Lo que comenzó como una protesta por el alza a la tarifa del Metro derivó en una revuelta para modificar un sistema heredado de la dictadura militar. Esta es la evolución de la lucha de los chilenos por cambiar la Constitución de la era de Augusto Pinochet

Texto y fotos: Migrar Photo

18 de octubre:

«Cabros, esto no prendió», lanzó el ex presidente de Metro, Clemente Pérez, el miércoles 16, dos días antes de que el país diera un vuelco radical en su historia política, con el surgimiento del estallido social más grande desde la vuelta a la democracia.

La semana anterior al comienzo de la revuelta, el gobierno chileno había anunciado un alza en la tarifa de Metro, que terminó por indignar a la ciudadanía. Los chilenos respondieron con evasiones masivas en el tren subterráneo que terminaron por colapsar la red el día viernes, obligando el cierre de las líneas.

Así empezó el caos, la gente comenzó a salir de sus oficinas y no tenía locomoción, se formaron largas filas de peregrinos que caminaban por las arterias de la capital intentando desahogar el centro de Santiago, pero en el camino comenzaron a levantarse barricadas y una parte importante de los trabajadores se sumó a las protestas.

La tensión se sentía en las avenidas, la gente empezó a conversar y pese a la incomodidad que traía consigo la falta de transporte, la manifestación tocó la fibra de la ciudadanía: «No más abusos».

Desde ese momento la consigna se esparció por todo Santiago y rápidamente el reclamo por el alza de la tarifa en el transporte se transformó en una demanda para frenar el alza en el costo de la vida, los niveles de endeudamiento, el desempleo  y la inequidad que existe en el país.

“Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del Metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana y contra la propiedad tanto público como privada (…) haciendo uso de las facultades que como Presidente de Chile me otorga la Constitución he decretado Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente alto y San Bernardo en la Región Metropolitana”. 

Sebastián Piñera, Presidente de la República, viernes 19 de octubre.

Durante la tarde del sábado 19, en respuesta a la jornada de protestas, el General Javier Iturriaga, a cargo del Estado de Emergencia, decretó el toque de queda para la capital.

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Tras el primer fin de semana de movilizaciones, la juventud tomó la posta e inició el lunes con masivas protestas a lo largo del país. 

Martes 22

En medio de la revuelta, durante la quinta jornada de protestas, el presidente Sebastián Piñera anunció a través de una cadena nacional un paquete de medidas sociales para responder las demandas del pueblo chileno, agenda qué según el mandatario nació después de haber escuchado con «mucha atención y con mucha humildad a la ciudadanía».

Dicho paquete incluía un aumento de 20 por ciento en la pensión universal básica solidaria, poner urgencia en la discusión de un proyecto de ley que permite crear un seguro catastrófico de enfermedades (enfermedades muy graves), una ampliación en el convenio que tiene Fonasa con algunas farmacias, el aumento del ingreso mínimo y una propuesta que contenía un congelamiento de las tarifas de electricidad, entre otras ambiguas propuestas.

El presidente hizo el anuncio y la calle respondió, uniéndose al llamado de un conjunto de organizaciones políticas, sociales y sindicales que convocó a una huelga general para enfrentar la agenda del gobierno. 

Desde la Coordinadora No + AFP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Unión Portuaria de Chile (UPCH) y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), entre otras otras, rechazaron el paquete de medidas por insuficientes.

En contraposición al ejecutivo, desde la calle comenzaron a surgir las primeras demandas: terminar con las AFP, igualar las pensiones al sueldo mínimo, subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos, condonar las deudas educativas, congelar y bajar el precio de los servicios básicos, rebajar la tarifa del transporte, extendiendo su gratuidad para los adultos mayores y los estudiantes, además de convocar a una Asamblea Constituyente que permita introducir este tipo de reformas políticas sin las trabas que contempla la actual constitución. 

La marcha del millón

A una semana de iniciado el conflicto, Santiago fue testigo de la marcha más grande desde la vuelta a la vida democrática. Con dos anuncios presidenciales en el camino y las jornadas más violentas de los últimos 30 años, nada impidió la movilización que copó de punta a punta, rincón a rincón, el centro neurálgico de la ciudad.

Desde el norte, el sur, el oriente y el poniente, miles de personas bajaron a pie hasta Baquedano sorteando la falta de transporte, en el camino se fueron mezclando vecinos de Renca, Recoleta, La Pintana, Puente Alto, Maipú, Providencia, la Reina e incluso Las Condes. También llegaron desde la periferia: Buin, Melipilla, Talagante, Paine y Colina, entre otras que estuvieron presente.

Las cifras oficiales fijaron la convocatoria en 1.200.000 personas, pero en el lugar se sentía como si estuviese todo Santiago. Al menos uno de cada cinco capitalinos se volcaron a las calles, mientras el resto seguía atentamente la transmisión televisiva, donde periodistas y políticos del status quo intentaban sin éxito entender el fenómeno.

Cambio de gabinete 

“Tras la masiva manifestación en Santiago, que se replicaría el domingo en Valparaíso, el presidente Piñera anunció el sábado 26 de octubre el fin del estado de emergencia y un cambio de gabinete que terminaría reemplazando a ocho ministros. 

Los cambios más importantes se dieron en los ministerios de Hacienda e Interior y en la vocería de gobierno, cargos que quedaron en manos de Ignacio Briones, Gonzalo Blumel y la ex intendenta Karla Rubilar, respectivamente, marcando la salida de Felipe Larraín, Andrés Chadwick y  Cecilia Pérez que asumió en Deportes.

Aprovechando la masividad de las protestas, la Mesa de Unidad Social, compuesta por un sinfín de organizaciones, entre ellas el movimiento No + AFP y la CUT, llamó a desarrollar cabildos ciudadanos en todos los barrios del país. La propuesta buscaba unificar las demandas de la población, entender el origen del conflicto y discutir la necesidad de un cambio constitucional bajo la modalidad de una Asamblea Constituyente.

Realizado el cambio de gabinete, congelada la tarifa del transporte y anunciado el paquete de medidas sociales, el gobierno hizo un llamado a retomar la normalidad del país el lunes 29 de octubre, pero como la mayor parte de las demandas de la calle seguían sin respuesta, la movilización no bajó los brazos y la población retomó las protestas sin disminuir su masividad y radicalidad.

Perdigones en los ojos

Las protestas continuaron y noviembre comenzó con la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos que revelaban día a día cada vez más casos de abusos y violaciones a los Derechos Humanos.

En la opinión pública, crecía con especial preocupación el interés por los casos de personas con daños en sus globos oculares, heridas que comenzaron a escalar luego de cada manifestación debido al uso indiscriminado de perdigones por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros. 

De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entregado el sábado 15 de noviembre, a la fecha se han contabilizado al interior de los hospitales a 2381 heridos, 866 por disparo de perdigones, 407 por arma de fuego no identificada, 45 por balines y 217 personas con heridas oculares. 

Una Nueva Constitución  

La noche del domingo 10 de noviembre, ad portas de la cuarta semana de movilizaciones, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, abrió la puerta del gobierno para iniciar un proceso constitucional, sin la intención de convocar a una asamblea constituyente, inclinándose por modificar la constitución a través del Congreso.

Abierta la puerta para el proceso constituyente, diversas organizaciones, entre ellas la mesa de Unidad Social, convocaron a una huelga general para el martes 12 de noviembre, con la intención hacer ceder al gobierno y convocar a una Asamblea Constituyente, junto con avanzar en una agenda en el corto plazo de demandas sociales y buscar los responsables de las violaciones a los derechos humanos. 

Durante el mismo día de la huelga, Renovación Nacional comenzó a gestionar un acuerdo en el Congreso y entregó un plazo de dos días para consensuar un mecanismo que permita cambiar la Constitución. 

Camilo Catrillanca

A menos de cuatro días de que se cumpla un mes desde el inicio del estallido social, el país completo vivió una nueva jornada de movilizaciones conmemorando el primer aniversario del asesinato del weichafe mapuche, Camilo Catrillanca.

Este fue uno de los episodios más complejos que vivió el Gobierno antes de que ocurriera el estallido social. En dicha ocasión el gobierno mintió, declarando ante la opinión pública que Catrillanca se había enfrentado a tiros con el “Comando Jungla” de Carabineros, cuando realmente fue atacado por la espalda en medio de una operación policial por el robo de unos autos que nada tenían que ver con él, cuya evidencia fue ocultada, bajo la orden de los altos mandos de la policía.

Mientras en las calles las conmemoraciones se tomaban la jornada, a pocos metros de la Plaza de Armas de Santiago, donde se realizaba una velatón que había sido convocada por organizaciones mapuche de la región metropolitana, en la sede del ex Congreso, los partidos de la oposición y el oficialismo se batían en una interminable negociación para dar a luz el mecanismo por el cual se pretende reformar la constitución.

Finalmente, a las 2: 24 de la madrugada, el presidente del Senado, Jaime Quintana, anunció el acuerdo al que habían llegado los parlamentarios, que consiste básicamente en un plebiscito que deberá resolver si es que se quiere una nueva Constitución. Si es que gana el sí, entonces, la ciudadanía podrá definir si el mecanismo será a través de una convención constituyente (un eufemismo de asamblea constituyente que contempla la elección del 100% de sus delegados) o de una convención mixta, en que los redactores de la nueva constitución serán 50% parlamentarios y 50% asambleistas.

El acuerdo también contempla que los delegados serán electos bajo un sistema proporcional como el que se usa con los diputados y la nueva constitución deberá ser aprobada por un quórum de 2/3 de los constituyentes. Esto implica que los acuerdos deberán ser amplios, cuestión que entrampó la discusión y se mantuvo como la principal diferencia al interior del debate. Finalmente, se decidió que  los asambleístas deberán llegar a acuerdo, en un plazo de nueve meses, prorrogables por otros tres.

El anuncio fue recibido el viernes de forma agridulce por parte de la movilización, puesto que por un lado el acuerdo en el Congreso habría sido imposible sin la presión de las protestas en las últimas cuatro semanas, pero al mismo tiempo se desarrolló a sus espaldas, sin la participación o consulta de las organizaciones sociales y en uno de los espacios más deslegitimados por la ciudadanía.

A la espera de anuncios que resuelvan las demandas inmediatas de la movilización, la Plaza Italia, rebautizada por los protestantes como “Plaza de la dignidad”,  volvió a verse llena , al igual que los principales puntos de movilización del país. En la calle la gente exigió mejoras en su calidad de vida en el corto y mediano plazo, justicia para los casos en que se abusaron y violaron los derechos humanos y mayores garantías democráticas para la creación de una nueva constitución. Así, el Conflicto se mantiene abierto a un mes de que se haya iniciado la revuelta social. 

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