Ante la falta de voluntad política, las 111 familias guatemaltecas desalojadas de la Selva del Petén exigen que su caso sea atendido por las autoridades, pues a 6 años de los sucesos viven en condiciones precarias en la frontera de México y Guatemala

Texto: Isaín Mandujano

Foto: Chiapas Pararelo

CHIAPAS. – A seis años del desplazamiento forzado, 111 familias guatemaltecas que fueron desalojadas de la Selva del Petén, denunciaron que sobreviven en condiciones precarias en la franja fronteriza entre México y ese país centroamericano

Entre el municipio de Candelaria, Campeche y la zona del Petén de Guatemala, 111 familias cumplieron el pasado 2 de junio seis años de vivir en condiciones precarias, desde el violento e injustificado desalojo que sufrieron de la comunidad Laguna Larga.

El organismo mexicano  Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. documentó que a lo largo de este tiempo, las 111 familias han sobrevivido en condiciones inhumanas en la línea fronteriza entre Guatemala y México “sin que se reconozca el crimen que el Estado de Guatemala cometiera, así como su legítimo derecho al territorio”.

Señaló el organismo que la situación de supervivencia de las personas desplazadas de Laguna Larga es crítica, cada vez los fondos de ayuda son insuficientes y las necesidades de la población aumentan; en el tema jurídico ha habido un retroceso, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha bajado el estatus del caso a “No Urgente”, esto complica gravemente pues el gobierno guatemalteco ha encontrado una excusa para limitar el apoyo y presionar a la población desplazada a que se vaya del campamento sin ningún tipo de restitución de derechos.

Frente a esto se han activado otros medios de presión pública, así como continuar argumentando la necesidad de las medidas cautelares frente a la CIDH y la búsqueda de otros mecanismos internacionales de derechos humanos que permitan impulsar un proceso adecuado de justicia a los cientos de personas en el campamento.

Se tiene registro de 16 muertes de integrantes de la comunidad, han ocurrido abortos, infecciones dermatológicas, enfermedades terminales y otras afecciones, de la cuales no se tienen diagnósticos oficiales en la mayoría de los casos, la comunidad tiene sus registros internos.

El Caso a nivel nacional (Guatemala) se encuentra detenido porque no se tiene claridad jurídica ni voluntad política del gobierno de turno sobre alguna otra vía legal, dejando así la carga a la comunidad quien debe proponer una solución legal.

Derivado de la situación deplorable en que vive la comunidad algunas familias se han tenido que mover del lago de Guatemala y México en busca de sobrevivir, por lo que existen 78 familias en el campamento fronterizo. Las otras familias se ubicaron en Petén y frontera mexicana, a pesar de ello persiste la comunicación y coordinación entre los integrantes de la comunidad.

Las personas de esta comunidad han sido privadas de sus derechos fundamentales a una vivienda digna, a la alimentación y nutrición, su derecho al agua potable, la salud, educación y otras negaciones que se han considerado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Voces Mesoamericanas, un organismo con sede en San Cristóbal de Las Casas, que lleva este caso, dijo que el Estado de Guatemala para evitar ser fiscalizado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos no ha permitido una visita de la Comisión CIDH, a pesar que ha manifestado su interés de poder realizar una visita in loco para poder constatar la situación de la comunidad.

Y que a pesar de las múltiples dificultades y limitaciones para acceder a las autoridades la comunidad en todo momento ha buscado acercamientos de diálogo con el gobierno guatemalteco sin tener respuesta alguna.

Voces Mesoamericanas pidió al gobierno de Guatemala, de forma urgente y con base a los principios constitucionales de protección a la persona, resuelva la situación de los desalojados de Laguna Larga, garantizando el futuro de las presentes y futuras generaciones de la comunidad.

Que en forma urgente y por la grave situación que continúa en el campamento atienda la crisis humanitaria que sufre la comunidad y cumpla en proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias de la medida cautelar, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores.

Solicitó Voces Mesoamericanas que a la CIDH realice con urgencia una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo, frente a la incapacidad del Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en Derechos Humanos.

La petición de Voces Mesoamericanas es impulsada también por las mismas personas del Campamento de Personas Desplazadas de Laguna Larga, la Asociación de comunidades Campesinas para el Desarrollo Integral del Municipio de La Libertad departamento de Petén, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud Guatemala, Indignación A.C., la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Resistencia Civil de Candelaria y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala.

Este trabajo fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original.