Después del segundo debate chilango, el Frente de pueblos y barrios en defensa del Anáhuac propone un cambio de paradigma en la política de agua de la Ciudad de México, donde la democratización del suministro y consumo sea la base, y además se atiendan las inequidades en el abasto, para que el cambio sea igualitario para todos los habitantes

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – Después del segundo debate entre las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac considera que ningún candidato ha planteado medidas concretas contra la mercantilización del agua y la desigualdad en el suministro.

Ante esto, los pueblos y barrios originarios de la ciudad dieron a conocer una serie de propuestas que, en vez de mantener el modelo actual que, en los hechos, dan al sector privado y empresarial la capacidad de acaparar y mercantilizar el agua con el andamiaje jurídico vigente, atienda las causas de fondo y construyan un plan hídrico enfocado a las necesidades de la ciudadanía.

El anuncio lo dieron Elizabeth Álvarez, Gil Reyes, Miguel Santana y Ruben Ramirez, representantes del Frente, quienes frente a estudiantes de periodismo criticaron las posiciones que se expresaron en el Segundo Debate Chilango.

Pues, aunque en generalidades, las tres candidaturas proponen planes de manejo que tienen como eje principal la gestión del agua en la capital, así como aumentar la capacidad de captar agua de lluvia, reparar las fugas, aumentar el volúmen de tratamiento de aguas, sanear ríos y cuerpos de agua, ninguna, en realidad toca el problema de fondo.

¿Privatización o retórica? El debate entre dos proyectos

Los integrantes del Frente fueron enfáticos: la solución no está en las propuestas presentadas por los candidatos Santiago Taboada (PRI-PAN-PRD) y Salomón Chertorivsky (Movimiento Ciudadano).

Ambos, de una u otra forma, apuestan a privatizar el servicio de suministro y abastecimiento de agua, abriendo la puerta a empresas privadas, y también a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Proponen mecanismos para aumentar la participación de privados en el suministro de agua. Taboada, mediante la propuesta de dotar de autonomía financiera al Sacmex, y Salomón mediante la creación de un ‘fideicomiso’ que pueda recibir préstamos de fondos nacionales e internacionales”.

Pese a esto, y aunque desde los pueblos y barrios originarios de la ciudad se tiene claro que esta no es la alternativa, también criticaron las propuestas de la candidata oficialista, Clara Brugada, pues consideran que el enunciado general de “prohibir la privatización se vuelve mera retórica al no existir mecanismos para limitar el poder del sector empresarial en el acaparamiento del agua”.

Todo esto, pese al modelo actual, que prohíbe constitucionalmente la privatización del líquido,  en los hechos, el sector privado y empresarial tienen la capacidad de acaparar y mercantilizar el agua con el andamiaje jurídico vigente”, aseguraron.

Además, añadieron, aunque una de las propuestas de Clara Brugada es la creación de Contralorías del Agua, con las que se buscará la participación ciudadana, esa propuesta resulta insuficiente, ya que las contralorías son mecanismos en los que solo se pueden dar “opiniones” que no son vinculantes, por lo que habría de dotársele de certeza jurídica para realmente vigilar y normar el suministro de agua.

¿Qué propone el Frente?

Ante esa situación, el Frente Anáhuac propone un cambio de paradigma, donde la democratización del suministro y consumo del agua sea la base, y además se atiendan las inequidades en el abasto.

El objetivo de sus propuestas, aseguraron, es que el cambio sea igualitario para todos los habitantes de la ciudad, en el que los pueblos y barrios, y los propios habitantes puedan participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones hídricas y en el que se atienda de forma prioritaria a quienes han sufrido históricamente del desabasto

Lo primero, dicen, es construir un modelo que busque eliminar todas las pretensiones de urbanizar, asfaltar y encementar el suelo de conservación.

Para esto, plantean 10 principios generales que deberían regir un nuevo plan de agua en la Ciudad de México:

1.Privilegiar el derecho humano al agua sobre el llamado“desarrollo económico”. Para esto, enfatizan que las autoridades correspondientes “deben negar las autorizaciones y dictámenes de las grandes construcciones que se encuentran hoy en proceso, así como cerrar la ventanilla para la realización de nuevas grandes construcciones y mega proyectos durante la crisis hídrica”.

Para hacer operativa esta propuesta, se tiene que establecer una “coordinación con la Comisión Nacional del Agua para la inmediata cancelación y/o modificación de las concesiones de agua vigentes otorgadas al sector industrial, comercial e inmobiliario”.

2. Democratizar la gestión del agua. Esto, “a partir de la participación sobre su gestión en asambleas, comisiones o comités por unidad territorial, por alcaldías y a nivel ciudad”.

Esta propuesta va de la mano de crear espacios reales y vinculantes de coordinación entre las autoridades y la ciudadanía para la gestión comunitaria del agua, y también para la aprobación de obras de infraestructura hidráulica.

3. Garantizar los derechos a la consulta y derechos territoriales de los pueblos y barrios originarios en la administración del agua. Esto, para evitar casos como lo ocurrido con el proyecto Estadio Azteca, donde la empresa Televisa actualmente tiene un pozo funcionando para abastecer la construcción de edificios y megaobras rumbo a la copa del mundo de 2026, todo sin haber consultado al pueblo originario de Santa Úrsula de Coapa.

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4. Establecer consumos máximos para los grandes consumidores. Para esto, afirman, no basta con cobrar más a quienes más usan, sino que se debe prohibir que tengan derecho a consumir lo que quieran solo pagando más por un bien que es común.

5.Generar las condiciones para que los tandeos sean equitativos. Su propueta se basa en que también se deben tandear los grandes consumidores, lo que implica generar la infraestructura suficiente para que la capacidad de almacenamiento no sea desigual, sobre todo en épocas de estiaje.

6. Garantizar la distribución por medio de la infraestructura hídrica y no por medio de pipas debido a que las pipas. Esto evitará que la distribución de agua se vuelva un mecanismo de control o uso político, sobre todo en tiempos electorales.

7. Transparentar los consumos bimestrales de los grandes consumidores de agua. La propuesta es que esto sea por unidad territorial, y también que se informé del estado actual de cada uno de los pozos de la ciudad.

8. Realizar acciones urgentes para proteger los bosques, áreas verdes y arbolado urbano. Para esto, afirman, se debe atender el problema desde una visión de cuenca y regional, que priorice los ecosistemas. Y recalcan:

“Es necesario que la gestión del agua no tenga una visión  meramente antropocéntrica, sino que se garantice el agua para todos los seres vivos y la naturaleza. Sin bosques no hay agua, y sin agua no hay vida”.

Revisar el Sacmex y atender la deuda histórica con los pueblos

9. Modificar por completo los criterios con los cuales el Sistema de Aguas de la Ciudad de México otorga la factibilidad a nuevos desarrollos. Esto, con el fin de impedir que sólo se revise la infraestructura hidráulica y no la disponibilidad del agua para generaciones presentes y futuras. Y agregaron: “Sacmex es el responsable del acaparamiento del agua en unas cuantas manos.

10. Resarcir los daños históricos contra los pueblos. Aquí, el Frente fue claro en que el Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con el Sacmex, “tiene una deuda histórica con los pueblos”.

“En nuestros territorios se empezó a abastecer de agua a la Ciudad de México, por lo que se debe resarcir el daño cometido, se debe evitar a toda costa la perforación de nuevos pozos y cancelando cualquier proyecto hídrico o inmobiliario que como consecuencia tenga la sobreexplotación del acuífero”.

Y concluyeron que “se deberá establecer, como mecanismo de justicia histórica hacia los pueblos, una tarifa única y simbólica a todos los habitantes de los territorios saqueados, como muestra de gratitud por los años que han dado de beber a gran parte de la Ciudad de México, borrón y cuenta nueva de todos los adeudos que se tengan en el cobro de agua en los pueblos saqueados”.