El gobierno federal no actúa y más bien criminaliza a quienes protestan en defensa de la naturaleza. En eso no es distinto a los gobiernos anteriores

Twitter: @eugeniofv

La Ciudad de México y el área conurbada se han pasado los últimos días respirando aire de mala o muy mala calidad. Con todo y el parón económico de la pandemia el 2020 volvió a romper récords de pérdida de bosques primaros en México, después de que en 2019 se perdieran más hectáreas que en ningún otro año de este siglo (los datos sobre 2021 prometen no ser mejores). El Monitor de Sequía reporta que la mitad del país enfrenta tiempos “anormalmente secos” y gran parte de México tiene que lidiar con una sequía que irá de severa a extrema. Todo esto, además, ocurre mientras el Panel Intergubernamental de Cambio Climático anuncia en su informe publicado este mismo lunes que, “si queremos limitar el calentamiento global a 1.5 grados, es ahora o nunca”. 

La sociedad está actuando con urgencia y con fuerza ante la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental y se está jugando la vida en ello: 25 personas perdieron la vida defendiendo el medio ambiente en México durante 2021, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. En cambio, quien no actúa y más bien criminaliza a quienes protestan en defensa de la naturaleza es el gobierno federal. En eso —como en tantas otras cosas— no es distinto de los gobiernos anteriores. 

Esta franca ceguera —o criminal irresponsabilidad, según de quién se trate— no es nueva ni es exclusiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni de otros gobiernos de Morena. La han padecido todos los gobiernos mexicanos desde Ávila Camacho en adelante, en todos los órdenes. Buscando el crecimiento económico todos han emprendido megaproyectos que concentran la riqueza y favorecen a los grandes capitales, permitiéndoles erosionar el capital natural del que todos dependemos. Unos hicieron grandes presas hidroeléctricas públicas; otros, enormes granjas eólicas privadas; los más recientes, proyectos como el Tren Maya. 

Ninguno ha actuado con claridad ni contundencia contra la deforestación, que suma decenas de miles de hectáreas perdidas cada año desde al menos 2002. Es indignante ver a Felipe Calderón hablar de compromiso con el medio ambiente cuando está a sueldo de las grandes petroleras del mundo y cuando su programa forestal estrella, ProÁrbol, fue un fracaso rotundo. De Peña Nieto no sabemos qué piense al respecto, porque no hace más que pasearse fuera del país y aparecer en revistas del corazón, pero baste con recordar que su primer secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, más que para el país trabajaba por los intereses de los fabricantes de autobuses que no querían saber de ninguna regulación, y que la gestión de la Comisión Nacional Forestal en su sexenio alcanzó cotas de corrupción tales que se llegaron a cambiar las especificaciones de los carros bomba contra incendios por razones inexplicables. 

Todos hicieron como si tuviéramos naturaleza para rato, como si pudiéramos darnos el lujo de golpearla todavía más. Por eso se piensa hoy que sacrificar los cenotes de Tulum para elevar el Tren Maya es un lujo que nos podemos dar, y que llenar de hoteles Bacalar sin darle a nadie la capacidad de regularlos es un paso lógico para generar empleos. La realidad es otra, y ya se está notando. Los desastres ambientales son cada vez más la norma.

Sería ya hora de que el presidente de la República y la clase política toda caigan en la cuenta de que el planeta no da para más, de que más que destruir o dejar que se destruyan las selvas y los bosques habría que trabajar para restaurarlas, y de que eso no se logra repartiendo subsidios sino fortaleciendo instituciones y construyendo capacidades.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.