Son 54 habitantes de la Sierra y Zitlala que se han mantenido en plantones en la Ciudad de México para lograr la atención de autoridades, quienes debían garantizar sus derechos como víctimas

Texto: Beatriz García / Amapola Periodismo

Fotografía: Isabel Briseño

CHILPANCINGO.- Hace casi tres años, Guadalupe Hernández Ávila fue desplazada de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo, a consecuencia de los hechos violentos que ahí ocurrían, y desde entonces espera que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) le dé la calidad de víctima para recibir el apoyo humanitario al que tiene derecho.

Para eso desde el 22 de septiembre pasado está plantada fuera de Palacio Nacional junto a 54 de sus compañeros, como una manera de ejercer presión a las autoridades. Esta es la tercera ocasión que lo hace.

Hasta este fin de semana ninguna víctima ha obtenido respuesta de parte de las autoridades.

Después de su desplazamiento, el 11 de noviembre del 2018, Guadalupe de 42 años, se plantó por primera vez en Palacio Nacional en 2020 para que les resolvieran la reubicación de 136 familias, ante la imposibilidad de regresar a sus casas que están sitiadas por un grupo criminal, y a otras les prendieron fuego.

Guadalupe nuevamente se plantó el 5 de abril pasado, ante la falta de soluciones, pero ahora fuera de la Secretaría de Gobernación (Segob), tampoco se cumplieron los acuerdos de esa manifestación, por eso los desplazados nuevamente montaron un plantón, ahora en Palacio Nacional, donde llevan 48 días sin solución. Son el grupo de desplazados tanto de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo como de Zitlala.

Guadalupe todavía recuerda el día que huyó de su pueblo junto a sus cuatro hijos, dos nueras y tres nietos.

“De hecho estoy con un familiar de arrimada, en un cuartito de madera en Chichihualco (Leonardo Bravo)”, contó la mujer por teléfono desde el plantón en Ciudad de México.

El 11 de noviembre del 2018 irrumpieron hombres armados en Izotepec. En casa de Guadalupe amenazaron con matarlos si no se iban, a su hijo lo golpearon en la cabeza con un arma y le fracturaron la nariz –ahora no puede respirar bien –. Esto los orilló a salirse del pueblo sólo con lo que traían puesto.

En su casa, Guadalupe dejó sus recuerdos, sus animales de ganado y su vida a lado de su familia, lo que importaba era que todos se salvaran.

Cuando Guadalupe, su familia y otras familias, que también huyeron de sus casas, iban caminando rumbo a Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, ese 11 de noviembre, para resguardarse, los criminales prendieron fuego a sus viviendas para que no regresaran.

El desplazamiento ocurrió durante el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, quien nunca atendió a las víctimas y por el que le perdieron la confianza; las familias decidieron tratar el problema directamente con las autoridades federales, pero tampoco han conseguido respuesta.

Ahora, desde hace tres años, Guadalupe espera que la integren al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), unidad administrativa de la CEAV. Con este beneficio las víctimas pueden acceder a la ayuda humanitaria que corresponde a alimentación, salud y pago de renta.

Para mantenerse, Guadalupe se emplea en casas para el aseo, por lo que reciben en promedio 80 pesos por día, y sus hijos se emplean en la siembra de jitomate o maíz; juntos costean los gastos que tienen.

Un voto de confianza a nueva administración estatal

Cada vez se complica más la situación de los desplazados de la sierra de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, y la Montaña baja, en Zitlala, las autoridades federales insisten pasar el caso a nivel estatal, con el nuevo gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informó la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, quien da acompaña a las víctimas.

La reubicación es uno de los problemas principales que las autoridades tienen que resolverles a las familias desplazadas, pero funcionarios de la federación informaron a las víctimas que dialogarán con Salgado Pineda, para que se retome su caso y les resuelva la administración estatal. Rosales Sierra mencionó que esperarán respuesta.

En el plantón, explicó la también abogada, están presentes las personas que llevan casi tres años en espera de que los incorporen Renavi. Comentó que hay probabilidades que esta semana resuelvan el caso de 55 titulares más sus hijos y esposa o esposo, lo que sumarían 115 personas.

La abogada explicó que les darán la calidad de víctima a los titulares de la familia y a las niña y niños, lo que significa un avance.

Denunció que a tres años del desplazamiento las familias están desesperadas porque siguen viviendo en lugares rentados o de familiares, además de que carecen de servicios de salud.

El movimiento, dijo, es también por la ratificación de la Ley de Desplazamiento Interno Forzado, y así los desplazados tengan una partida presupuestaria para sus necesidades.

El jueves pasado los desplazados tuvieron la última reunión con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y les dijo que a más tardar mañana martes estarían recibiendo la calidad de víctimas. Las víctimas seguirán en plantón hasta entonces.

*Esta nota fue realizada por AMAPOLA PERIODISMO, integrante de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes consultar la original.