Sandra Domínguez denunció un chat donde funcionarios del gobierno de Paxaca intercambiaban fotos y videos de mujeres indígenas desnudas. El 4 de octubre desapareció, y las autoridades estatales no agotan todas las líneas de investigación

Texto y fotos: Rocío Flores 

OAXACA. – Sobre la cantera verde del Palacio de Gobierno de Oaxaca está colgada la figura de un cuerpo hecho de tela. Tiene pintadas flores amarillas y rostros inexactos. Del lado derecho un zanate, ese pájaro que parece un cuervo y del que dicen es capaz de recordar lugares y personas. Al centro está el nombre  Sandra Domínguez, la abogada y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, desaparecida el 4 de octubre en la zona Mixe de este estado.

Bajo la figura de tela hay casi dos docenas de fotos de ella, su ficha de búsqueda impresa en una lona y una imagen hecha por su hermano con la frase «nos falta Sandra» que intenta sintetizar la ausencia. Su madre Aracely Martínez y sus hermanas Kisha y Kenia Domínguez no saben nada de ella desde hace mas de un mes. 

Catorce  días  atrás instalaron un plantón para exigir al gobierno de Salomón Jara Cruz la búsqueda de Sandra.  También lo hicieron “por miedo e inseguridad”,  un par de semanas atrás fueron perseguidas por motociclistas encapuchados.

Además, el asesinato de Virginia y Adriana dos mujeres  indígenas triquis que fueron atacadas a balazos al bajar de un taxi el 6 de noviembre pasado, las puso en alerta.

“Ellas también buscaban a sus primas desaparecidas. Eso nos puso en esta posición, por la inseguridad que sentíamos”, dice Kisha.

La joven lamenta que en Oaxaca las autoridades no atiendan a las personas que están buscado a sus hijas o hijos si no es a través de la manifestación, marchas o plantones,  pues “solo así les abren las puertas”.

El Oaxaca del que nadie quiere hablar

Hay una realidad de la que no han querido hablar, sostiene Kisha:

“Oaxaca es un lugar  precioso, con mucha cultura, lamentablemente está todo manchado por  los crímenes. La ciudadanía lo que nos dice es que ya basta de tanta violencia. Los turistas se acercan y  preguntan cómo es posible que suceda esto en Oaxaca, si era un estado tranquilo. Apenas me abordó una argentina, dijo que en cada esquina y en cada red social ve que Oaxaca está llena de fichas de desapariciones y se habla de violencia contra la mujeres. Estaba totalmente shockeada”.

La familia de Sandra colocó sobre una mesa unos números que fueron cambiando conforme pasaban los días y unas hojas en blanco para que la  gente les deje un mensaje.  Kisha sabe que la desaparición de su hermana se suma a cientos de casos que hay en Oaxaca, “así que si alguien tiene un familiar desaparecido, pueden acudir a nosotros para poder difundir su ficha, es  lo que estamos  haciendo como familia”.  

Las desapariciones van en aumento en Oaxaca. El informe de la Red Lupa presentado este año  por el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) A.C. reportó 418 personas desaparecidas en 2022, 620 en 2023 y para mayo de 2024 sumó 734. Organizaciones y colectivos de madres buscando a sus hijos estiman que en el estado suman más de 5 mil personas desaparecidas.

La directora de ese Instituto, Silvia Patricia Chica Rinckoar, advirtió durante una visita a Oaxaca en abril de este año, que la desaparición forzada “ya no es un problema que el gobierno pueda tapar con un dedo”. Es una práctica de grupos criminales que garantiza el control territorial, el miedo, la facilidad para operar. Generan impunidad y silencio, precisó.

Antes del 2010, dijo,  habían ciertos acuerdos, pero se crearon  cárteles como el de Sinaloa y  Jalisco Nueva Generación que entraron a disputarse territorios y eso cambió el escenario. Esos mismos cárteles ahora tienen presencia en Oaxaca.

En febrero de 2023 el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Iván García Álvarez admitió que estas estructuras delictivas están en los límites de Veracruz con Oaxaca. 

En esa zona limítrofe estos grupos buscan tener el control para el paso de mercancías ilegales. Del lado del territorio estatal están las comunidades como María Lombardo, Loma Bonita y Palomares  y por el lado de Veracruz están las comunidades de Acayucan, Ciudad Alemán y Playa Vicente. 

“En esta zona considerada de alto riesgo es donde se produjo la desaparición de Sandra Estefana”, dijo el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla el 21 de octubre de este año, cuando anunció el hallazgo del teléfono celular de la activista.

Un terreno peligroso para defender derechos humanos

En esa misma fecha el fiscal aseguró que las líneas de investigación están abiertas  por su labor como defensora de derechos humanos; por su actividad como abogada que la pudo poner en riesgo; y una más por un presunto vínculo de su pareja con la delincuencia organizada.  

Sin embargo, Kisha considera que el gobierno de Oaxaca está fallando, que no cuentan con un protocolo para la protección de los defensores de derechos humanos, cono también lo demuestra el caso de la defensora Irma Galindo, quien desapareció hace tres años.

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Además, dice que la recompensa de 500 mil pesos que ofreció la Fiscalía el 10 de noviembre fue totalmente tardía. La Fiscalía de Veracruz la emitió desde el 23 de octubre.

Por la gravedad  de la situación, el activista mixe Joaquín Galván  piensa que la desaparición de la abogada generó una crisis al interior del gobierno de Salomón Jara.

“Las instituciones que  debieron actuar respecto a la exigencia de aparición con vida,  lo hicieron con improvisación, con torpeza. Revictimizaron a Sandra y a su familia intentando vincularlos a la delincuencia”.

Sandra Estefana  hizo dos  denuncias públicas entre 2020 y 2023 contra el  coordinador de Delegados de Paz del gobierno de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez, por su participación en un chat de WhatsApp “Sierra XXX” y “Mega Peda” por redes de acoso y violencia contra mujeres indígenas. Pero en esa fecha la carpeta de investigación en la Fiscalía fue archivada. 

Galván considera que debieron separarlo del cargo desde el primer momento, cuando su ex pareja Martha Aracely Cruz Jiménez, ahora diputada federal,  lo denunció por violencia de género, pero en el gobierno estatal no lo vieron necesario. El gobernador no sólo no  actuó sino que lo defendió  públicamente. Ahora, por recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Donato Vargas fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 16 de octubre .

Después de la petición del organismo internacional, el secretario de Gobierno Jesús Romero López  aseguró  que el gobierno de Salomón Jara no va a proteger a nadie. El  9 de octubre había descartado una línea de investigación por las acusaciones contra Donato Vargas Jiménez.

El defensor Joaquín Galván infiere que justo por eso la desaparición de Sandra  llamó más la atención, por los niveles de protección que le han dado en Oaxaca. “Aquí el punto es saber por qué, y esa es la parte más turbia, dice con sigilo.

El calvario de la desaparición

Después de más de un mes, la familia no quiere más mesas de diálogo con las autoridades, lo que pide es que se agoten todas las líneas de investigación abiertas, pero sobre todo quiere resultados. La madre de Sandra Estefana  agradece que las mujeres a las que apoyó su hija ahora estén con ella. “Nunca nos imaginamos estar de este lado”, dice.

Frente al Palacio de Gobierno, Kenia y Kisha declaran que durante 32 días  les estuvieron paseando de reunión en reunión, repitiendo las mismas diapositivas. Denuncian hostigamiento y acoso durante  los días del plantón.

“Todos los días nos tomaban fotos y videos; nos quitaron la luz y nos dejaron a oscuras varias noches”, agrega. Y concluye:

“Estamos desesperadas, es difícil económicamente. La desaparición  pone en pausa toda la vida, incluyendo el trabajo. El vacío que sentimos es dolor que solo se está prolongando. Lo único que nos mantiene de pie es encontrar a Sandra, para que pueda regresar con nosotros y con su hija”.

La familia de la defensora Sandra Estefana Domínguez admite que aquí en Oaxaca no hay escucha. Anuncia  que se retira  del plantón y acudirá a otras instancias.