Familiares protestan por la liberación de uno de los feminicidas de Fátima; demandan seguridad y justicia
16 junio, 2022
La señora Lorena Gutiérrez reclama que no hay compromiso de reparación del daño por parte de los feminicidas de su hija Fátima de 12 años de edad. Uno de ellos, menor de edad cuando participó en el crimen, fue liberado. La familia reclama seguridad
Texto: Daniela Rea y María Ruiz
Fotos: María Ruiz
ESTADO DE MÉXICO.- Fátima tenía 12 años y vivía en la comunidad de La Lupita Casasviejas, en el municipio de Lerma, Estado de México, con su mamá Lorena, su papá Jesús y sus cuatro hermanos. Estudiaba la secundaria. El 5 de febrero del 2015, cuando volvía de la escuela, dos vecinos -los hermanos Luis Ángel y Misael Atayde Reyes- y un amigo de ellos -José Juan Hernández Tecruceño- la detuvieron, la llevaron por la fuerza a su domicilio, la torturaron, abusaron sexualmente de ella, la mutilaron, la asesinaron y arrojaron su cuerpo en una ladera del bosque.
Al ver que su hija no llegaba a casa Lorena, su esposo e hijos salieron a buscar a Fátima y tocaron las campanas del pueblo para pedir ayuda a su búsqueda. Encontraron su cuerpo semienterrado en la ladera y sus pertenencias en la casa de los vecinos. La gente del pueblo detuvo a los presuntos responsables e intentó lincharlos, pero Lorena, persuadida por la policía, acordó liberarlos de la turba y entregarlos a las autoridades.
Misael era menor de edad cuando cometió el feminicidio -le faltaban algunos meses para cumplir 18 años-, por lo que fue liberado y gracias a la lucha de la familia giraron de nuevo una orden de aprehensión en su contra y fue recapturado en el año 2017. El 8 de junio de ese año se dictó sentencia: Misael -quien ya tenía entonces 19 años- fue sentenciado a la pena máxima para menores de edad, 5 años; Luis Ángel fue sentenciado a 73 años. El 21 de octubre del 2021 se dictó sentencia vitalicia condenatoria contra José Juan Hernández Tecruceño.
Este 16 de junio Misael salió de prisión.
La señora Lorena reclama que a su hija se le cortó el proyecto de vida y que no ha habido un compromiso de reparación del daño por parte de los responsables.
“Mi hija tenía derecho a un proyecto de vida, a la juez se le olvidó citar los derechos de Fátima al dictar sentencia. Mi hija tenía derecho a la vida, derecho que Misael no le respetó a mi hija. Hay unos vacíos inmensos de estas leyes para menores asesinos nos dejan mucha impotencia hacia este sistema. Es muy difícil entender de leyes cuando se es una mamá que se dedicaba a cuidar a sus hijos y procurar el bienestar de mis hijos. Me siento muy herida”.
Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima.
La señora Lorena pugna por que se hagan reformas al respecto. La impunidad en este país, señala, no permite que haya justicia.
“La impotencia me rebasa, ellos tienen los derechos y nuestros hijos jamás podrán levantar la voz para exigir el derecho del que ellos dispusieron, el derecho a la vida”.
Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima.
¿Menores infractores? La discusión de la pena
El artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que “la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada”.
A raíz del incremento de adolescentes involucrados en delitos de alto impacto el Ejecutivo federal envió en 2020 una iniciativa de reforma para doblar las penas máximas de menores infractores. Para los menores de entre 14 y menos de 16 años, la pena máxima se esperaba que pasara de 3 a 6 años; para los adolescentes que tuvieran entre 16 y menos de 18 años, la pena máxima pasaría de 5 a 10 años. En ese entonces, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo ante los senadores al presentar la propuesta, que “está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito; tenemos que hacer algo para detenerlo”. Además la reforma planteaba que una vez que los jóvenes cumplieran su mayoría de edad, debían compurgar el resto de su pena en el sistema penitenciario para adultos. Sin embargo la reforma no pasó.
A nivel estatal hay diferencias entre las penas para adolescentes infractores. En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Michoacán, por ejemplo, la pena máxima para delitos de alto impacto es de 10 años; Morelos tiene una pena máxima de 9 años; en el caso de Campeche, Jalisco o Guanajuato es de siete años.
De acuerdo con el ‘Estudio de Factores de Riesgo en adolescentes que cometieron delitos de alto Impacto Social’, elaborado por la organización Reinserta, en el año 2018, en México una tercera parte de los adolescentes detenidos en centros de internamiento son reincidentes antes de cumplir los 18 años. Entre las explicaciones que encontró la organización existe una relación significativa con la presencia de grupos delictivos en su comunidad, además de contar con familiares o amigos que hayan cometido algún delito. La organización consideró que los centros de detención deben ser verdaderas comunidades de tratamiento y de oportunidad para que los jóvenes que ahí estén logren la reinserción social.
Una protesta contra la impunidad
La familia Quintana Gutiérrez protestó contra la liberación de Misael Atayde en la plaza González Arratia, en el centro de Toluca.
En este lugar se encuentra un memorial para Fátima Quintana, el cual fue intervenido con mensajes de protesta contra la impunidad.
Junto a las organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Justicia Derechos Humanos y Género, activistas feministas y familias de víctimas de feminicidio, la Familia Quintana Gutiérrez se posicionó en contra de la liberación de Misael Atayde, uno de los tres feminicidas de Fátima.
Además exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado las siguientes medidas de protección por las amenazas que han vivido:
1) Se garantice a la familia resguardo y seguridad en todos sus traslados y diligencias que realicen para el seguimiento de los procesos.
2) Garantizar la seguridad personal, transporte, alimentos, mudanza a la familia Quintana Gutiérrez así como brindarles las herramientas de comunicación inmediata con autoridades de seguridad.
3) Prohibición inmediata a Josué Misael Atayde y a su familia de acercarse, comunicarse, intimidar o molestar a la familia.
4) Brindar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la vida de la familia.
Y a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México:
Continuar brindando las medidas de apoyo victimal garantizando los derechos económicos, sociales, de salud y culturales de la familia. Un plan que considere medidas de restitución, no repetición y reconstrucción del plan de vida familiar, reparación del daño señalado en las diversas sentencias condenatorias a los tres feminicidas de Fátima. Cumplimiento de pago de reparación del daño al que se encuentra ligado Misael Atayde.
La protesta terminó con un ritual y el grito de exigencia de la familia contra la violencia feminicida y la no repetición:
«Me indigna que no haya medidas de no repetición para las mujeres», denunció Lorena Gutiérrez.
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Foránea siempre, lo suyo es lo audiovisual y el periodismo es la vía por donde conoce y cuestiona al mundo.
Reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón”; y coautora del libro La Tropa. Por qué mata un soldado”. Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”. Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.
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