Si el gobierno federal quiere contribuir a mejorar los medios de vida en las áreas naturales protegidas, hay que fortalecer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es quien tiene el mandato de perseguir esos objetivos en las áreas naturales protegidas y dotarla del presupuesto y del personal para lograrlo

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El 17 de junio se publicó en el Diario oficial de la Federación un acuerdo por el que se modifican las reglas de operación del programa Sembrando Vida para permitir la participación en él de productores que se ubican en las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas del país y flexibilizar la vinculación con sus programas de manejo. Esto es un error desde el punto de vista ambiental, es difícil de justificar desde el punto de vista legal y es un nuevo golpe a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), una institución ya de por sí maltratada por los recortes presupuestales.

Antes las reglas de operación de Sembrando Vida establecían que, si un terreno que se quiere inscribir al programa “se encuentra en un área natural protegida, éste no deberá estar en el área núcleo y deberá regirse bajo lo permisible en el plan de manejo”. Ahora, por el acuerdo modificatorio, “si la unidad de producción se encuentra en la zona núcleo de un área natural protegida, podrán [los participantes en el programa] realizar acciones de reforestación y/o de recuperación ecológica” y, si el terreno se encuentra en áreas o zonas de amortiguamiento, “podrán regirse bajo lo permisible en el plan de manejo del área natural protegida”. Estos cambios son extremadamente graves.

Por una parte, presentar el respeto a los planes de manejo de las áreas naturales protegidas como algo opcional —los participantes en el programa ya no deberán regirse por ellos, sino que podrán seguir lo que marcan— es faltar a la ley, porque los planes de manejo de las áreas naturales protegidas son de obligado cumplimiento. Por otra parte, la modificación abre la puerta para que en las zonas núcleo de esas áreas se realicen actividades que no tienen nada que ver con los objetivos de conservación para los que se establecieron y, peor aún, justamente en su fracción más importante. 

En ese sentido, no hay que olvidar que Sembrando Vida no es un programa ambiental, sino un programa social. Las reglas de operación del programa establecen que sus objetivos prioritarios son “contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra”. La conservación y la restauración de los ecosistemas ni siquiera se mencionan. 

En las reglas de operación sí se habla de reforestación, pero ésta, como se define en la Ley general de desarrollo forestal sustentable, es muy distinta de la restauración. La reforestación implica solamente la siembra de “especies forestales en terrenos forestales”. La restauración, en cambio, abarca todo un “conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema forestal para recuperar parcial o totalmente sus funciones originales”. Una es simplemente poner árboles donde se los había perdido. La otra es efectivamente restaurar un ecosistema en toda su diversidad. 

Si el gobierno federal quiere contribuir a mejorar los medios de vida en las áreas naturales protegidas y, como ha dicho el presidente de la República, Sembrando Vida pretende también recuperar los ecosistemas que están dañados, entonces la salida es muy clara: hay que fortalecer a Conanp, que es quien tiene el mandato de perseguir esos objetivos en las áreas naturales protegidas, y dotarla del presupuesto y del personal para lograrlo. Pretender que esos objetivos se persigan a través de un programa que no tiene nada que ver con lo ambiental fuera de algunas salvaguardas es un error y, probablemente, también una ilegalidad. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.