El presidente López Obrador enviará al Congreso un proyecto de presupuesto austero y ajustado a la medida de sus prioridades y proyectos. La batalla por el gasto público de 2020 marcará el rumbo del sexenio no sólo en lo económico, también en lo social y lo político

Twitter: @chamanesco

Pasado el día del Presidente, hoy es menester ver hacia el Congreso para vislumbrar la ruta de la llamada «cuarta transformación». El calendario anuncia para este otoño una intensa agenda legislativa, de la que dependerá el futuro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y, junto con ello, el destino del país.

La batalla más importante, que recorrerá todo el periodo ordinario -de septiembre a diciembre-, será la del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020. Un presupuesto que, ateniéndose al discurso de López Obrador, debería marcar la ruta del cambio de modelo económico.

A diferencia del ejercicio fiscal en curso (que deriva de un presupuesto elaborado en apenas 15 días de diciembre de 2018), esta vez el proyecto responde por completo a las directrices del nuevo presidente, quien, con nueve meses en el cargo, habrá podido delinear sus planes, incorporar sus prioridades e imprimir en la política de gasto su visión de país y su estilo personal de gobernar (incluidos sus prejuicios, obsesiones y hasta caprichos).

Según lo que les dijo la semana pasada a los diputados y senadores de Morena, el presidente ha dedicado horas a revisar personalmente las partidas presupuestales solicitadas por cada una de las dependencias y, lápiz en mano, ha pedido corregir a la baja casi todos los montos solicitados.

«Viene la consolidación de una política de austeridad», declaró el jueves el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, al término de su reunión plenaria.

Otros funcionarios y legisladores consultados resumen la instrucción presidencial en unas cuantas palabras: «viene un duro apretón al gasto gubernamental».

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que la propuesta de Presupuesto 2020 que el Ejecutivo enviará el próximo 8 de septiembre a la Cámara de Diputados contempla un gasto por los mismos 5.8 billones de pesos de este año, más la inflación.

«No hay mucho margen de maniobra», advirtió el funcionario, quien además anunció estrictas medidas tributarias para aumentar la recaudación sin elevar los impuestos ni crear nuevos gravámenes (principal promesa de campaña de López Obrador).

El Presupuesto, en fin, será el principal instrumento de política pública del que se valdrá el Ejecuivo para avanzar en su agenda, con tres prioridades: los programas de bienestar, el rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y la política de seguridad basada en el despliegue de la Guardia Nacional.

Pero, sin un crecimiento de la economía, ni nuevos impuestos, López Obrador tendrá que echar mano de la reorientación del gasto público para poder sostener su política social, mantener la Guardia Nacional, rescatar a Pemex y CFE, y financiar las tres obras públicas con las que quiere marcar su sexenio: refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.

«Cuiden el Presupuesto», pidió el presidente a sus diputados, quienes serán los encargados de recortar todo lo que haya que recortar (incluidos los presupuestos solicitados por organismos públicos autónomos, como el INE, el Inai y la CNDH) y aprobar un proyecto final, con o sin la oposición.
Para ello, Morena tiene una aplanadora de 259 diputados, que llegan a 317 al sumarse las bancadas de sus partidos aliados: PES, PT y PVEM.

Aplanadora que ya usó el sábado, para mantener al veterano Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara baja.

La batalla por la Ley de Ingresos, de la que dependen los recursos disponibles para cuadrar el gasto, se dará en el Senado, donde Morena y Ricardo Monreal sí están obligados a pactar con la oposición.

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Otra batalla legislativa que dará Morena -ligada a la anterior- tiene que ver con la política de austeridad del Presidente.

Para ello, los diputados deberán concluir la aprobación de la polémica Ley de Austeridad Republicana que aprobó el Senado en julio, y que contempla la eliminación de seguros, prestaciones y «prebendas» de los servidores públicos, y el recorte de múltiples gastos en la administración pública.

Además, Mario Delgado ha anunciado reformas al artículo 127 constitucional, para cerrar la puerta a los amparos que, hasta el momento, han impedido que todos los funcionarios públicos ganen menos que el presidente. 

Un tema espinoso que involucra a ministros de la Corte, magistrados, funcionarios del Banco de México y consejeros electorales, que obligaría a la Cámara a calcular si los 108 mil pesos que gana mensualmente López Obrador pueden ser considerados el límite máximo de percepciones, o si a esa cantidad deberían sumarse todos los servicios y consumos por los que el presidente no eroga un solo peso, que van desde su vivienda hasta su alimentación.

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La tercera batalla es la revocación de mandato y la consulta popular, asuntos mencionados frecuentemente por López Obrador como secuela de otra de sus promesas de campaña: «el pueblo pone, el pueblo quita», «el pueblo decide».

La reforma al artículo 35 constitucional, que facilitaría la realización de consultas populares y daría pie a que el presidente sea sometido a revocación a medio sexenio, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en medio de acusaciones y sospechas de la oposición, que afirma que más que revocación es un refrendo de mandato que podría abrir la puerta a una eventual reelección.

El asunto se congeló en el Senado, donde Ricardo Monreal ha puesto sobre la mesa una salida para que la revocación sea posible: llevarla al 20 de noviembre de 2021, cuatro meses después de la elección federal intermedia, con lo que se eliminaría la posibilidad de tener al presidente en campaña junto a los candidatos de Morena.

Sin embargo, esa salida no resuelve otro de los peros puestos por la oposición: que sea el propio presidente quien convoque a la consulta de revocación, lo cual está contemplado en el proyecto de ley que Morena ya hizo avanzar en la Cámara baja.

La revocación, aseguran legisladores morenistas, fue una petición explícita del presidente a los coordinadores parlamentarios de su partido, por lo que se prevé que esté en la agenda de otoño.

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Otras batallas legislativas previstas para el periodo ordinario que acaba de comenzar son:

La reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, para lo cual se requiere una reforma al artículo 41 de la Constitución.

La eliminación del fuero a legisladores y al presidente de la República.

La creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituye al Seguro Popular, y la formalización del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que sustituye al SAE.

Una Ley general de Amnistía, que beneficiaría a presuntos delincuentes recluidos por delitos menores, y una Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que busca mejorar la relación de los ciudadanos con las instituciones a partir de medidas de desregulación y combate a la corrupción.

Las leyes secundarias de la Guardia Nacional y de la reforma educativa.

Ajustes al Sistema Nacional Anticorrupción, para involucrar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Modificaciones a las leyes contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, y cambios a la ley de extinción de dominio.

Reformas a las leyes que regulan el funcionamiento del Congreso de la Unión, especialmente la que busca crear un tercer periodo ordinario de sesiones cada año.

Y una serie de nombramientos, que van desde magistrados de Salas del Tribunal Electoral y de una veintena de tribunales estatales electorales, el Tribunal Agrario y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hasta consejeros ciudadanos del Inai, la CRE, la CFE y Pemex.

Para llegar en noviembre a la crucial elección de un nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sustitución de Luis Raúl González Pérez, quien se ha caracterizado por defender la autonomía de la institución frente al Ejecutivo.

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Otoño anuncia éstas y otras batallas en un Congreso que, como no había ocurrido hace más de 20 años, es dominado por el partido del presidente.
No es asunto menor: López Obrador y Morena cargan con la responsabilidad histórica de conducir a buen puerto el cambio de régimen.

La oposición, mientras tanto, podría aprovechar los tiempos legislativos para definir, de una vez, qué alternativa política le ofrece al país.

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