La nominación de Claudia Pavlovich parece continuar la tradición abierta con Fidel Herrera de premiar a personajes con un pasado cuestionable en el Consulado de México en Barcelona

Por Arturo Landeros Suárez*

La reciente nominación de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano como cónsul general de México en Barcelona se suma a la lista de agravios que el gobierno mexicano ha tenido con esta región de España. Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, dejó el cargo tras la victoria de Morena en esa entidad. Su nombramiento parece más un premio por los servicios brindados a la transición que fruto de algún tipo de mérito político en materia de servicio exterior, puesto que carece de experiencia diplomática.

La delegación consular establecida en Barcelona tiene como función representar los intereses de México en Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y Baleares, territorios donde habitan cerca de 12 mil connacionales. Desde el restablecimiento de las relaciones de México con España el 28 de marzo de 1977, después de una ruptura de 40 años durante la dictadura franquista, el Consulado establecido en la capital catalana constituyó una relación diplomática al viejo estilo priista, pero con la buena marca del Servicio Exterior Mexicano. El SEM es una institución que ha tenido momentos de gran altura de miras, no solo en los servicios propios de una delegación consular, sino también un trato institucional con el país anfitrión y las personas mexicanas residentes en la demarcación.

En materia de derechos humanos, el SEM ha tenido el reconocimiento de facilitar asilo en México a personas que se ven obligadas a dejar sus países para sobrevivir, como el muy conocido caso de las personas exiliadas por las dictaduras sudamericanas en los años setenta, o los pueblos originarios de Guatemala durante el conflicto armado en ese país. Sin embargo, no se olvida que muchas de estas acciones políticas por la defensa de los derechos humanos en terceros países se llevaban a cabo durante los años de guerra sucia interna en México.

Y esto es importante por la forma en que el servicio consular responde ante las demandas sociales sobre la actual situación de violencia en México. A fin de cuentas, un Consulado es la representación política de una nación. Es decir, un organismo que da la cara por las faltas que ese Estado pueda cometer en materia de derechos humanos, represión o masacres, ante las sociedades que alojan esta representación diplomática.

En los últimos 20 años, los y las titulares del Consulado de México en Barcelona han tenido diferentes formas de encarar las manifestaciones contra el Estado mexicano materializadas en la delegación consular. Frente a las protestas por la violenta represión contra el movimiento popular en Oaxaca de 2006, una cincuentena de personas invadió el jardín del consulado ubicado en la zona alta de Barcelona. La reacción del personal consular fue alertar a la policía, la cual ingresó en el inmueble con ánimo de detener a los manifestantes. El entonces cónsul, Jaime García Amaral, recientemente fallecido, detuvo el desalojo y optó por entablar un dialogo in situ con quienes se manifestaban y escuchó las demandas, comprometiéndose a darles cauce.

Por aquellas fechas también fue interesante ver a un excónsul, Sealtiel Alatriste Lozano, acompañar al escritor José Saramago a la manifestación de la comunidad mexicana organizada que denunciaba el intento de desafuero a López Obrador en 2005. Alatriste había terminado su mandato el año anterior, pero continuaba viviendo en Barcelona.

García Amaral dejó la legación diplomática en 2010, para ser sustituido por Francisca Méndez Escobar, que tendría una breve función como cónsul encargada durante año y medio. Ella tuvo que hacerse cargo de la rechifla popular que recibió al aparecer en el balcón principal del Ayuntamiento de la Ciudad para conmemorar el bicentenario de la independencia. Los ánimos caldeados por la situación de violencia por la guerra de Calderón comenzaban a ser notorios.

Poca sensibilidad tuvo su sucesora, la cónsul Norma Ang Sánchez, al dar el Grito de independencia de 2011 desde la cubierta del buque escuela Cuauhtémoc, atracado en el puerto de Barcelona. Al fin y al cabo, se trataba de un buque militar. En los peores momentos de violencia en México, cuando el “ejecutómetro” marcaba miles de personas asesinadas en la mal llamada guerra contra el narco, la ceremonia del Grito fue también el escenario de una de las protestas más sonoras contra el gobierno mexicano desde la Ciudad Condal.  

Así continuó Ang hasta ser relevada por el infausto Fidel Herrera Beltrán, en 2015. De Herrera no hay mucho más que decir que no se pueda leer en los recortes de prensa de aquellos años, tanto en medios españoles como mexicanos. El rechazo y los cuestionamientos de buena parte de la sociedad migrante mexicana y catalana demostraba el hartazgo de la impunidad con la que se podía premiar a personajes muy cuestionados por actos de corrupción y sospechas de cercanía con el narco.

Tras la abrupta huida de Herrera, en 2017, la cónsul encargada, María Teresa Rosas Jasso, ha recibido algunas protestas en el marco de la situación de violencia que viven algunas regiones de Chiapas. Especialmente el incremento del paramilitarismo en Chenalhó. Su estilo ha sido el del viejo priismo, recibir una carta y dejarlo pasar. Sin mayor intención de dar explicaciones.

Es en este marco, en este recuento, que la reciente nominación de Claudia Pavlovich parece continuar la tradición abierta con Fidel Herrera de premiar a personajes con un pasado cuestionable. La prensa mexicana se ha hecho cargo de contar la cercanía de la exgobernadora de Sonora con casos como el silenciamiento de la muerte de 49 menores de la Guardería ABC, denunciado por los familiares de las víctimas. Campesinos del ejido El Bajío también denuncian públicamente a Pavlovich por represión y el despojo de sus tierras comunales para favorecer a una empresa minera. La Tribu Yaqui deja oír su inconformidad con el nombramiento por la indefensión que sufrieron durante su mandato. También hay denuncias de la organización Mexicanos contra la Corrupción por el desvío de 140 millones de pesos a las campañas electorales del PRI, la llamada “Operación Safiro”.

El SEM de carrera solía ser una institución en la que los aspirantes a un cargo debían concursar para obtener el escalafón y con un proceso de evaluación sistemática y meritoria. La designación de personajes políticos que han sido cuestionados por sus malas acciones es un mensaje erróneo sobre la política exterior mexicana. Una gobernadora envuelta en sospechas de corrupción, señalada por indolencia en casos tan dramáticos como la guardería ABC, no parece tener la sensibilidad requerida para conectar con el momento político que vive España y una comunidad mexicana preocupada por la persistencia de la violencia en México. Sobre todo si tienen que actuar en conformidad con principios universales como la declaración de derechos humanos.

Siendo así, cabe preguntarse por qué, si México tiene una tradición de diplomáticos notables y buenos intelectuales que pueden colaborar en el servicio exterior, el gobierno de la 4T manda a Barcelona la morralla de la política nacional.

*Periodista. Taula per Mèxic Barcelona.