Los ejidatarios del Bajío de Caborca, en Sonora, han ganado 67 sentencias para que la minera Penmont les restituya sus tierras, pero hasta ahora, la empresa opera impunemente. Y no sólo eso, ahora lo hace resguardada por la Guardia Nacional y la policía estatal

Texto y foto: Reyna Haidee Ramírez

Hace casi siete años, un Tribunal Colegiado ordenó a la minera Penmont restituir las tierras del ejido El Bajío en Caborca, Sonora. También determinó que debía  sanar los daños al Medio Ambiente. Pero hasta ahora, ninguna autoridad ha logrado que se acate la sentencia.

Por el contrario, hay dos ejidatarios desaparecidos y la minera –cuyo socio mayoritario es grupo BAL de la familia Bailléres–, tiene vigilancia de la Guardia Nacional y de la policía estatal.

La madrugada del pasado viernes 20 de marzo, un grupo de ejidatarios arribó a Palacio Nacional para visibilizar su caso y entregar un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí le solicitan intervenir para que se ejecute la sentencia, y además denuncian que las fuerzas de seguridad protegen a la minera.

Los ejidatarios se instalaron por casi seis horas en la calle de Moneda, de acceso a empleados y público en general. Ahí colocaron tres mantas:

La primera, con la foto de los esposos Raúl Ibarra De la Paz y Noemí López Gutiérrez, desaparecidos y/o asesinados el 12 de febrero de 2018. Este hecho fue denunciado y consignado en la carpeta de investigación CI/CAB/305/87/00153/2-2018. Y hasta la fecha no han notificado avances a los familiares.

En una segunda manta acusan a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de proteger los intereses de su familia y del empresario minero Alberto Bailléres González. Desde el gobierno se ha puesto a  la disposición de aquél elementos de la policía estatal, para reprimir, perseguir y encarcelar a los ejidatarios.

Despojo e influencias

Claudia Pavlovich es sobrina de  Rafael Pavlovich Durazo, quien en abril de 2016 –seis meses después de que ella asumió el cargo– se presentó como ejidatario. Para septiembre de 2017, con apoyo de decenas de elementos de la Policía estatal desalojó a los ejidatarios de sus tierras. Por estos hechos existe también denuncia penal ante la Fiscalía estatal.

En la tercera manta le recuerdan al presidente López Obrador, el discurso que dio el 30 de octubre de 2015 en Mineral del Monte, Hidalgo. En ese entonces, manifestó su rechazo a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Alberto Bailléres González, de grupo BAL y de la mina Penmont en Caborca:

“Sería una vergüenza y una afrenta histórica. Bailléres se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder, contaminando el entorno ecológico con sus empresas mineras, explotando a los trabajadores y saqueando al país. Los priistas meten en sus cochupos a los mártires y ofenden su memoria. Al rato van a querer darle la presea a Carlos Salinas”.

Así lo expresó López Obrador, según lo consignó la revista Proceso el 4 de noviembre del 2015.

El 12 de noviembre de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto entregó la medalla a Bailléres González.

Las minas de Bailléres en 1.8 millones de hectáreas en México

No se sabe con precisión cuántas concesiones mineras tiene Penmont, cuyo socio mayoritario es Grupo BAL de Alberto Bailléres González. Pero según datos de su página de Internet, todas sus concesiones suman 1.8 millones de hectáreas en territorio mexicano.

Minera Penmont, nace como Peñoles en 1887. En 1960 es adquirida por mexicanos, entre ellos Alberto Bailléres, que en 1967 se convierte en accionista mayoritario.

En 1987 se asocia en participación con Newmont Mining Corporation. Y en 1996 adquiere completamente la empresa de Grupo Fresnillo, que desde 2008 cotiza en la Bolsa de Valores de Londres como Fresnillo plc.

También desde 2008, Fresnillo plc administra las “operaciones de metales preciosos” del corporativo que tiene siete minas operativas en México con producción de oro y plata: dos en Zacatecas, una en Durango, una en Chihuahua y tres en Sonora.

En total, Fresnillo tiene concesiones mineras que cubren, aproximadamente, 1.8 millones de hectáreas en México y 70 mil hectáreas en Perú.

Información de la empresa en su página web.

Mina de oro. Mina de muerte

Las tres minas de Bailléres en Sonora, explotan oro y, en menor medida plata, se ubican en Caborca: La Herradura, Noche Buena y La Soledad-Dipolos. Esta última, en terrenos de El Bajío. Además tienen en exploración otra más: Centauro Deep.

Según estimaciones de los ejidatarios, las minas de Bailléres ocupan alrededor de 50 mil hectáreas de territorio ejidal, esto es incluyendo las 19 mil hectáreas de El Bajío y de otros como La Soledad, Noche Buena y La Herradura.

Penmont inicia exploraciones en Sonora en 1991 y en 1998 nace La Herradura, una mina de oro a cielo abierto: “La más grande de México”, según indican en su página.

En 2018 La Herradura produjo el 51.4 por ciento del oro total del Grupo. Esto es 474 mil 168 onzas que les representó ingresos ajustados por 608.2 millones de dólares.

En 2007 inicia exploraciones para abrir la mina La Soledad-Dipolos que empieza a producir en 2010 y por el litigio con El Bajío. En su página informan que “las operaciones en Soledad-Dipolos continúan en suspensión”. Aunque los ejidatarios aseguran que la minera sigue sacando el oro de sus terrenos.

En 2008 adquieren la mina Noche Buena, a 23 kilómetros de La Herradura, y en 2012 empieza a producir. En el año fiscal 2018 produjo 167 mil 208 onzas y representó ingresos ajustados por 211.4 millones de dólares. Según los datos en la página de la empresa.

67 sentencias ganadas, ninguna ejecutada

Con la bonanza del oro y la expansión de Penmont, comenzaron los problemas para los ejidatarios del Bajío. En 2007 la empresa empezó a explorar su tierras, 19 mil 38 hectáreas de dotación presidencial y 600 en posesión.

Dos años después, en 2009, Penmont construyó la mina Dipolos a 7 kilómetros de la mina La Herradura. Y abrió un tajo a cielo abierto en mil 824 hectáreas.

En 2007, la minera ofreció dinero, “progreso”, y en cierto momento dio 16 mil pesos a cada uno de los 77 ejidatarios por el permiso de explorar sus tierras.

“Los 16 mil pesos fue un pretexto para entrar, una vez que entraron, se apoderaron de todo el ejido. El ejido consta de 19 mil 38 hectáreas y 600 de posesión, repartido entre 77 ejidatarios”, expone el presidente actual de El Bajío, Jesús Thomas.

En 2009, cinco ejidatarios interpusieron la demanda agraria 188/2009 con la petición única de que la minera Penmont saliera de sus terrenos.

El 2011, el Tribunal Agrario falló en su favor, pero la empresa no salió y siguió sacando oro sin permiso. Fue hasta el 13 de junio del 2013 que con apoyo de la Policía Federal, los ejidatarios lograron que la empresa parara y saliera.

Recuperado el predio y con una nueva presidencia, ese mismo 2013, 67 ejidatarios interponen demandas individuales, concentradas en el expediente 536/2013, para exigir a Penmont resarcir los daños al ambiente y la devolución del oro que sacaron sin tener permiso.

El litigio sigue su curso y el 9 de junio del 2014 el Tribunal Unitario Agrario falla en su favor, la empresa interpone el amparo directo 263/2014, pero el 14 de noviembre del mismo año, el Primer Tribunal Colegiado confirma el fallo favorable a los ejidatarios. 

En el resolutivo cuarto del fallo del Tribunal se indica:

“… se abre incidente de ejecución para que se proceda a determinar la cantidad de oro y demás minerales que la empresa vencida en juicio Minera Penmont Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable debe regresar al lugar o entregar al núcleo agrario denominado El Bajío”.

Al día de hoy, del  2013 a la fecha, el Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 28, con sede en Hermosillo, ha cambiado siete veces a sus magistrados, uno de ellos, el primero que conoció del caso fue cesado como tal y hoy continúa peleando su causa. Incluso en 2015, el Tribunal estuvo acéfalo casi todo el año.

Siete magistrados han conocido del caso y ninguno ha ejecutado las 67 sentencias que desde 2013 favorecen a los ejidatarios. Legalmente son sus tierras, físicamente no han podido recuperarlas.

Tráfico de influencias y topo de la minera

Recién iniciado el sexenio de la gobernadora priísta, Claudia Pavlovich Arellano, los conflictos se agravaron para los ejidatarios pues en abril de 2016, Rafael Pavlovich Durazo, tío de la Mandataria, aparece en El Bajío ostentándose como uno ellos.

La gobernadora priísta asumió el cargo el 13 de septiembre del 2015. Y el 11 de marzo de 2016, Pavlovich Durazo logró que el magistrado Benjamín Arellano Navarro de Tribunal Unitario Agrario, lo incluyera como ejidatario, sin serlo. Le dio posesión de mil 824 hectáreas. Las mismas donde se ubica la mina Dipolos.

“En abril del 2016, de la nada aparece un señor ahí. Un tío de la gobernadora diciendo que el ejido era de él. El señor jamás ha sido ejidatario ni parte del ejido, todos nos conocemos”, explica en entrevista Jesús Thomas, presidente actual del comisariado ejidal.

“(Pavlovich Durazo) aduce que un ejidatario le firmó un convenio y que el ejidatario ese, es el dueño del ejido”, agrega.

Quince días después, el 28 de marzo, Pavlovich Durazo interpuso una denuncia penal por despojo contra cinco reconocidos ejidatarios. Luego, 15 días después –es decir el 12 de abril–, arribó al predio con un centenar de policías estatales para desalojar a los ejidatarios. De ellos, cinco fueron encarcelados. A decir de los ejidatarios, en esa ocasión también acompañaban a Pavlovich representantes de la minera.

Pavlovich Durazo se posesionó de las mil 824 hectáreas, los ejidatarios presumen que comenzó a saquear el oro de la mina.

La madrugada del domingo 3 de septiembre del 2017, ocurrió un nuevo enfrentamiento con Pavlovich Durazo. En esta ocasión privaron de la libertad al presidente ejidal José de Jesús Robledo Cruz que se negaba a darle su aval.

Por el asalto al ejido y la privación ilegal de la libertad de Robledo, los ejidatarios interpusieron una denuncia penal, que derivó en la Carpeta de Investigación ATP/HER/102/08598/9-2017 en la Fiscalía Estatal. Pero hasta el día de hoy no hay diligencia policial alguna o consignación a un juez. 

El presidente de El Bajío señala que en octubre de 2018, Pavlovich Durazo intentó de nuevo ingresar a las tierras de ejido, ahora con el apoyo de hombres armados. Esta vez la denuncia de hechos se interpuso ante a Fiscalía General de la República, bajo la Carpeta de Investigación FED/SON/CABO/0002265/2018.

Ante los reiterados escándalos. En marzo del 2018, el Gobierno de Sonora, a través de la Dirección Jurídica, hizo circular un escrito que atribuyó a Rafael Pavlovich Durazo, donde se indica que sus actividades y comportamiento son “completamente responsabilidad propia” y deslinda de ellas a la Gobernadora.

“Soy de origen agricultor, primo de Miguel Pavlovich, papá de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con quien no tengo una relación cercana y a quien tuve la oportunidad de ver por última vez en abril del 2016, donde le di las condolencias a la mandataria por el fallecimiento de su padre”, 

“No tengo comunicación con la señora gobernadora del estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano… (SIC) negando en todo momento que exista protección de la misma a favor de mi persona, bienes o familia, puesto que no somos familiares en línea directa”, precisa el documento.

Protesta en Palacio Nacional

Esta semana los ejidatarios de El Bajío viajaron 2 mil 200 kilómetros a la Ciudad de México para pedir la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Tribunal Agrario ejecute la sentencia del 2013 y se les devuelvan sus tierras. También para exigir el retiro de la Guardia Nacional de su región pues aseguran que llegó a servir de vigilante privado de la minera.

El grupo de alrededor de 50 personas entregó en Presidencia un escrito de cuatro hojas, donde narran su caso y destacan:

“Actualmente la minera Penmont S de RL de CV, continúa explotando nuestras tierras en contravención a lo ordenado en las 67 sentencias que dictó el Tribunal Unitario Agrario 28 y confirmadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito desde noviembre del 2014. Con la adición de que ahora el saqueo es resguardado por el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Federal que se sumaron a la Policía estatal, que era la única corporación que hacia la función de seguridad privada para la minera”, exponen en el documento.

Acusan que elementos del Ejército y la Guardia Nacional llegaron desde hace tres meses a esa región. Patrullan por sus terrenos, unidos a la policía estatal para proteger los intereses de la minera de Bailléres. Es decir, el tajo a cielo abierto que dejó la minera en los terrenos de El Bajío, pero que sigue explotando, aseguran.

Los ejidatarios mostraron vídeos donde aparecen presuntos militares y elementos de la Guardia Nacional en recorridos por la zona. Por eso cuestionan: ¿por qué éstos cuidan los intereses de la mina, pero no son capaces de ayudar a los ejidatarios a recuperar sus tierras?

“Están obstruyendo todo. Si nada más estuvieran apoderándose de lo que es la mina, estaríamos hablando de unas 2 mil hectáreas. Pero los señores nos tienen restringido el acceso a todo el predio que es de 19 mil 38 hectáreas.

“Quien los protege, quien patrulla, quien nos impide el acceso es el Ejército Mexicano. Es la Guardia Nacional, es la policía del Estado. No es ni siquiera la minera con su seguridad privada. Sino que están usando –las corporaciones– a las instituciones del Estado para hacerla de seguridad privada”.

Thomas.

A pesar de tener la verdad jurídica, los ejidatarios van y vienen. No han podido tomar posesión, porque siempre hay un tercero interesado que quiere sacar ventaja con la riqueza mineral de la zona. Y sospechan que esos terceros lo hacen en contubernio con la minera.

“Es difícil, no nada más por la violencia, por las amenazas, sino por el hostigamiento que ha sido permanente del Estado mexicano. Y mayormente por el Gobierno del Estado.

“(En 2016), una vez que vieron que la mina estaba desalojada y el ejido, como es reconocido, es un grupo muy vulnerable, pensaron que no había ningún problema en entrar y sacarlos, para ellos apoderarse de la mina y negociar ellos a su vez con la minera. Para eso usaron a un tío de la gobernadora”, concluyo el presidente ejidal, Jesús Thomas.