Como lo prometió la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto Amigo GNL volvió a ser abordado durante la mañanera. La ausencia de Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, no impidió que la presidenta y la secretaria de Energía, Luz Elena González, centraran sus participaciones en destacar las ventajas del proyecto para la soberanía energética del país. Al mismo tiempo, presentaron como insignificante el tamaño de lo que podría convertirse en una de las plantas flotantes de licuefacción más grandes del mundo, al compararlo con la extensión del Golfo de California

Texto: Rogelio López

Foto: Proyecto Amigo GNL

CIUDAD DE MÉXICO. – Como dicen por ahí, «a cada capillita le toca su fiestecita», y así fue. Finalmente llegó el día: 21 de octubre. Como lo había prometido, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del proyecto Amigo GNL, un proyecto que incluye la planta de licuefacción flotante —que por su capacidad sería la más grande del mundo— y varios tanques de almacenamiento de gas natural. El proyecto busca instalarse en el puerto de Guaymas, Sonora, en el Golfo de California.

Dicho proyecto contempla la importación de gas procedente de la Cuenca Pérmica de Texas, producido mediante la técnica del fracking, para licuarlo en esta planta y posteriormente exportarlo a los mercados de México, América Latina y Asia. El proyecto actualmente se encuentra detenido por una serie de amparos interpuestos por distintas organizaciones debido a sus posibles impactos ambientales.

Sin embargo, la conferencia no fue como algunos nos imaginábamos: esperábamos una explicación detallada del proyecto. Al contrario, el tema se abordó de manera tangencial.

Una vez que la presidenta presentó cuál sería el tema de la conferencia de prensa del día —«el contrabando de combustible»— y antes de que le diera la palabra al director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, uno de los periodistas asistentes a la conferencia de prensa gritó: ¿Y lo de Amigo?

La presidenta atajó la pregunta y contestó: «Sí, lo de Amigo». Volteó a ver a los funcionarios que la acompañaban y se dirigió a Luz Elena González, secretaria de Energía, para decir que ella podía hablar un poco, «porque van muchos temas» y además «no vino Secretaría del Medio Ambiente», pero «podemos platicar en qué consiste el proyecto y cómo va, de una manera breve».

Un proyecto de un tamaño insignificante

Cuando llegó el momento, la presidenta dijo que había dos datos que le interesaba especialmente que se dieran a conocer. El primero, el tamaño que representa la planta en relación con todo Guaymas y en relación con todo el Golfo de California; y el segundo, el impacto en el tránsito de los buques metaneros en el área.

La presidenta pidió a Luz Elena que diera los datos. La secretaria comentó que esta planta flotante de licuefacción ocuparía una superficie de 41.7 hectáreas, lo que representa el 0.005 % de la superficie del municipio de Guaymas.

Tomando en cuenta el dato anterior, supongo que la secretaria consideró ocioso decir que el porcentaje que representa la planta con respecto a la superficie total del Golfo de California es de 0.00026 %.

La secretaria continuó diciendo que la planta se ubicaría en el Parque Industrial y Pesquero Rodolfo Sánchez Taboada, en las inmediaciones de bahía Catalina, un lugar en el que desde hace mucho tiempo se desarrollan actividades relacionadas con la pesca, la industria y el cabotaje. Se trata, en sus palabras, de un «área ya impactada».

A continuación, informó que, además de la planta de licuefacción, se contempla la construcción de una instalación con capacidad de almacenamiento para 290 mil metros cúbicos de gas. También repitió lo que ya se había comentado en la conferencia del 16 de octubre: de ese lugar saldrían un máximo de 5 buques metaneros al mes, 60 al año, y que estos solo representan el 4 % de los barcos que transitan el área.

Hasta ahí, la presentación de la secretaria.

Impactos mínimos y ventajas del proyecto Amigo GNL

Ante la pregunta expresa que hizo un periodista sobre si confiaba en que pudieran continuar con los trabajos del proyecto Amigo GNL, la presidenta centró su respuesta en minimizar el impacto ambiental y destacar los beneficios que tendría la obra.

En cuanto al primer aspecto, la mandataria retomó lo dicho por Luz Elena al señalar que la planta no se desarrolla en una nueva área, sino en una «zona ya impactada». Posteriormente advirtió que su gobierno no cometería «la barbaridad de impactar negativamente al Golfo de California». Agregó que «toda nuestra vida hemos sido defensores del medio ambiente y los recursos naturales y no vamos a cometer una responsabilidad».

También retomó lo dicho por Luz Elena para reafirmar que el impacto en el tránsito marítimo por el paso de los buques metaneros sería mínimo. Para cerrar este segmento, mencionó que detrás de la obra hay un «estudio muy intenso».

Aquí sería importante hacer una observación. Cuando la secretaria y la presidenta enfatizan en que esta zona es un «área ya impactada», presentan esta condición como algo «natural», producto de las actividades que se desarrollan en el puerto. Bajo esta perspectiva, una planta de las características planteadas parecería no representar un mayor impacto, precisamente uno de los motivos por los que se interpusieron los amparos. Al mismo tiempo, se omiten los graves problemas de contaminación que presenta el puerto de Guaymas.

De nuevo en la conferencia de prensa, la presidenta continuó y habló de una de las ventajas que tenía la obra para el país: «El almacenamiento de gas natural». Esta instalación de almacenamiento —no la planta flotante de licuefacción propiamente dicha— aumentaría la capacidad de almacenamiento de gas natural para el país, considerando que México actualmente solo tiene capacidad para almacenar el equivalente a tres días de consumo en los mismos ductos.

La planta flotante de licuefacción de gas natural más grande del mundo

Y si bien la voz de la Secretaría del Medio Ambiente ha estado ausente en estas participaciones, eso no justifica la forma en que desde el propio gobierno se minimizan los impactos ambientales, sociales y geopolíticos de un proyecto que, de acuerdo con información de una de las empresas que promueven su construcción, LNG Alliance, tendría una capacidad de licuefacción superior a los 4.2 millones de toneladas anuales (MTPA) cuando entre en operación en 2028. Además, contempla su ampliación en una segunda etapa que elevaría su capacidad hasta los 7.8 MTPA. De concretarse, esto la convertiría en la planta flotante de licuefacción de gas natural con mayor capacidad en el mundo.

Y no solo eso: para la misma empresa, este proyecto representa «una solución comercial muy competitiva y seguridad energética a largo plazo para los compradores de Asia y América Latina». De hecho, con esta planta se pondría en marcha un nuevo corredor de exportación de gas estadounidense desde el territorio mexicano hacia el Pacífico y América Latina.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente: ¿un as bajo la manga?

Como mencionamos en la entrega anterior, la discusión se ha centrado en el impacto ambiental y en las supuestas ventajas que tendría este proyecto para la seguridad energética del país. Sin embargo, los datos aportados por la presidenta y su secretaria dejan aún muchas dudas. Ante tal situación, la posible participación de Alicia Bárcena en la conferencia mañanera se está convirtiendo en una especie de «as bajo la manga» para el proyecto.

Sin embargo, su experiencia en la planta de amoniaco de capital suizo-alemán que se construye en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, le resta credibilidad. En ese proyecto se le ha señalado por litigar contra las comunidades que se manifiestan en contra de su construcción. Con ese antecedente, será importante escuchar qué es lo que tiene que decir al respecto.

Bonus track

De las plantas de regasificación a las plantas de licuefacción: un repaso de historia

Como hemos mencionado en otras ocasiones, la dependencia del gas importado es una herencia del neoliberalismo que se maquilló con el argumento de la transición energética. El gas, se decía, era un combustible menos contaminante y más barato. Con base en estos argumentos, los gobiernos neoliberales panistas impulsaron, vía el capital privado, la construcción de plantas de ciclo combinado —que funcionan con gas—.

Lo que parecía una decisión «soberana» —depender del gas importado— en realidad obedecía a los intereses energéticos de Estados Unidos.

Hagamos un poco de memoria. En el año 2000, el estado de California sufrió una de las peores crisis energéticas de su historia. El mercado de la electricidad había sido desregulado, situación que aprovechó la empresa Enron para vender electricidad a sobreprecios y obtener con ello enormes ganancias.

La solución a esta crisis fue regular el mercado y dotar al estado de California de nuevas fuentes de energía. Así surgió la idea de trasladar gas procedente de otras partes del mundo, como Rusia, Indonesia, Perú y Bolivia. Para ello necesitaban contar con una serie de plantas que convirtieran el gas natural licuado —transportado en ese estado— nuevamente a su estado gaseoso, proceso conocido como regasificación.

Sin embargo, California tenía un «pequeño» problema: su regulación ambiental exigía numerosos requisitos para la construcción de estas plantas. Asimismo, sus autoridades y su ciudadanía no estaban dispuestas a asumir los costos de un accidente[^1] o de un posible atentado terrorista.

México al rescate de California

La solución a este problema fueron las laxas regulaciones ambientales en México y la adopción de los proyectos de plantas de regasificación por parte de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, como si los proyectos obedecieran a una necesidad propia.

Y claro está, también sirvieron como argumentos para justificar en territorio nacional la dependencia a las importaciones de gas que se había generado como resultado del asfixiamiento de Pemex, así como las proyecciones de crecimiento económico. Recordemos que Vicente Fox, como candidato a la presidencia, prometió un crecimiento del 7 % del PIB, lo cual implicaba un mayor consumo de electricidad y, por tanto, de gas para su generación.

En los hechos, la construcción de estas plantas significaba asumir los riesgos de accidentes —e incluso la posibilidad de convertirse en blanco de ataques terroristas—, los impactos ambientales y la pérdida de soberanía. También implicaba que Baja California, donde se contemplaba construir cinco plantas, se convirtiera en el centro de abastecimiento de gas —una especie de estación de servicio— para el Estado de California[^2], la cuarta economía del planeta.

Parece que hoy la historia se repite: instalaciones estratégicas para Estados Unidos se construyen en territorio nacional. Sin embargo, no debemos simplificar las cosas ni establecer una equivalencia entre los gobiernos neoliberales del PAN y el PRI y los gobiernos de Morena. Esto es así porque la 4T está construida —material y formalmente— sobre los pilares del neoliberalismo y en la integración económica y energética con Estados Unidos.

En realidad, este es el verdadero problema: el legado de 40 años de neoliberalismo que está arraigado territorial y legalmente, condicionando con ello el actuar del gobierno actual. Ante esta realidad, parece que «optar por el mal menor» se ha vuelto la estrategia política que mantiene a flote el proyecto de la 4T.