El presidente que no quiso intentar un nuevo pacto constitucional quiere una reforma político-electoral de fin de sexenio. Una reforma mal hecha o excluyente podría sentar el precedente de un conflicto mayor en 2024

Twitter: @chamanesco

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no propuso una nueva Constitución después de su triunfo de 2018, pues eso hubiera “confrontado y desgastado” a su administración.

Asegura que la política es optar entre inconvenientes y que prefirió ir por reformas en diversos temas y no por una nueva Carta Magna.

Ése fue, quizás, uno de los primeros grandes errores de su administración: rehuir a la posibilidad de fincar “la cuarta transformación” en un nuevo pacto constitucional.

López Obrador se propuso -así lo prometió y así lo pregona aún- hacer un cambio de régimen en México, pero prefirió caminar a trompicones sobre las normas e instituciones existentes, en lugar de convocar a una reforma política e institucional de gran calado.

El presidente prefirió invertir su enorme capital político, su indudable legitimidad democrática, sus 30.1 millones de votos, en deshacer reformas anteriores -como la educativa- que en construir nuevos acuerdos; optó por confrontar y no por dialogar, negociar y reconciliar.

Un hombre que se jacta de nunca haberse sentado a dialogar con la oposición, en ya más de tres años de gobierno; un presidente que desprecia a quienes no piensan igual que él y que utiliza el monólogo mañanero para denostar a críticos y periodistas es un hombre que no cree en la política.

Y un hombre que no cree en la política es incapaz de convocar a una reforma del Estado -ya no digamos un proceso constituyente-, para modificar de fondo las reglas de la convivencia democrática y dar paso, ahí sí, a una transformación.

Al presidente no le gusta negociar, porque considera que eso es transar la voluntad popular. Le gusta la política electoral, la arena de la confrontación y la disputa. Pero no le agrada la política-política.

Un dato resalta en el vasto currículum de López Obrador: la ausencia de experiencia legislativa. En casi 50 años de trayectoria política, jamás fue diputado o senador.

Más de una vez despreció esas candidaturas, y privilegió los cargos ejecutivos. Peleó dos veces por la gubernatura de Tabasco, sin lograrla; una vez la Jefatura de Gobierno de la capital, a la que llegó en el 2000, y después enfocó su energía en la Presidencia, que conquistó en el tercer intento.

Lo suyo es la arenga de campaña, no el parlamento. Lo suyo es el monólogo de los mítines, no la construcción de acuerdos. Lo suyo es gobernar, no confeccionar leyes o crear instituciones. 

El presidente desconfía de los partidos que dominaron el sistema político en las últimas décadas, y muy probablemente lamenta que hayan sobrevivido al tsunami electoral de 2018.

En tres años de gobierno, jamás se ha sentado con los dirigentes nacionales del PAN, el PRI, el PRD o MC, partidos que -juntos- tienen más votos que MORENA y sus aliados PT y PVEM. Ha llegado a decir que, si se los encuentra en la calle caminando, ni siquiera reconocería a tales personajes.

Si no los considera dignos ni respetables, impensable suponer que iba a negociar con ellos un proceso constituyente.

Prefiere reunirse con los gobernadores, con quienes puede tener una relación cimentada en la subordinación presupuestal.

Y, en su modo de “hacer política”, ha decidido cooptar a algunos, mandándolos a embajadas y consulados.

Tampoco ha convocado jamás a los coordinadores parlamentarios de esos partidos para platicar -ya no digamos negociar- sobre las reformas constitucionales y legales hechas durante su administración.

Lo suyo es dar órdenes, y por eso sólo se reúne con dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, a quienes cada seis meses congrega en Palacio Nacional -al inicio de un periodo ordinario-, no para escucharlos, sino para decirles qué hacer.

Las 18 reformas constitucionales aprobadas de 2019 a la fecha -que han modificado 55 artículos de la Carta Magna en lo que va del sexenio- se deben al mayoriteo de la coalición Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados.

Y, en el Senado, al talento negociador del coordinador morenista, Ricardo Monreal, a quien ahora se ningunea desde el oficialismo, pues su principal virtud (saber dialogar con los opositores) no figura en el código presidencial de buenas prácticas.

Presume el presidente, como principales reformas de su administración, el haber puesto los programas sociales en la Constitución, prohibir la condonación de impuestos, castigar la corrupción como delito grave y la revocación de mandato.

Muy poca cosa para un “cambio de régimen”. 

Asegura López Obrador que va por tres reformas constitucionales más en lo que resta del sexenio, pero esta vez “buscando convencer y persuadir”.

No le queda de otra, pues a su partido y sus aliados les hacen falta 57 votos en la Cámara de Diputados para la mayoría calificada, y 10 en el Senado de la República.

De las tres reformas que impulsará López Obrador (eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional), la más compleja e importante es la segunda. Pero quizás también es la más inoportuna.

El presidente renunció a hacer una reforma política de cambio de régimen, o mejor dicho, puso el cambio de régimen por delante de las reformas.

Ahora quiere una reforma que, según declaró en el 105 aniversario de la Constitución, acabe para siempre con “el periodo vergonzoso de los fraudes electorales”, y garantice que se nombre a consejeros y magistrados “verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad y con vocación democrática”.

Pasa por alto el presidente, o pretende ignorarlo, que el fraude electoral ya no existe, a menos que considere que él, 17 gobernadores, cientos de legisladores federales y locales, cientos de presidentes municipales de Morena, y él mismo, han llegado a los cargos en elecciones fraudulentas.

¿Qué quiere realmente el presidente en una reforma político-electoral? 

Ha dicho que abaratar el sistema electoral, reducir las prerrogativas de los partidos políticos y recortar el número de legisladores en las Cámaras del Congreso.

Sus legisladores y simpatizantes han soltado disparates como el de regresar la función electoral a la Secretaría de Gobernación (Sergio Gutiérrez Luna), o exterminar al INE (Mario Delgado).

Lo cierto es que, mientras el oficialismo se pone de acuerdo y termina de diseñar la propuesta de reforma que se supone propondrán en el segundo semestre de este año, el tiempo avanza inexorablemente.

Y las preguntas se acumulan: ¿el presidente y su partido serán capaces de negociar una reforma político-electoral con la oposición a la que descalifican y detestan?, ¿o tratarán de imponerla con sus mayorías?

¿Tiene sentido una reforma para cambiar a los consejeros electorales, si en abril de 2023 ya se van sus odiados Lorenzo Córdova y Ciro Murayama?

¿Podrá un presidente guiado por sus prejuicios, polemista y repelente a la negociación, conducir una reforma que no debilite el sistema electoral, que no sea regresiva o que no excluya a sus adversarios?

Y, lo más importante: ¿será oportuno y adecuado hacer una reforma político-electoral a dos años de nuevas elecciones presidenciales? ¿Qué esperar de un cambio en las reglas de acceso al poder pactado con el dulce envenenado de la sucesión sobre la mesa?

El presidente que no quiso intentar un nuevo pacto constitucional para “no confrontar ni desgastar” quiere intentar una reforma electoral al cuarto para las doce.

No es que el sistema electoral sea perfecto, pero puede aguantar otras elecciones presidenciales. Una mala reforma, en cambio, sí puede ser el precedente de un conflicto mayor en 2024.