Un artículo incluido “por error” en la reforma a Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que sancionaba a quien solicitara un servicio sexual, puso al descubierto un catálogo de deudas del gobierno capitalino con uno de los grupos de mujeres más vulnerado: las trabajadoras sexuales

Texto y fotografía: Ximena Natera

CIUDAD DE MÉXICO.- A mediados de mayo el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas a la Ley de Cultura Cívica para dar sustento jurídico a varios de los proyectos de la administración de Claudia Sheinbaum como son las fotocívicas y el trabajo comunitario como forma de sanción.

Poco después, sin embargo, a través de las redes sociales del propio Congreso, se supo que, entre las 22 conductas que según las nuevas leyes serían sancionadas con trabajo comunitario, estaba la de “invitar, ejercer o solicitar el servicio de la prostitución”, que califica como una actividad que viola “la tranquilidad de las personas”. La sanción a quien lo hiciera incluía arrestos de 25 horas y multas de hasta 3 mil 300 pesos.

El proyecto de reforma fue presentado por Eduardo Santillán, diputado de Morena y presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia. Las medidas, establecidas en la fracción VII del artículo 23, causaron revuelo entre las organizaciones civiles y las trabajadoras sexuales.

“Nadie nos dijo nada, nos enteramos por Twitter que de nuevo se incluyeron sanciones al talón, esto totalmente en contra de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, donde se reconoció a las trabajadoras sexuales”, dice en entrevista Jaime Montejo, fundador Brigada Callejera en apoyo a la mujer Elisa Martínez, una organización de defiende los derechos laborales de trabajadoras sexuales.

La nueva disposición no duró mucho. Los diputados aceptaron que la inclusión del artículo fue un error y que se ratificaría. El miércoles, la jefa de Gobierno anunció que el dictamen de la Ley fue regresado al Congreso para eliminar el artículo 27 y recordó que el trabajo sexual no está prohibido en la constitución federal, ni tampoco en la local, por lo que ninguna ley puede sancionarlo.

Aunque todo se ha hecho pasar como un malentendido (los diputados argumentan que ley no sancionaba directamente a quien ejerce la prostitución, sino a quien solicita el servicio), Montejo cree que el tropiezo responde a otra realidad.

“Hay intereses de los partidos políticos de criminalizar el trabajo sexual y obligar a que las mujeres se escondan, es parte de la gentrificación en la ciudad”, dice el defensor de derechos humanos, al denunciar que la nueva administración detuvo la entrega de credenciales que acreditan a las mujeres como trabajadoras no asalariadas, las cuales les permiten acceder a derechos sociales y las protegen de extorsiones y abuso de las autoridades.

No es la primera vez que las trabajadoras sexuales tienen que pelear legalmente contra un gobierno de izquierda.

En 2014, obtuvieron un amparo contra el artículo 24, fracción VII de la anterior Ley de Cultura Cívica, que criminalizaba el trabajo sexual. Pero la resolución judicial perdería vigencia ante una nueva legislación, como la que se aprobó.

Las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México han peleado durante décadas para evitar que se criminalice su labor y sobre todo que se les reconozca como trabajadoras no asalariadas, lo que les permitiría acceder a seguridad social básica.

La razón es sencilla: trabajar en la ilegalidad significa también quedar a merced de las reglas que imponen las fuerzas criminales que controlan los mercados clandestinos. Históricamente han sido los padrotes y madrotas, la policía, los dueños de los hoteles y el crimen organizado los principales benefactores del trabajo de las mujeres.

Katheryn una mujer transgénero que se ha dedicado la mayoría de su vida a esta actividad, lo resume así: “cuando empecé me sentía indefensa, todos abusaban de mí, los padrotes controlaban mi tiempo y mi dinero pero no se podía trabajar de otra forma (…) la policía nos perseguía y una parte grande era para ellos”.

Desde hace casi 10 años, el trabajo de Kathryn no depende de un proxeneta, lo que le ha permitido a la vez ahorrar dinero y explorar otras opciones. Desde hace dos años trabaja en su propia línea de ropa y como estilista.

“Soy feliz, vivo tranquila, yo hago esto ocasionalmente y puedo pensar en dedicarme a otra cosas, pero no siempre fue así”, relata.

Aunque todavía hay mucho por hacer. En México no hay una ley contra la prostitución, son las leyes menores las que afectan directamente a las trabajadoras sexuales, desde controles sanitarios que terminan en multas y extorsiones, hasta la posible pérdida de la patria potestad de los hijos por infracciones menores, pasando por la ley de trata que no hace una distinción clara entre trabajadora sexual y víctima de trata.

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