12 abril, 2022
En medio de una crisis por feminicidios y desapariciones de mujeres en Nuevo León, el gobierno local destinó un grupo de 200 policías para estas tareas. El colectivo Fuerzas Unidas cuestionó el trabajo del gobernador Samuel García en seguridad y justicia. En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada ONU advirtió que en México urge una una política nacional de prevención de desapariciones de personas
Texto: Elefante Blanco / Zona Docs
TAMAULIPAS.- Ante la crisis de desapariciones de mujeres y feminicidios, el gobierno de Nuevo León creó un grupo de 200 policías de Fuerza Civil para la búsqueda de personas y detener la violencia de género.
Este lunes por la mañana se publicó el decreto de emergencia, mismo que fue presentado por el gobernador Samuel García. El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, fue asignado como responsable de dar resultados e informar a la ciudadanía.
Al grupo especial de policías estatales se le otorgó capacidades para investigar, por lo que rendirá informes de los casos en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Trabajarán sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas. Que ninguna puerta nos detenga para ir a rescatar a las mujeres y arrestar a los violentadores”, dijo García Sepúlveda.
El gobernador Samuel García enfrenta su primera crisis local de derechos humanos, ya que aunque el año pasado estableció un diálogo con las familias de víctimas de desaparición forzada en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, nunca hizo suya la tragedia y responsabilizó al gobierno de Tamaulipas.
Ahora la situación es distinta porque las denuncias son en territorio nuevoleonés. Asimismo, la protesta de las colectivas feministas y familias ocurrida el pasado domingo frente al Palacio de gobierno provocó una reacción que deberá trascender al papel y el discurso.
El quiebre se ha dado por los casos de María Fernanda, joven de 27 años que fue reportada como desaparecida el 3 de abril y encontrada asesinada 4 días después, y de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, quien desapareció este pasado viernes en Escobedo.
Al respecto, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León sostuvo que la cifra real de mujeres desaparecidas es de 157 en los 27 meses recientes. Empero, los reportes de casos de larga y mediana data suman 1,793.
“[…] hoy estamos aquí para exigir la localización de Yesenia Camacho Torres y Coral Safiro, desaparecidas el 12 de agosto del 2021; Cruz Elvira Hernández Garza, Blanca Vianey Sánchez García y Cinthya Janett Villarreal García, desaparecidas el 14 de agosto del 2021; Yarely Anaheim De León Gaytán, desaparecida el 24 de agosto del 2021; Guadalupe Martínez Segundo y Eva Janeth Coronado Luna, desparecidas el 28 de noviembre del 2018; María Inés González Carranza,desaparecida el 18 de febrero del 2016; Laura Catalina Santana Ávalos, desaparecida el 29 de marzo del 2011; Griselda Mayela Alvarez Rodríguez, desaparecida el 11 de agosto del 2020; Yolanda Martínez Cadena, desaparecida el 31 de marzo el 2022; Zury Santiaga Vigil Zapata, Desaparecida el 19 de marzo del 2022; Avril Andrea Zuñiga Monsalvo, desaparecida el 28 de febrero del 2022; Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida el 08 de abril del 2022 y exigir la localización de las 1,793 Mujeres Desaparecidas en Nuevo León.”, nombraron en un comunicado.
Fuerzas Unidas cuestionó el trabajo del mandatario Samuel García en seguridad y justicia. Criticó la permanencia de servidores públicos que llevan más de una década en puestos claves sobre estos mismos delitos, como Aldo Fasci, secretario de seguridad pública.
Ante el reclamo social, el decreto ordena la creación de un segundo grupo, integrado por la Secretaría General de Gobierno (SGG), Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de las Mujeres (SM), Fiscalía General, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión Local de Búsqueda.
Las tareas instruidas son el acompañamiento a las víctimas indirectas y directas, la actualización de protocolos y una alerta generalizada en todas las corporaciones de seguridad y de protección civil del estado y los municipios, y los servicios telefónicos estatales Informatel y Locatel.
Al finalizar el anuncio, Samuel García se refirió a la protesta de mujeres por las calles de Monterrey, donde un grupo prendió fuego a una de las puertas del Palacio de gobierno, igual que lo hizo en la marcha del pasado 8 de marzo.
“De nada sirve quemar puertas. Vayamos juntos a buscar a estas mujeres”, dijo el político de Movimiento Ciudadano.
Del 15 al 26 de noviembre de 2021, una delegación de cuatro miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU visitó 13 estados para conocer la situación real de las desapariciones en el país. Su conclusión es contundente: “En México, servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas”.
Para terminar con ello instó al Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a “crear acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta tragedia humana”.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, esta es una de las conclusiones a las que llegó el Comité CED tras su visita a México y que ahora pueden leerse en el Informe que presentó este 12 de abril.
En la lectura de este documento además señalaron que:
“Los Estados en parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
A estas conclusiones llegaron luego de hablar no sólo con familiares de víctimas de desaparición sino también con funcionarios públicos y dependencias que tienen como obligación la búsqueda de las y los desaparecidos, así como con las instituciones encargadas de investigar del delito, prevenir las desapariciones y detener a los perpetradores de este delito de lesa humanidad.
El informe además detalla las tendencias recientes, causas fundamentales y desafíos actuales que experimenta el país en razón de las miles de desapariciones forzadas que aquí se han cometido. Desapariciones que no se detuvieron desde que el Comité visitó el país, pues desde su estancia se pasó de 95 mil 121 desapariciones a 98 mil 884; es decir, 3 mil 763 personas desaparecidas más en el país.
Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.
Más sobre este tema en el especial #NosQueremosVivas
Además, durante la presentación del informe el Comité señaló que es alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas, la cual precisa “fue facilitada por la impunidad casi absoluta en la comisión de este delito”.
Y para muestra indicaron que hasta noviembre de 2021: sólo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, pues “entre el 2 y el 6%, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, denunció el Comité.
En consecuencia, entre las recomendaciones dadas por el Comité al Estado Mexicano señaló que éste “debería implementar de manera urgente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas”.
Este trabajo fue realizado por ELEFANTE BLANCO y ZONA DOCS,, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de periodistas de a Pie. Aquí y aquí puedes consultar las notas originales.
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