Una alianza de ejidos y el pueblo wixárika desmanteló un cerco ilegal en Wirikuta, en una acción sin precedentes. Detrás del despojo está la agroindustria, que aprovecha la división comunitaria y la complicidad institucional. La protesta, vigilada por el gobierno federal, marca el paso de la resistencia a una contraofensiva. Buscan defender el territorio sagrado y sentar un precedente nacional contra el acaparamiento de tierras
Texto y fotos: Alejandro Ruiz
WIRIKUTA, SAN LUIS POTOSÍ. – Leonardo camina entre el monte. En la espalda lleva un pico, y en la bolsa un par de pinzas junto a unos guantes. Él, junto a otras 200 personas, llegó al desierto de Wirikuta, en el municipio de Catorce, para cortar una cerca de alambre que algunos ejidatarios de Las Margaritas instalaron ilegalmente para apropiarse de las tierras.
Sin decir muchas palabras, Leonardo hace su tarea en silencio, solo acompañado de la música del Grupo Legítimo, el conjunto norteño originario de donde él es: Corcovada, un ejido del altiplano potosino que logró detener un megaproyecto impulsado por el magnate Ricardo Salinas Pliego.
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“Venimos a hacer lo que nos toca, a acompañar a los ejidatarios de Margaritas, porque sabemos todos los intereses que hay en la zona”, dice el joven, que no rebasa los 30 años, mientras continúa cortando la cerca de alambre que se extiende por un perímetro de casi 5 kilómetros en las tierras de uso común del ejido.
Leonardo no lo dice, pero la acción en la que está participando es inédita en el país, pues junto a los campesinos potosinos, representantes de autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas vigilan las tareas.
Y añade:
“No importa quién venga, lo que queremos es que dejen de vender las tierras, que se respeten nuestros derechos agrarios, y sobre todo, que nos ayuden a defender nuestro territorio”.
El paradigmático caso de Margaritas
Margaritas es un ejido con una extensión de más de 5 mil 600 hectáreas enclavadas en el desierto de Wirikuta, uno de los territorios ancestrales de la nación wixárika que se extiende por Jalisco, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.
El ejido, en particular, está integrado por 25 ejidatarios, un avecindado y 4 posesionarios, quienes desde hace décadas libran un conflicto interno alimentado por las grandes industrias que tienen la mirilla puesta en Wirikuta.
La disputa se libra entre dos grupos ejidales. Uno de ellos está a favor de parcelar las 5 mil 216 hectáreas de uso común del ejido a favor de proyectos mineros o megagranjas avícolas. El otro grupo se opone a esto, y desde hace más de 20 años ha entablado una alianza estratégica con el pueblo wixárika para defender el territorio.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, explica:
“Las Margaritas es un universo dentro de un universo mucho más grande. Es un ejido en el que cada tres años –cuando se renueva la dirección de la Asamblea Ejidal– entran grupos con visiones opuestas que se resumen en dos polos opuestos: los proindustria/prominera y los pro wixárikas.
“El grupo pro wixárikas ha logrado una vinculación empática con los wixárikas, pues Las Margaritas es un terreno de paso hacia el Cerro del Quemado, espacio sagrado para ese pueblo. Esta armonía de mestizos con los wixárikas es, de esa forma, el universo ideal que debiera haber en la región. Es la armonía que debiera existir entre la causa indígena y todos los demás. La armonía que hay en Margaritas es como el botón de lo que debiera ser”.
Un ejemplo de esta alianza es una asamblea de limitación y destino que el ejido celebró durante los procesos de certificación agraria a nivel nacional. En esta asamblea, como detalla el director de Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, Jonathan Cristian Noyola Ledezma, los ejidatarios de Margaritas establecieron que el núcleo agrario tiene que garantizar el libre paso para que los wixárikas lleguen al Cerro del Quemado.
Todo esto ocurrió antes de que el gobierno del Estado publicara, en 2008, el plan de manejo del Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural de Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixárika, la cual abarca más de 140 mil hectáreas. El plan de manejo estableció, entre otras cosas, que los ejidatarios podrían continuar realizando sus actividades productivas tradicionales, siempre que no modifiquen los ecosistemas, y permite al pueblo wixárika realizar sus actividades de tipo ceremonial de forma tradicional.
Sin embargo, el propio plan de manejo autorizó la actividad minera (y otras actividades industriales) en zonas de amortiguamiento, algo que permitió que las autoridades federales y estatales autorizaran la llegada de empresas mineras y agroindustriales a la región.
Con esto, también se echó a andar un mecanismo conocido en otras regiones del país: la cooptación de los núcleos agrarios por representantes de las empresas extractivistas, y con esto, el fomento a la división de las comunidades.
La lucha contra la minería
En 2010, el pueblo wixárika se enteró de que el gobierno federal había autorizado 38 concesiones mineras en su territorio sagrado perteneciente al Área Natural Protegida.
Las concesiones eran a favor de las empresas Minera Real Bonanza y Minera Real de Catorce, ambas filiales de la canadiense First Majestic Silver Corp.
Un año después, el pueblo wixárika se organizó en un consejo regional para la defensa de Wirikuta, y en julio de ese mismo año presentó un amparo indirecto que suspendió toda actividad minera en su territorio hasta que el caso se resuelva. En 2013, el consejo amplió la demanda de amparo contra otras 40 concesiones otorgadas a 17 empresas distintas.
La lucha del pueblo wixárika también derivó en que, en ese entonces, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicara un Estudio Previo Justificativo para declarar a Wirikuta como Área Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera. El proyecto establecía que esta nueva Área Natural Protegida abarcaría una superficie de 191 mil 504 hectáreas, localizadas en los municipios de Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.
Ese mismo año, algunos núcleos agrarios del municipio de Catorce controlados por las mineras se ampararon contra la declaración de Wirikuta como Reserva de la Biosfera, con lo que frenaron su creación.
Actualmente los juicios continúan, y aunque el pueblo wixárika le ganó tiempo a las empresas mineras, otras amenazas se ciernen sobre su territorio.
Carlos Covarrubias, quien durante esos años fue integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, y ha acompañado diversos procesos comunitarios en defensa de la tierra, recapitula:
“Las empresas extractivistas y agroindustriales operan generando un proceso de control social. Estas empresas ven a las comunidades como aldeas a las que llegan a colonizarlas y a manipular el tejido social. En el Altiplano potosino, el avance de estas empresas (mineras, productoras de jitomate, chile, huevo y carne de cerdo) se dio de manera importante a partir de 2009 y 2010. A estos grupos les vale tanto lo agrario como lo sagrado”.
Del oro a los pollos: la agroindustria llega a Wirikuta
De acuerdo con el director de Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, Jonathan Cristian Noyola Ledezma, el Altiplano potosino –y en particular Wirikuta– sufre una presión «bastante importante» de la agroindustria, refiriéndose a «verdaderos agrotitanes».
Uno de estos titanes es la primera productora de huevo en toda América Latina: Huevo San Juan, la cual es una empresa del grupo Proteína Animal S.A. de C.V., administrada por el jalisciense Manuel Romo Muñoz, quien, de acuerdo con la Revista Forbes, en 2024 poseía una fortuna de 1.2 mil millones de dólares.
En 2023, el empresario, junto al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunciaron una inversión millonaria de Proteína Animal en el Altiplano Potosino, aunque desde hace años la empresa tiene granjas en los municipios de Vanegas y Cedral.
De hecho, de acuerdo con denuncias de grupos ejidales, los terrenos donde Proteína Animal asentó sus granjas fueron adquiridos de forma irregular. Además, la empresa instaló un centro de desechos en Vanegas, el cual ha generado malestar entre la población por la contaminación que genera, así como denuncias de acaparamiento de agua, procesos similares a los de las granjas avícolas y porcícolas en la Península de Yucatán.
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De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría Agraria, esta empresa sería la responsable del cerco ilegal en el ejido Margaritas, aunque aún no hay una acusación formal. Sin embargo, de acuerdo con Noyola Ledezma, la hipótesis de que esta empresa sea la que está detrás de la parcelación ilegal del territorio ejidal es evidente debido a las características de la cerca: más de 20 mil metros de alambre con postes metálicos, que tuvieron que ser colocados usando herramientas hidráulicas y plantas de luz.
Esta acción, de acuerdo con la lectura del director de Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, sobrepasa el poder económico individual de los pocos ejidatarios que estaban a favor del parcelamiento.
¿Cómo es que esta empresa, si resulta responsable, logró adueñarse de las tierras desde 2022? El proceso es similar al de otras regiones del país.
La complicidad institucional y el modus operandi
La estrategia de apropiación de tierras, detalla Carlos Covarrubias, se ejecuta en tres momentos: el primero, de prospección y cooptación de los ejidos, donde las empresas compran la voluntad de comisarios ejidales y generan una “microbase social” que les permite operar.
El segundo es la identificación de opositores y su neutralización. Aquí, detalla el activista, las empresas comienzan a subvencionar con cosas básicas a los núcleos opositores, aprovechando el abandono estatal que padecen muchas de estas comunidades. En algunos casos, cuando los opositores no ceden, se ha documentado en otras regiones del país el uso de violencia y tácticas ilegales.
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El tercer momento es el del establecimiento de alianzas políticas, donde las empresas, una vez teniendo el control de las comunidades, “se alían con el partido político que gobierne el municipio, no importa su color, y luego saltan a una alianza con el gobierno del Estado. En San Luis Potosí, esta alianza ha funcionado de manera idónea, como en ningún otro lugar de México”, apunta Covarrubias.
Aunado a esto, la apropiación del territorio se da bajo un esquema de control social que utiliza el «usufructo de la tierra», firmando contratos que se basan en el Artículo 40 de la Ley Agraria.
Estos acuerdos son facilitados por funcionarios de la Procuraduría Agraria, algo que el propio Noyola Ledezma reconoce, y llama “un proceso de captura de las instituciones”.
Como ejemplo, explica el funcionario, está el caso de la anterior jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Matehuala, Rosa Idalia Ascona Segovia, quien tuvo que ser removida de su cargo porque su hermano era el gerente de la planta de Proteína Animal en la región. Esto, admite el funcionario, era un claro conflicto de intereses que aún prevalece en otros sectores del servicio público, pero también en notarías y autoridades judiciales.
Aunado a esto, añade Carlos Covarrubias, otros de los empresarios que se ven favorecidos por estas prácticas irregulares son familias como los Cerrillos Chowell, el grupo Salinas Pliego, vinculado a megaproyectos como el parque eólico Joya Honda, impulsaos por Iberdrola, y proyectos industriales logísticos, como el diferido en el ejido La Pila.
Un hito histórico
Ante este panorama, la acción en Las Margaritas fue un punto de convergencia para diversos movimientos de resistencia agraria de San Luis Potosí que comparten una visión fundamental de la lucha agraria: “defender lo que ya tienen o rescatar lo que nos quitaron”.
Entre los ejidos y comunidades presentes, además de Las Margaritas y los wixárikas, se encontraban:
Peyote y Peotillos, de la Sierra Real de Guadalcázar, con una larga trayectoria de lucha.
La Pila, ejidatarios luchando contra la privatización de sus tierras.
El Comité Comunal y Ejidal de Guadalupe Victoria y La Cruz de Mexquitic de Carmona, considerados la «frontera en resistencia» contra el crecimiento inmobiliario-industrial.
La comunidad de Picacho, también de Mexquitic de Carmona.
Colonos de La Manzanilla del municipio de Tamuín, y otros grupos de ejidatarios de El Naranjo.
Ejidatarios y comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos, incluyendo a figuras como Don Noel de la Rosa y Tomás Jaso, quienes han luchado desde 1982 contra la privatización de su territorio.
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Ejidatarios de Mezquital de Villa de Arriaga y Núñez, en Guadalcázar.
Ejidatarios de Corcovada, de Villa Hidalgo.
Ante esto, la Procuraduría Agraria y activistas como Carlos Covarrubias vieron en esta acción un movimiento hacia una nueva fase de la lucha agraria. Noyola Ledezma resaltó dos aspectos inéditos:
El primero: la convergencia histórica del movimiento campesino, el movimiento indígena (wixárika) y el movimiento ambiental, que debe servir como ejemplo a nivel nacional.
El segundo: el paso de la fase de resistencia a una «ofensiva operativa» o «contraofensiva», donde las comunidades ejercen su autonomía con acciones contundentes y completamente legales.
Sin embargo, como apunta Carlos Covarrubias, para que la acción no quede solo como «anecdótica», se requiere una consolidación del trabajo en Margaritas, una inversión auténtica para mejorar las condiciones de vida de los ejidatarios, y un ejercicio de «microcambio» que detenga la manipulación asistencialista de los poderes fácticos. El movimiento exige que el gobierno federal cumpla y exija a los grupos fácticos que cumplan con la ley «punto y coma», algo que históricamente no han podido hacer.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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