La planta de amoniaco de Topolobampo fue construida sobre el noveno humedal de mayor prioridad en México con un permiso que la Semarnat dio en 2014. Este miércoles la Suprema Corte echó abajo los permisos por no consultar a la comunidad afectada

Texto: Marcos Vizcarra / Revista Espejo

Fotos: Revista Espejo

SINALOA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el amparo a favor de la comunidad de Lázaro Cárdenas, en Topolobampo, para echar abajo los permisos otorgados por Semarnat a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) para construir una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira.

El proyecto estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien atrajo el amparo 528/2018 promovido por la comunidad de Lázaro Cárdenas. Este es uno de los pueblos indígenas que podrían verse afectados por el funcionamiento de la planta que produciría 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa leyó el proyecto y lo puso a votación del Pleno de la Segunda Sala de la Corte, donde prácticamente no hubo una mayor discusión, salvo que deberá definirse los alcances, efectos y condiciones.

Las comunidades de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones promovieron amparos con jueces federales entre 2018 y 2019. Esos recursos legales frenaron de manera momentánea la construcción, aunque en ese momento ya habían deshecho 24 hectáreas de mangle y con ello el hábitat de aves, peces y otras especias como camarón.

En esos pueblos habitan comunidades indígenas de la Nación Mayo-Yoreme, cuya creencia se basa en el respeto a la tierra y el agua.

Las comunidades se quejaron ante los jueces federales por la falta de una consulta indígena y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso. El proyecto, a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, fue por tumbar todos los permisos y abrir de nuevo el proceso para que se haga una consulta y tomar en cuenta a la Nación Mayo-Yoreme.

La empresa GPO, subsidiaria de la firma alemana Proman, obtuvo permisos en 2014 por Semarnat para poder iniciar operaciones en la bahía de Ohuira para un proyecto que costaría hasta mil 250 millones de dólares en un lugar donde se desarrolla la nación Mayo-Yoreme con distintas comunidades, entre ellas Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira.

El ministro Pérez Dayán señaló en su proyecto que la misma instalación de la planta puede impactar en la forma de vida de las personas que integran la nación Mayo-Yoreme, por lo que se debió informar y plantear posibles beneficios antes de dar el favor a GPO.

La Semarnat alegó que la ausencia de la consulta es porque para la dependencia no era necesaria, debido a que “es ambientalmente viable, entonces, ante la ausencia de una afectación significativa al ecosistema, resulta innecesario realizar la consulta indígena”.

El magistrado señaló que esa visión es errónea, al asegurar que “la finalidad de realizar tal proceso consultivo consiste, precisamente, en permitir que estos pueblos y comunidades puedan participar en la determinación de los impactos que podría generar el proyecto y, por otra, porque la consulta previa debe realizarse con independencia de si los impactos de un proyecto son negativos o positivos“.

*Esta nota fue realizada por REVISTA ESPEJO, medio aliado de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.