Familiares de personas desaparecidas en Chihuahua recorrieron, durante 4 días, unos 334 kilómetros para exigir al gobierno estatal su compromiso con la búsqueda en vida de personas desaparecidas. Como respuesta, la gobernadora María Eugenia Campos acusó uso político de las desapariciones de personas

Texto y fotos: Raúl Fernando / Raíchali

CHIHUAHUA.- —Yo estoy en esta caravana porque hace dos años, el 19 de febrero, desapareció mi esposo Alejandro González Barragán. Él se dirigía a Valle de Allende y ya no supe nada. Lo busqué, y mucho, pero nadie me dio razón de él —dijo Aracely Santana, en el poblado donde desapareció su esposo. A su alrededor estaban otras personas que, como ella, buscan a un ser querido.

La caravana “Caminando hasta encontrarles”, conformada por familiares de personas desaparecidas y organizada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), comenzó la mañana del 18 de marzo en Hidalgo del Parral al sur del estado de Chihuahua, una histórica ciudad minera con 170 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Ahí se reunieron decenas de personas por un mismo fin: solicitar una reunión con el fiscal Roberto Fierro y el secretario general César Jáuregui, con quienes no han tenido acercamiento seis meses después de que inició el gobierno de María Eugenia “Maru” Campos Galván.

Después de marchar desde el centro hasta la salida de la ciudad, la caravana se dirigió a las afueras de Valle de Allende, un poblado a 30 kilómetros, que representan media hora de camino en automóvil y alrededor de ocho horas a pie. En ese lugar se contabilizan siete personas desaparecidas según el RNPDNO.

—El primer año estuve yendo a fiscalía y nunca me dieron respuesta, nunca dieron ningún seguimiento a mi caso. Ahí se quedó todo. Yo iba y preguntaba y al contrario, ellos me preguntaban si yo sabía algo, pero si ellos son los que tienen que hacer el trabajo, les dije —continuó Aracely en la plaza principal de Valle de Allende.

Como muchas de las personas que conformaron este contingente, Aracely buscó un grupo que la apoyara después de la falta de respuesta de parte de las autoridades tras denunciar la desaparición de su esposo. Ahí encontró a otras personas que, como ella, buscan a su hijo, a su esposo, a su hermano u otro familiar desaparecido. Como ellas, Aracely tampoco pensó que un día tendría que marchar para exigir justicia.

Aunque en un principio algunas de las familias tenían miedo de entrar al poblado, por el ambiente de inseguridad que se vive ahí, entre ellas se sintieron apoyadas.

—Todas juntas no tenemos miedo pero cuando estamos solas sí —dijo una de las familiares de las víctimas.

Inocencio García Ruiz se fue de San Francisco del Oro a Valle de Allende en octubre de 2014 en busca de trabajo. Quedó de regresar por sus hijos en unos días pero no sucedió. Su familia comenzó a buscarlo y a preguntar por él, sin suerte. Al contrario, por temor no pusieron la denuncia de inmediato y pasaron tres meses antes de que lo hicieran. 

—No estamos solos, somos muchas personas con el mismo dolor que queremos encontrar a nuestras personas desaparecidas, nuestros seres queridos que tanto amamos. Hay que estar unidos en esto, ser empáticos, porque este dolor no es nomás de una familia, es de muchas y esto es algo que a cualquier familia le puede pasar —dijo una de las familiares de Inocencio.

Como Aracely, la familia de Inocencio es de Parral, pero han recorrido otros poblados en busca de respuestas o en reuniones. Para ellos es importante que la ciudadanía tome conciencia de este problema, pero también que las autoridades hagan su trabajo, que les den seguimiento a los expedientes y entreguen resultados.

—Como familiares nosotras a veces nos quedamos insatisfechas porque no vemos avances, no vemos atenciones de ellos. Pone uno la denuncia, nomás los primeros días investigan y ya se desaparecen y no volvemos a saber ni de nuestro familiar ni de las autoridades tampoco —continuó.

Abrir las puertas

Hace poco la familia de Inocencio recibió el aviso de un lugar en un estado vecino donde podrían estar sus restos. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) concretó un rastreo junto con la fiscalía de ese estado que tendrá lugar próximamente, en parte gracias a la intervención del Cedehm y otra organización aliada.

Gabino Gómez, quien representa a las familias de las personas víctimas de desaparición forzada por parte del Cedehm, dijo que a este rastreo también asistirá personal de la Fiscalía de la Zona Sur de Parral y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua porque tienen la obligación, pero el fiscal Fierro no autorizó la presencia de la Comisión Estatal de Búsqueda que depende de él.

—Se le hizo la petición a la Comisión Estatal de Búsqueda y nos informaron que no había autorizado el fiscal acudir —dijo.

Para Gómez es importante que las autoridades se reúnan con las familias para que las escuchen y se sensibilicen al respecto. La caravana es eso, explicó, un esfuerzo para “abrir las puertas” que hasta ahora permanecen cerradas.

—No queremos estar peleados. ¿Para qué? si no andamos buscando pleitos, andamos buscando soluciones, satisfacer a las familias. Para pelearnos pues hay otras arenas, pero ni tenemos aspiraciones de otra naturaleza, no nos mueve mas que el silencio y la necesidad de atención de las víctimas —dijo.

En la FGE, en las fiscalías de zona y en sus unidades de búsqueda hay operadores que se han sensibilizado con las familias de las personas desaparecidas, aseguró Gómez, personal que siente empatía y está dispuesto a colaborar. Así han logrado avances y concretado rastreos, aunque la situación actual le recuerda a la experiencia durante los últimos meses del gobierno del priísta César Duarte.

—Hoy me parece que hay una consigna del más alto mandatario, del titular de la fiscalía, y cuando eso sucede están obligados a hacer lo que el jefe diga —explicó Gómez—. Con el gobierno de Duarte en los últimos tiempos fue así de pleito porque había una negación al reconocimiento de las desapariciones. Eso no quisiéramos que llegara a ser porque a la sociedad no le ayuda, mucho menos a las víctimas.

En días recientes se llevó a cabo una búsqueda en unos tiros de mina al noroeste del estado. Fue una búsqueda que se planeó durante meses y que tenía como fin encontrar indicios de tres personas: Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidos por personas vestidas de uniforme militar en diciembre de 2009 en el Ejido Benito Juárez.

Pero, de acuerdo con Gómez, la Comisión Estatal de Búsqueda tampoco asistió a este rastreo por órdenes de su titular Roberto Fierro.

En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de estas tres personas en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual participaban fuerzas militares, así como por una serie de omisiones en las investigaciones correspondientes.

La sentencia pide al Estado mexicano, entre otras cosas, averiguar el paradero de las víctimas, un objetivo que sigue sin cumplirse cuatro años después.

José Ángel Alvarado Fabela ha visto desfilar funcionarios en la fiscalía y en dependencias de los tres niveles de gobierno, sin resultados que le den tranquilidad desde que busca a su hijo José Ángel y a Nitza y Rocío, también sus familiares. Esta es la cuarta administración del gobierno del estado con la que tiene que lidiar para encontrar respuestas. 

—Es la misma, todos son iguales. No hay nada, andamos igual que cuando empezamos —dijo José Ángel bajo la sombra de un huizache a la orilla de la carretera durante esta gran caravana de Parral a Chihuahua capital—. El otro día estuvimos platicando con Alejandro Encinas y dijo que ya se iba a arreglar esto, pero puras mentiras, no se ha arreglado nada. ¿Qué harían con él? ¿lo matarían o vivirá? ¿vestirá? ¿calzará? Solamente Dios sabe. No hemos tenido ni una respuesta de nada.

Gabino Gómez reconoce esa frustración y sabe que es importante que las autoridades escuchen a las víctimas, aunque no basta sólo con eso.

La relación entre el Cedehm y el gobierno del estado tenía menos roces durante la administración del ahora exgobernador Javier Corral. En ese periodo podían concretar reuniones con la FGE y las fiscalías de zona si las solicitaba. Incluso una de las fundadoras de esta asociación civil, Luz Estela “Lucha” Castro, fue elegida por el gobernador para formar parte del Consejo de la Judicatura, un puesto que abandonó en 2019 alegando motivos de salud.

—Tuvimos muchas reuniones, a lo mejor con pocos avances, pero el sólo de escuchar es importante para la gente, que los escuchen, a veces con eso es suficiente, para que la familia se sienta bien —dijo Gómez—. Con el tiempo si no hay resultados pues a lo mejor se revierte la opinión, pero es la importancia que tiene ser escuchado.

Hombro con hombro, corazón con corazón

De Valle de Allende la caravana continuó su recorrido hacia Jiménez, una ciudad rodeada de nogales, uno de los negocios más redituables de la agroindustria chihuahuense, y donde hay al menos 59 personas desaparecidas, indica el RNPDNO. 

A la marcha hacia el centro de la ciudad se incorporó la madre de Víctor Jesús Valadez García, quien desapareció en junio de 2018 en camino al Ejido Zaragoza, y entregó pesquisas con el rostro de su hijo a las personas que se las miraban pasar. Hasta la fecha no hay indicios de su paradero.

En Jiménez también desapareció Luis Manuel Rojas Estrada, de 17 años, en noviembre de 2017 junto con otros dos jóvenes. Su madre, Karla Ivonne Estrada Mesa, y sus hermanos lo buscan desde entonces a pesar de la pasividad de las autoridades correspondientes. Ella se acercó al Cedehm para llamar la atención sobre el caso de su hijo al sentir que la investigación no avanzaba. Tampoco hay indicios de dónde podría estar él.

Luis Manuel García Mosqueda y Jesús José López Hernández fueron privados de su libertad el 5 de agosto de 2017 también en Jiménez. Los buscan su esposa, su hermana, su madre y sus hijos. No han sabido de ellos desde entonces.

En el segundo día de la caravana, las familias salieron de la ciudad de Jiménez y caminaron cerca de 7 kilómetros por la carretera Panamericana hasta la caseta de cobro. El sol del mediodía las obligaba a detenerse en momentos o a subir a alguno de los automóviles que cuidaban al grupo en la retaguardia.

La familia Barajas es de Camargo —donde hay registro de 31 personas desaparecidas— y ahí se incorporaron a la marcha en apoyo a Celso Francisco Barajas Olivas, desaparecido el 22 de diciembre de 2017. Un testigo vio cómo se lo llevaron personas a las que les daba instrucciones una mujer uniformada de policía en una patrulla.

Pusieron la denuncia dos días después ante la fiscalía en Parral, pero se desilusionaron pronto al no ver resultados. 

—Levantamos el acto y el día seis de enero regresamos y no tenía nada. Era el simple papel del reporte de la desaparición de mi hermano y no nos habían apoyado en nada. 

El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, creada durante la administración de Javier Corral con apoyo del Cedehm. Fueron detenidos cinco policías municipales de Valle de Allende por el delito. En los próximos días habrá una resolución sobre la culpabilidad o inocencia de los sospechosos, aunque sigue sin saberse qué pasó con Celso Francisco.

—Hemos avanzado mucho gracias a Dios, pero pues sin noticias de él que es lo que más nos importaría. Cuando en un principio empezamos la búsqueda de mi hermano nosotros sólo queríamos encontrarlo, no queríamos justicia para nadie ni dañar a nadie realmente, pero no se dieron así las cosas. Ahorita pues sólo lo que queremos y por lo que hemos luchado y seguimos luchando es por encontrarlo —dijo Luz Elena, hermana de Celso.

La familia Barajas jamás se imaginó que tendría que pasar por algo así. Simplemente no se lo esperaban. Sabían que la desaparición forzada es una realidad en México, pero no pensaron que les podría pasar a ellos. Como las otras personas, buscaron un grupo en qué apoyarse, con personas que las entendieran porque también han pasado por lo mismo, por la pérdida de un ser querido y la incertidumbre de saber dónde está.

—Aquí estamos luchando día a día con todas las personas porque somos una familia y a todos nos falta ese pedacito de nuestro corazón… yo sólo quisiera encontrar a mi hermano y pedirle a Dios por todas las personas desaparecidas, por todos nuestros hermanos desaparecidos. Tenemos cuatro años en esta lucha y seguiremos luchando hombro con hombro con todos los compañeros, corazón con corazón, hasta poder saber algo de nuestros seres queridos —continuó Luz Elena.

La caravana llegó a la ciudad de Chihuahua —donde hay al menos 495 personas desaparecidas —a la una de la tarde del lunes, a poco más de 300 kilómetros de distancia del punto inicial, y después de pasar por La Cruz, Saucillo, Delicias y Meoqui. 

Ahí se encontraron con otros colectivos, amigos y familiares que les apoyan en su búsqueda y marcharon desde el inicio de la Av. Independencia hasta la Cruz de Clavos en la Plaza Hidalgo, ese antimonumento frente al Palacio de Gobierno en memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas en el estado.

Las puertas del Palacio de Gobierno estaban abiertas, pero resguardadas por agentes de seguridad. Ante el silencio de las autoridades, se escuchó el reclamo de las familias.

—El fiscal todavía no nos ha dado una respuesta, todavía no nos dice si nos va a recibir, todavía es indolente, todavía en este momento después de caminar cuatro días no hemos recibido una sóla respuesta del fiscal, mucho menos de Maru. Estamos esperando, estamos aquí y no vamos a descansar, vamos a seguir luchando por los nuestros, por nuestros desaparecidos. No vamos a permitir que siga indolente, que siga indiferente —dijo Lourdes Hernández con el megáfono en mano.

La hija de Lourdes, Pamela Portillo, desapareció el 25 de julio de 2010 en la Av. Pacheco de la ciudad de Chihuahua junto con un militar. Como muchas otras madres y familias, ella misma ha investigado qué pudo haber pasado con su hija y hace lo que puede —y un poco más— por encontrarla.

Actualmente en el estado de Chihuahua hay 3 mil 462 personas reportadas como desaparecidas y que siguen sin ser localizadas. Las autoridades en cuestión, Roberto Fierro y César Jáuregui, siguen sin contactar a las familias.

Este martes por la mañana, al día siguiente de finalizada la marcha, un grupo de reporteros interceptó a la gobernadora Maru Campos en el Palacio de Gobierno. Cuando le preguntaron sobre la caravana, la gobernadora sólo hizo referencia a personajes de izquierda que desde hace décadas están activos en la lucha social en Chihuahua, que son cercanos al Cedehm por un motivo u otro, y que fueron funcionarios en el gobierno de Javier Corral.

—Sí, caray. ¿Está como medio raro, no? Lucha Castro, Víctor Quintana, otra vez el régimen corralista en todo su apogeo. Muchos saludos a doña Lucha Castro por cierto —dijo la gobernadora.

“No somos raras, estamos indignadas”

Al finalizar la caravana las familias publicaron una carta abierta a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván en la que exigen respeto y compromiso con la búsqueda de desaparecidos.

“Nos indignan profundamente sus declaraciones de que estaban ‘raras las marchas de las personas desaparecidas’. ¿Así que le parecemos raras…? las madres, las esposas, las hijas, los padres, los hijos, hermanos que caminamos por cuatro días, con la foto en el pecho de las y los nuestros, bajo el sol, con el aire y la tierra, sobre el asfalto caliente de la carretera; deshaciéndonos el corazón y la garganta en el legítimo reclamo de justicia.No somos raras Señora, estamos indignadas por la indolencia, la impunidad y la injusticia; así es como amamos a las y los nuestros: sin límites, sin renunciar a la esperanza de volverles a encontrar y con la absoluta claridad, de que la búsqueda e investigación es una responsabilidad del Estado, que su gobierno no está cumpliendo”.

En la carta responden que no tienen intereses políticos y que su intención de acusarlo es un insulto para la lucha por sus desaparecidos.

“El dolor por la incertidumbre, la frustración por la injusticia y la impotencia por la negativa de las autoridades a recibirnos, amerita una respuesta que se centre en eso y no que reduzca todo a una de las personas que hizo acto de presencia. Que no se le haga “raro” que volvamos a salir a la calle si seguimos sin ser escuchadas; porque antes y después de usted (aunque crea que todo se trata de usted) hemos exigido y exigiremos localización con vida y castigo a los culpables… y lo raro, sería no hacerlo”.

Este trabajo fue realizado por RAÍCHALI, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.