemos cómo todos van corriendo con caras de terror, porque iban los policías atrás de ellos (…) Veo a una maestra que va llorando y corriendo también, traía unos taconzotes. “Señora quítese esos zapatos y córrale”, le digo. Y me responde: “es que no puedo… mi marido, mi marido”, porque se se le había perdido en la corretiza”.

T3: “Pensé que al llegar a la esquina ya me iba a salvar, pero traía a dos policías atrás de mí. Media cuadra más arriba, casi tres cuadras de la plaza, ya no aguanté, porque es de subida y es cuando me alcanzan (….) En lo que yo iba corriendo y lo que podía ver, eran policías que alcanzaban a alguien y le empezaban a dar de macanazos, lo sometían, lo esposaban, se lo llevaban a la patrulla y los aventaban así, como costales, ahí a la camioneta (…) “Me empiezan a dar con los toletes eléctricos y uno de esos policías me la empieza a jalar, y me dice: “¡suéltala (la cámara fotográfica) porque ya te cargó la chingada!”, y entonces, entre ese y el otro me empiezan a dar, me querían dar en la cara con la electricidad, en lo que me quitaba y todo al final uno de ellos me da uno en el pecho y ese sí lo siento así súper fuerte y es cuando ya le suelto la cámara y ellos la agarran, se echan para atrás. Inmediatamente llega una patrulla, abre la puerta y avientan la cámara y la mochila ahí, en el asiento del copiloto, veo que ya llevaban como cinco equipos (fotográficos) ahí”.

T4: “Los maestros y las maestras salen corriendo y como unos veinte policías se le van a la camioneta del estudiante de la UV. Dos patrullas le empiezan a pegar así, como carritos chocones y otros veinte policías rompiéndole los vidrios, parabrisas, todo. Todos los maestros corriendo en contrasentido de esa calle que está de subidita, cuando llega otra patrulla (…) y aplasta a cuatro maestros contra la pared, de los que iban corriendo, para cerrarles el paso (…) Dijeron que habían muerto dos. Circularon los nombres, pero empezaron a sonar amenazas de que no se acercaran a los familiares de esos maestros, a los reporteros y a los familiares de los heridos los amenazaron que si hablaban, que si decían que se habían muerto por ese asunto, iban a ir contra todos los demás de esa familia, y la verdad, ya nadie lo investigó”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició por oficio un expediente de investigación, al que en los días siguientes se acumularon varias quejas. En total, la Segunda Visitaduría conoció los testimonios de 39 ciudadanos agredidos, acumuladas en tres expedientes (DOQ- 1157/2013, DOQ- 1164/2013; DAM/0896/2013). De esas denuncias se derive la recomendación 59/2013 emitida contra el Secretario de Seguridad Pública del estado por “actos violatorios de Derechos Humanos consistentes en lesiones, actos de molestia y ataques a la libertad de expresión”.

La recomendación tiene muy poca información (la versión disponible ni siquiera establece la fecha en la que se emitió), pero de lo que se puede saber, la institución desmiente al gobierno de Veracruz, que dijo que los policías acudieron a “resguardar” a los funcionarios que dialogaron con los manifestantes, pues se retiraron antes de que llegaran los uniformados.

Los elementos de la Policía Estatal persiguieron y golpearon a diversas personas sin distinción, como medida de supuesta prevención y protección que resultó excesiva e innecesaria, en primer lugar porque no se encontraban resguardando a ningún servidor público, y en segundo lugar, porque provocaron la huida masiva de personas que no estaban armadas y se manifestaban pacíficamente”, concluye la recomendación.

El sello de Arturo Bermúdez

Cinco periodistas que atestiguaron lo ocurrido en la Plaza Lerdo – entre ellos, Rubén Espinosa, asesinado en julio de 2015 en la ciudad de México, a donde se había autoexiliado dos meses antes por el temor que sentía en Xalapa–, presentaron denuncias en la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

De esas denuncias se desprende que durante el resto de la noche, los teléfonos y las comunicaciones en la zona no funcionaron.

El gobierno del estado aseguró que la plaza fue desocupada para que se llevaran a cabo las fiestas patrias, pero que cerca de la medianoche unas 50 personas “ajenas al movimiento magisterial”, ocuparon de nuevo el lugar.

Las fuerzas del orden, siguiendo el protocolo apegado a la legalidad y a los derechos humanos, procedieron a ocupar y resguardar el espacio”, dice el comunicado que fue retomado por la mayoría de los medios en Veracruz.

Para el mediodía, después de la agresión a los manifestantes, los templetes estuvieron listos y en la noche Javier Duarte hizo el grito de Dolores mientras la banda el Recodo atrajo a cientos de manifestantes a la plaza.

A los periodistas que presentaron la denuncia, las instancias estatales les propusieron un arreglo, a través del ministerio público federal: que la policía los “indemnizara” con una cantidad de dinero que no llegó a establecerse, y que ellos retiraran la demanda y pidieran disculpas públicas. Los periodistas se negaron. Y la denuncia sigue sin avanzar en la FEADLE, que sólo ha hecho un par de diligencias en dos años.

La Comisión Estatal de Protección a Periodistas también emitió una recomendación (la A/114/2013) a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo ocurrido el 14 de septiembre.

En su informe anual de 2013, la Comisión enumera las recomendaciones emitidas, pero no da detalles de las mismas. Sólo destaca que, como consecuencia de lo ocurrido en este caso “se abrieron 32 procedimientos administrativos sancionatorios en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública”.

A la distancia, algunos de los testigos de lo que ocurrió en esa manifestación consideran que fue una advertencia de cómo resolvería Javier Duarte los problemas del estado. Ahí, dicen, conocieron el sello de la policía de Arturo Bermúdez.

“Hasta ahora conocí el miedo”

El 23 de diciembre de 2015, dos años y tres meses después del desalojo de maestros en la Plaza Lerdo, un centenar de jubilados se manifestó para exigir el pago de sus pensiones que el Instituto de Pensiones había retrasado. Era el epílogo de un problema que llevaba tres años, en los que los pensionados habían denunciado una serie de irregularidades y corruptelas en el instituto.

El 22 de diciembre, el secretario de gobierno les ofreció pagarles, con la condición de que dejaran de manifestarse. Pero al día siguiente la promesa no se cumplió. Los jubilados, cabello cano o calvos, medio sordos, un poco ciegos, con muletas, algunos acompañados de sus hijos, bloquearon la calles que está frente al Palacio Municipal para exigir el pago del dinero que ahorraron por años de trabajo y que se esfumó del instituto que lo resguardaba. Pero policía los esperaba, y lo que comenzó con unos empujones de barriga terminó con toletazos eléctricos.

“Alguien vestido de civil les estaba dando órdenes –recuerda Gabriel Rey, un ingeniero jubilado por la Universidad Veracruzana, al que le tocaron las descargas de los toletes que el gobierno niega haber usado–. Se siente como una convulsión, como que te acalambras… después viene la adrenalina del coraje y la impotencia”.

Yo nada más veía cómo se retorcían mis compañeros –dice Nicole González, jubilada después de 30 años de docente–. A mí me dolió la espalda todavía unos días. Pero sí te dan ganas de llorar, es muy grande la impotencia. La peor desfachatez fue cuando empezaron a decir algunos políticos y medios que nosotros habíamos agredidos a los policías”.

La entrevista con los profesores ocurre dos meses después de la agresión. Y aunque siguen en pie de lucha por la transparencia de los recursos del Instituto, también admiten que los golpes que recibieron el 23 de diciembre no sólo fueron físicos.

“También lo anímico, el miedo queda y queda la incógnita de ¿qué sigue? Porque (los policías) están hechos para lastimar y para reprimir verdaderamente al que se les ponga enfrente –dice el ingeniero jubilado, antes de perderse en recuerdos de las manifestaciones a las que fue cuando era un joven maestro de Chapingo.

La verdad a mí me dio miedo, y mire, había participado en marchas antes, pero hasta ahora conocí el miedo”.

Terror y persecución

En la madrugada del 5 de junio de 2015, ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana –identificados con ideologías anarquistas– fueron sorprendidos mientras festejaban el cumpleaños de uno de ellos; una decena de hombres con el rostro cubierto entraron en el departamento en el que estaban y sin motivo alguno los molieron a golpes con palos provistos de clavos en las puntas, machetes y cuchillos. “¡Se van a morir!”, les dijo uno de ellos.

La golpiza no duró más de 15 minutos. Los agresores se fueron y dejaron el lugar destrozado, con sangre en las paredes y pedazos de piel y dientes en el suelo. Ninguno de los jóvenes murió, aunque algunos requirieron reconstrucción facial. Rubén Espinosa fue uno de los fotógrafos que llegó a documentar el brutal ataque. Y unos días después, al sentirse vigilado, decidió huir a la ciudad de México, donde fue asesinado el 31 de julio, junto con cuatro mujeres, en un hecho no esclarecido aún.

En las reconstrucciones que han hecho después familiares y amigos de los jóvenes, con base en lo que dicen algunos testigos, al lugar llegaron al menos cinco patrullas de la policía estatal, pero no hicieron nada por detener a los encapuchados.

“Responsabilizamos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, a Arturo Bermúdez Zurita, secretario de seguridad, y al gobierno federal de este ataque y de cualquier otro que se desarrolle en este clima de terror criminalización de la protesta y persecución de los jóvenes”, señalaron en un comunicado los familiares, amigos y compañeros de los agredidos.

El 3 de marzo de 2016, en su página de Facebook, el Comité Universitario de Lucha, lanzó una alerta en contra de la única persona que estuvo en la reunión del 5 de junio, pero alcanzó a escapar y no fue golpeada. La joven, según esa alerta, también fue una de las personas que convocó a la celebración de cumpleaños. El mensaje señala que “desde hace algún tiempo la vigilancia de los espacios autónomos se ha intensificado”.

Meses anteriores se había ganado la confianza de manera absurda de algunxs compañerxs del comedor autónomo universitario de la Unidad de Humanidades, incluyéndose en la organización del proyecto autónomo, y de algunas actividades libertarias.(…) ante las sospechas de varixs compañerxs de la veracidad de los hechos de cómo logró escaparse, comenzó a tener una actitud sospechosa, además de ser acompañada algunas veces que se le vio, por un hombre con corte de casquete militar (…) hace algunos días en el carnaval del puerto de Veracruz, algunxs compañerxs nos comunicaron que la habían visto, y encontrado vestida de policía”.

La supuesta infiltración no pudo ser corroborada para este reportaje; sin embargo, entre la comunidad universitaria –académicos y estudiantes— muchos coinciden en señalar a la policía estatal como ejecutora del ataque del 5 de junio. Lo cree tambien la madre de una de las víctimas: “Yo estoy segura que esta represión, es del gobierno”.

ANTERIORES:

La policía ¿con permiso para matar?
Escuadrones del horror

---