La más de las veces, las personas indígenas llegan a las cárceles por medio de fabricación de delitos. Al ser detenido y torturado siendo inocente, Adrián entendió que la única forma de ser escuchado era por medio de la lucha. Así, con otros más formó la Voz Verdadera del Amate (segunda y última parte)

Texto y fotos: Christian González / Border Center For Journalists and Bloggers

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.- Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, en la actualidad hay 4,672 personas privadas de su libertad en la geografía chiapaneca, de las cuales, 902 son de extracción indígena, distribuidas en 13 centros penitenciarios y un Centro Estatal Preventivo. 

Además, la dependencia advierte que, de enero de 2010 a diciembre de 2021 sí ha aumentado la población indígena en los penales, aunque no especificó en qué porcentaje.

Adrián Gómez Jiménez estuvo en el lugar y en el momento menos indicado. El 3 de febrero de 2004 viajaba sobre la carretera del municipio de San Juan Chamula, a la altura de la comunidad Saclamantón, cuando un coche compacto gris, marca Sentra, le cerró el paso al taxi en el que se trasladaba acompañado de otras tres personas con las que trabajaba en una obra en San Cristóbal de Las Casas.

Del vehículo Sentra descendieron cuatro sujetos que se presentaron como agentes (la víctima no especifica si eran municipales, estatales o federales) que los inculparon de haber secuestrado a una persona llamada Gerónimo, cuyo carro fue hallado a poca distancia de donde estaban, con rastros de sangre.

En realidad, dice Adrián, lo que ellos fueron a hacer a Saclamantón era buscar a un curandero para que aliviara a la mamá de Agustín, uno de sus amigos.

Según él, luego del término de su jornada laboral, decidieron acompañarlo para que no fuera solo, pero por desgracia el “chamán” no estaba en casa, por lo que no quisieron esperarlo y casi de inmediato emprendieron el regreso.

Lo amenazan con quemarlo

Sentado en una silla de madera a las afueras de una galera improvisada que en cualquier momento podría venirse abajo, el indígena tsotsil originario del paraje Romerillo, de esa misma localidad chamula, recuerda que fueron llevados a la cárcel municipal donde un juez local los interrogó uno por uno, en un cuarto pequeño.

Como él negó en todo momento saber de lo que lo inculpaban, otros agentes que estaban en ese lugar lo golpearon. Luego le mostraron una garrafa de gasolina, “mira, si no hablas, ya sabes lo que te va pasar, te vamos a quemar”, era la advertencia. Pero Adrián se mantuvo firme en su verdad.

Como no confesó, un grupo de “mayoles”, como se les conoce a los policías de ese lugar situado en la región Altos de Chiapas, quienes portan un cotón de lana gruesa blanco y un marro de madera, lo llevaron a la base de la Policía Sectorial de la Unidad Administrativa en San Cristóbal de Las Casas, donde estuvo cerca de una hora.

Luego de hacer unos trámites en ese lugar, las mismas autoridades chamulas reiniciaron su traslado, tomando hacia la carretera vieja que conduce a Tuxtla Gutiérrez, donde policías judiciales ya los esperaban. Ellos se lo llevaron detenido.

Aunque en un principio Adrián fue arrestado por el secuestro de una persona, cuando lo presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado en Tuxtla Gutiérrez, casi a la medianoche de ese mismo día, le cambiaron su situación legal: ahora era acusado por el homicidio de dos personas identificadas como Roberto Liévano Nájera y Alejandro de Jesús Utrilla.

En esa instancia, continuó el interrogatorio; de hecho, el peón de albañil no entendía todo lo que le decían o de qué lo inculpaban, porque no hubo un traductor.

Como se mantenía firme en no ceder, agentes de esa dependencia de justicia lo llevaron a un cuarto, le vendaron la parte de los ojos y le dieron vueltas para desorientarlo. Cuando Adrián solicitó a uno de esos policías que le mostrara una orden de aprehensión, sólo provocó más molestia.

La respuesta del servidor público fue contundente: “¡Aquí, pinche indio, tú te callas, nosotros aquí formulamos las preguntas, y tu deber es responder!”.

Posteriormente lo colocan en una silla, le amarran las muñecas de ambas manos hacia atrás, lo despojan de su camisa, zapatos, y lo golpearon en costillas, brazos y piernas. 

Con la pérdida parcial de los sentidos, Adrián solo alcanzó a escuchar que sus torturadores dijeron “lo dejemos acá, no vaya a ser que se nos pase la mano”.

Aunque pensó que los castigos solo durarían un día, éstos se prolongaron por 72 horas. El segundo día le envolvieron la cabeza con una bolsa de plástico y, en medio de la desesperación y la asfixia, los judiciales continuaron con el castigo físico.

Lo que no soportó, al tercer día de tortura, fueron los toques eléctricos. “Pusieron agua en el piso, porque pega más con el agua”, cuenta el hombre de 41 años.

Cuando “medio reaccionó”, fue llevado a un escritorio donde le hicieron firmar un documento en el que aceptaba todo lo que le decían, como que había recibido 3 mil pesos por el “trabajito”.

“Ya ves cómo era fácil, te hubieras evitado de todos esos problemas”, le dijo uno de los agentes.

Antes de ser trasladado a la hoy extinta cárcel de “Cerro Hueco”, en Tuxtla Gutiérrez, Adrián pasó un mes a una casa de arraigo en la ciudad de Chiapa de Corzo, donde debería sanarse de las lesiones provocadas. 

Costó su libertad, pero valió la pena la lucha

Ante el cierre definitivo de ese centro penitenciario, fue llevado al Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) 14 “El Amate”, de nueva creación en esa época, donde permaneció encerrado 14 años.

En ese tiempo, Adrián entendió que la única forma de ser escuchado era por medio de la lucha. Por ello y con otros reos que se decían “chivos expiatorios”, formaron la agrupación “La Voz Verdadera del Amate”.

Una vez conformada la organización de lucha, el indígena tsotsil conoció a Juan Pablo, representante de la organización “Grupo de Trabajo No estamos todxs”, dedicada a velar y defender los derechos de las personas indígenas en situación de cárcel, y tiempo después, también recibió el respaldo del “Frayba”.

Como mantener una lucha representaba un peligro no solo para los directivos sino para otros reclusos, quienes conformaron “La Voz Verdadera del Amate” fueron reubicados a otros reclusorios. Adrián fue llevado al CERSS 5 de San Cristóbal.

Sin duda, acepta, fue un intento de apagar sus voces de reclamo. Pero no fue así. En esa prisión, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, junto a los hermanos Germán y Abraham Montejo fundaron “La Voz de Indígenas en Resistencia”.

En 2019, junto a Marcelino Champo y Juan de la Cruz, entre otros reclusos, iniciaron una huelga de hambre demandando que sus expedientes fueran revisados. Después de eso varios quedaron en libertad.  

No obstante, el último en quedar libre fue Adrián, el pasado 7 de septiembre de 2021. Libertad absolutoria que logró a través de un amparo, es decir, se reconoció que hubo violaciones a sus derechos, que nunca cometió el delito y además, le regresaron sus derechos políticos. Salió tres años antes de cumplir una condena de dos décadas.

Aunque el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU “alzó la voz” para que le resarzan todos los daños provocados, hasta la fecha, el gobierno chiapaneco se mantiene en deuda con él.

Y pese a que intentó rehacer su vida e incluso, consiguió un empleo en San Cristóbal de Las Casas, donde radica junto a sus dos hermanas, Cristina y Pascuala, la precariedad lo hará buscar mejores oportunidades en otro estado.

“Como ves acá, nuestra casita ya se está cayendo, por eso pienso marcharme, para construir algo digno, que puedan vivir digno”, insiste, quien además, nunca conoció a las presuntas víctimas del delito del que los acusaron.

Lo único que Adrián agradece de todo lo que vivió, fue que durante el encierro, aprendió algunos oficios como: tejer hamacas, elaborar “llaveritos”; aprender a hablar el español y concluir su primaria y secundaria, con lo que podría subsistir.

Pero la situación es más compleja de lo que parece. De los cuatro detenidos en aquel 3 de febrero de 2004, incluido el taxista (quien sólo purgó una pena de 4 años), quien sigue encerrado en el CERSS 5 es Vicente, pero no quiso unirse al movimiento de lucha porque recibió amenazas de los “precisos” o “voceros” (otros reclusos) para que no lo hiciera.

Policías municipales y estatales, “entre el cielo y el infierno”

A pesar de que los números entregados través de una solicitud de información por la CEDH, sobre las quejas o denuncias recibidas en contra de servidores públicos por casos de tortura hacia población indígena, que indican que van a la baja en los dos últimos años, la imagen de las corporaciones policiacas, tanto de los municipios como del estado, sigue en “tela de juicio”.

“Pedro”, como se le llamará a un agente de la Policía Especializada de la FGE de Chiapas, quien aceptó ser entrevistado sobre el tema  con el resguardo de su verdadera identidad, advierte que la realidad es otra: siguen siendo, para él, los policías municipales, sobre todo de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, los más violentos o “sucios” al momento de detener a las personas, sean mestizos o de pueblos originarios.

Según el entrevistado, le genera desconfianza y hasta cierto temor, trabajar en algunos operativos en conjunto con elementos de esa corporación, “ellos hacen detenciones en flagrancia, no como nosotros, por órdenes de aprehensión”. 

Si los uniformados municipales observan a una persona en la calle, en estado etílico, la suben a la patrulla y la despojan de todas sus pertenencias, “si bien les va. Si mal les va, hasta les meten sus cachetadas, y ahí las dejan y ya no las ponen a disposición”, dice.

Aunque está convencido de que la tortura no es un tópico que se toque entre sus compañeros de la Policía Especializada, al menos no en la actualidad, deja en claro que al servidor público en Chiapas “no nos conviene violarle los derechos a un ciudadano, porque es más penado violar un derecho que cometer un delito. La penalidad se duplica”.

“Pedro” asegura que nunca ha incurrido en faltas graves, e incluso recuerda que hace como una década fue señalado de haber torturado a unos presuntos homicidas, lo que provocó que la autoridad competente le iniciara un proceso por ese hecho.

Sin embargo, agrega, solo se trató de una argucia del abogado defensor de los presuntos asesinos de una muchacha, en el poblado Guadalupe, municipio tojolabal de Altamirano, pues intentaba que, con una acusación en contra de un agente por tortura, sus defendidos pasaran menos tiempo en prisión.

En ese caso, las investigaciones arrojaron que “Pedro” no tuvo nada qué ver con los golpes que los imputados presentaban, sino que fueron los mismos familiares de la localidad y los lugareños, quienes los golpearon y estuvieron a punto de lincharlos.

En todo momento “Pedro” expone los conocimientos adquiridos en la práctica de su oficio y en las constantes capacitaciones que ha recibido a lo largo del tiempo, lo que para él, no es común en las corporaciones de las policías municipales, incluso en la misma Guardia Nacional.

Acepta que, a principios del año 2000, cuando aún el sistema penal era “fabricador de culpables”, sí fue testigo de casos de tortura. Vio cómo compañeros utilizaban las vendas para tapar la visibilidad a las personas, o las bolsas en la cabeza para asfixiarlas y que confesaran “a modo”.

José Luis Gutiérrez y César Hernández Feliciano: de la defensa del territorio a víctimas de “municipales”

Cansados de los abusos que, aseguran, las poblaciones tseltales del municipio de Chilón habían sufrido en décadas pasadas por la presencia militar, José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano decidieron organizarse junto a todo el pueblo y frenar la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional.

De hecho, todos los ejidatarios estaban comprometidos en mantener la paz en sus pueblos. Participaron en asambleas y otras acciones comunitarias, como la del 15 de octubre de 2020, cuando llegaron a la altura del tramo carretero de la localidad Temó, entre los municipios de Ocosingo y Chilón, e intentaron participar en un bloqueo con pobladores y autoridades comunales de los ejidos más grandes, San Gerónimo y San Sebastián Bachajón.

De inmediato, en la escena aparecieron funcionarios de gobierno y policías municipales de Chilón, encabezados por el comandante Melchor Sarahuz, quien es señalado por Luis y César de empezar a calentar el ambiente e inclusive iniciar con las agresiones. De hecho, en el sitio también participaron elementos policiacos ocosinguenses.

Ahí apareció la figura de Pedro Hernández, delegado de Gobierno Municipal, quien se puso agresivo y arrancó la manta de los manifestantes que decía: “No a la militarización del territorio”.

César Hernández Feliciano, originario de la comunidad San Martín Cruztón, perteneciente al ejido San Gerónimo Bachajón, tomaba un pozol, una bebida típica de Chiapas, en una tienda cercana a donde se gestaba el movimiento social, cuando de pronto sintió un garrotazo en la cabeza.

Fue aventado a donde estaban más elementos municipales, quienes lo golpearon en varias partes de su cuerpo. “De ahí no me di cuenta cómo me golpearon, cómo me torturaron, no me di cuenta porque prácticamente se me perdió la memoria”.

Por su lado, José Luis Gutiérrez Hernández fue arrastrado alrededor de 50 metros por varios policías de ambos municipios. En el trayecto a la góndola de una camioneta recibió una serie de golpes. La tortura física y psicológica duró alrededor de tres horas

José Luis, padre de cinco hijos, señala con el dedo índice de su mano derecha la cicatriz que se le formó en la cabeza producto de la golpiza, y advierte de otras secuelas: a más de un año y tres meses de ese suceso, no puede caminar bien.

“El dolor sigue aquí en mi espalda; ayer fui al doctor (el viernes 22 de enero de 2022), me puse muy grave desde antier. Me tomaron radiografía; según me dijo el doctor que en una parte del hueso (de la zona de la columna) hay está sangrada”, confiesa el oriundo del ejido Bahuitz Guadalupe, anexo del ejido San Gerónimo Bachajón.

César Hernández Feliciano advierte que, “se me va la memoria, haz de cuenta como que se pone negro todo. Se va todo, se borra todo lo que está. El pecho igual. Porque sí tuve golpes internos. No se vieron moretones, no se vio nada ese día, pero fueron los doctores de ‘El Amate’ los que me dijeron que fueron golpes internos”.

Según la versión de José y César, todo se originó porque en ningún momento les consultaron sobre si estaban de acuerdo o no con “militarizar” la zona, incluso, el alcalde reelecto, Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, alias “el Xolop”, fue señalado de “brincarse” la opinión del pueblo.

Aunque hasta el momento no está en funciones, el Cuartel de la GN ya fue culminado y se sitúa en el ejido San Sebastián, localidad de Jukultón.

Ese día, José Luis y César fueron trasladados al CERSS 14, “El Amate”, en Cintalapa, acusados por el delito de motín. Sin embargo, a los 15 días obtuvieron la libertad. 

No obstante, y pese a las secuelas que presentan, tanto físicas como psicológicas, tienen que acudir cada 15 días a firmar al Juzgado de Distrito con sede en Ocosingo, localidad aledaña.

De hecho, se vieron forzados a dar la entrevista en esta última municipalidad situada en la región Selva de la entidad chiapaneca, debido a que aún están en proceso legal y solo pueden moverse de Chilón hacia ese pueblo.

La Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL), desarrollada en el año 2016 advierte que el 63.8 por ciento de las personas encuestadas refirieron haber recibido agresiones físicas en una o varias de las siguientes formas: patadas o puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, descargas eléctricas, quemaduras, violación sexual y lesiones con armas. 

Además, el 75.6% de las personas indicó que fueron sometidas a violencia psicológica, mediante actos como: incomunicación o aislamiento, asfixia o sofocación para impedir respirar, entre otros.

En duda, la aplicación del protocolo de Estambul en Chiapas

De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 36, el Protocolo de Estambul es una de las vías mediante la cual se puede comprobar la existencia de esas prácticas ilegales.

Este manual, cuyo contenido se basa en un conjunto de orientaciones para la investigación y valoración de la tortura y malos tratos y, de esa forma, sancionar a los responsables, se tiene que aplicar por ley en las investigaciones. No sólo eso, los exámenes periciales tienen que aplicarse conforme al mismo.

No obstante, según especialistas en la materia, en Chiapas este Protocolo es desestimado por las autoridades competentes, principalmente por la Fiscalía Antitortura, dependiente de la FGE.

Jorge Gómez, abogado del “Frayba”, advierte que, sin duda el Protocolo de Estambul es una especie de “talón de Aquiles” de la justicia en Chiapas y añade que prueba de ello, es que los mismos jueces chiapanecos solicitan a la organización civil efectuarlo.

“Tenemos por lo menos 60 solicitudes de jueces del Poder Judicial del estado de Chiapas (en un lapso de 3 años: de 2017 a 2020), solicitándole al ‘Frayba’, por la incapacidad institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la misma Fiscalía Antitortura, de tener peritos especializados en la aplicación de ese instrumento.

“Es decir, los jueces acuden al ‘Frayba’ y nos dicen: ‘Apliquen el Protocolo de Estambul a estas personas. Y si no se lo aplican, los vamos a multar’. Como si el ‘Frayba’ fuera una institución del Estado, ¿no?

“Nos dicen, ‘es que, pues ya fuimos aquí, y nos dicen que no tienen peritos, y sabemos que ustedes sí tienen peritos’. Y pues eso es alarmante porque, una, nosotros no somos la autoridad, la autoridad debería ser la Comisión Estatal y la Nacional y la Fiscalía Antitortura, y no tienen personal”.

“Peloteo” para evadir el panorama real

Este reportero, como becario del Border Center for Journalists and Bloggers,  intentó conocer, a través de solicitudes de información, cuántas sentencias se han ejecutado en contra de personas indígenas de Chiapas y cuáles son los principales delitos que se les han imputado, en un lapso de enero de 2010 a diciembre de 2021. 

Se buscó saber los casos de personas indígenas que en la actualidad están en la cárcel y que aún no reciben una sentencia, además de especificar, por cada año, el número de sentencias emitidas en contra de esa población indígena.

Sin embargo, la instancia a la que se dirigió la solicitud, el Tribunal del Poder Judicial del Estado-Consejo de la Judicatura, argumentó: “Se informa que, de manera estadística, no contamos con una variable que nos indique específicamente si la persona pertenece a una población indígena; partiendo de ese punto importante, no podemos desagregar la información”.

Esta misma petición se le hizo, vía PNT, a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana de Chiapas desde el pasado 14 de febrero, pero la solicitud aún está en estatus de prórroga; tiene hasta el 14 de marzo para contestar.

Este “hermetismo” en la información de las sentencias y otros detalles lo sabe bien Pedro Faro, director del “Frayba”, quien explica que es complicado obtener esos datos porque se carece de un registro público donde el ciudadano pueda consultar y acceder a estadísticas claras.

Lo que como Centro de Derechos Humanos tiene documentado, es que de 2017 a 2021, “digamos, son 121 casos que conocemos de personas que habían dicho que las policías, los fiscales, los operadores de justicia, habían actuado en su contra ejerciendo actos de tortura”.

Revela que a lo largo del tiempo se han dado cuenta que cuando se acercan al sistema penitenciario, “con cualquiera persona que tú hables, te va decir que es inocente; (los reclusos) ellos mismos dicen que el 90 por ciento que están en el Cereso 5 son inocentes”.

Siempre hay violaciones a derechos

No hay datos oficiales y no se pueden conocer todas las causas para saber si las personas son inocentes o no, refiere Pedro Faro, por lo que es difícil aseverar de manera tajante estas circunstancias, pero una de las cuestiones que como defensores de derechos humanos les queda claro, “es que en cada caso que nos metemos para analizar, para revisar su proceso judicial, se violan sus derechos en cualquiera de las etapas”.

Para Graciela Guadalupe Velasco Cordero, directora de Seguimiento de Recomendaciones y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la CEDH, por lo regular cuando las personas, incluidas indígenas, son víctimas de tortura, es porque cometieron algún delito o están imputadas como la comisión de algún delito.

“Entonces todo eso, pues nosotros aportamos, o se hace el protocolo, y se aporta como una prueba a favor de ellos y ellas, (es decir) que fueron víctimas de tortura”, puntualiza. 

En la actualidad, dice, están por aplicar el Protocolo de Estambul a cerca de 14 casos, según ella, ninguno de pueblos originarios.

En respuesta a ese planteamiento de la mencionada autoridad de la CEDH, Pedro Faro, director del “Frayba”, externó que es aventurado decir si cometieron o no un delito, porque todo eso se refiere a partir de las investigaciones judiciales que debería hacer la Fiscalía.

El problema no es si se cometen o no los delitos, porque todos pueden ser potencialmente hechores o víctimas de uno de éstos, “aquí lo importante son las investigaciones que generen los operadores de justicia de una manera, como marca la ley, respetando los derechos humanos”.

La resistencia, de las “únicas” salidas para reos en el olvido

En 2008, el indígena Alberto Patishtán Gómez marcó un precedente en el CERSS 14 de Cintalapa. Organizó una lucha para exigir justicia en su caso, y de esa manera germinó la organización “La Voz del Amate”. Un lustro después, durante el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, recibió el indulto presidencial.

El movimiento del maestro indígena tsotsil, originario del municipio de El Bosque, Chiapas, quien fue acusado y detenido por asesinar a siete policías, generó un precedente de análisis de expedientes, lo que “desempolvó” un cúmulo de violaciones a los derechos humanos y procesales de indígenas.

La lucha inspiró a otros reos, como los hermanos Germán y Abraham López Montejo, originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quienes también fueron “jalados” a esa agrupación y aún tienen la esperanza de salir de prisión, como ocurrió con otro de sus compañeros, Juan de la Cruz, en 2019, tras efectuar una huelga de hambre.

En una visita a este penal, ubicado como a 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, se constató que los hermanos mantienen un campamento de resistencia en un espacio verde conocido como “área especial o encamado”. Desde ahí, auguran que la justicia los voltee a ver y, como a Patishtán, los dejen libres.

Como en los anteriores casos, a Germán y a Abraham también los detuvieron de forma arbitraria. Sucedió el 17 de enero de 2011 en el Parque Central de su poblado. Los agentes nunca les mostraron una orden de aprehensión, también fueron torturados y, para colmo, no hablaban ni un poco el español, solo su idioma, el tsotsil.

Sentado en una casa de campaña cuyo techo está “construido” de cobijas para frenar el frío que cae con fuerza, Germán, vestido de sudadera gris de la marca Nike, pantalón de mezclilla y una gorra negra con el estampado de una Virgen de Guadalupe, recuerda que durante la tortura le enterraron una aguja en uno de sus ojos.

Mientras conversa, de su ojo izquierdo escurren lágrimas por algunos lapsos. Son las secuelas de los tratos crueles a los que fue sometido junto a su hermano, para aceptar un asesinato que no cometió.

Como otros indígenas, a ellos también les pusieron bolsas en la cabeza, pero éstas estaban llenas de agua; asimismo, los acostaron en una colchoneta con agua y los electrocutaron.

En un instante, Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz (mismo que en el 2019 obtuvo su libertad por la huelga de hambre que hicieron en ese centro penitenciario) y quien está presente en la entrevista a los hermanos Montejo, recuerda que los policías que los golpeaban hallaron las credenciales de elector de cada uno e imitaron sus firmas, las cuales estamparon en un documento auto inculpatorio.

Entre otras irregularidades, nunca les facilitaron un intérprete y los mantuvieron 28 días en arraigo en una finca conocida como “Pitiquitos”, en Chiapa de Corzo, donde, al igual que el indígena de San Juan Chamula, Adrián Gómez Jiménez, se tenían que recuperar de las lesiones provocadas.

Aún les quedan más de 60 años de prisión

Por momentos, los indígenas tsotsiles, que apenas superan los 30 años de edad cada uno, se quedan callados, como pensativos, pues saben que su sentencia no es sencilla: les dieron 75 años de encierro.

Con base en la información proporcionada por Susana, los abogados que llevan el caso supieron en su momento, que las autoridades abrieron dos carpetas de investigación donde les otorgaban medio siglo de prisión a cada uno; sin embargo, como solicitaron la apelación, lo que recibieron en respuesta fue un aumento de sentencia.

El tiempo transcurre y la situación es más compleja. Hace un año sus esposas decidieron dejarlos porque se cansaron de seguir en esa búsqueda de su libertad. Pero el golpe emocional para ambos es mayúsculo, ambos tienen tres hijos a los que no ven desde hace meses y sólo los escuchan de vez en cuando, a través de una llamada telefónica. 

Abraham, vestido con una chamarra verde, solo habla por momentos; el que más dialoga es Germán, quien se da tiempo de presumir a su mascota llamada “Peluco”, un gallo que logró criar dentro del penal, mismo que, como un perro, obedece a su amo cada que éste le habla.

Ambos hermanos están deprimidos. Saben que será difícil regresar a Pueblo Nuevo Solistahuacán, vivir en sus casas y cultivar café, como lo hacían antes en sus parcelas. La incertidumbre crece porque, coinciden, si obtienen su libertad no sabrán a dónde ir, qué hacer.

Sin embargo, Susana de la Cruz y su mamá, doña Eva Ruiz, interrumpen y advierten, “acá nos tienen, nosotros somos ahora sus familias, y cuando salgan, porque van a salir, se irán a nuestra casa, y de ahí ya vemos qué hacemos, qué buscamos”.

Susana de la Cruz y su madre no han dejado de acudir a visitar a los presos que participaron en esa lucha de “La Voz del Amate”, entre ellos Marcelino, quien está recluido en el CERSS de Comitán y quien también fue parte importante de la lucha.

La libertad de Germán y Abraham podría estar cerca, pues el Colectivo de Trabajo de la ONU emitió un documento, apenas el año pasado y con el apoyo del “Frayba”, para solicitarle al Estado mexicano la libertad de los hermanos, cuyos expedientes están plagados de inconsistencias y abusos.

El caso Juan de la Cruz

Tras obtener su libertad, Juan de la Cruz, originario de la comunidad Majomut, municipio de San Juan Chamula, tuvo que salir del país para buscar una mejor calidad de vida, pero sobre todo, un refugio, debido a que las amenazas de muerte aún eran latentes. Su libertad “caló hondo” al sistema, y a los propios familiares de la víctima de homicidio. 

Juan, detenido en el 2007 con apenas 22 años de edad, es sobreviviente y víctima de tortura por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado, en ese entonces Procuraduría de Justicia, quienes lo acusaron de homicidio calificado, con sentencia de tres décadas de encierro, sin embargo, pasó 11 años en esa condición sin que se le dictara una sentencia.

Entre las acusaciones también estaba el delito de extorsión, por el cual le dieron cinco años.

Aunque salió libre el 9 de diciembre de 2019, se descubrió que la Mesa de Reconciliación del estado, por medio de la cual el Estado se compromete a estudiar los casos de personas sentenciadas o encerradas durante el viejo sistema de justicia penal, tenía una resolución desde el 2016, en donde le otorgaban la libertad sin que ésta se cumpliera.

Según Susana de la Cruz, no sólo su hermano, también ellos, como familiares y los mismos abogados defensores, vivieron un verdadero calvario. Las amenazas de muerte eran constantes para todo el Colectivo de Familias que acompañaban a sus parientes presos en esa búsqueda de libertad y justicia. 

Rememora que desde su detención se sintió el terror. Al menos una decena de elementos policiacos tiró las ventanas y la puerta de su casa, golpearon a su cuñada, quien estaba embarazada y, semidesnudo, subieron a su hermano a una camioneta, donde lo empezaron a golpear en todas las partes de su cuerpo.

El modus operandi de la policía torturadora era el mismo: golpes, el uso de tehuacán con chile en la nariz, introducción de una bolsa en la cabeza, hasta recibir descargas eléctricas.

Cuenta que su hermano, indígena tsotsil, pero que sí hablaba bien el castellano, se desmayó dos veces durante ese tiempo y cuando reaccionó le pidieron dinero. “Le dijeron, ‘bueno, muchacho, si quieres vivir, nosotros te podemos dejar ir, a cambio de que nos des 80 mil pesos’. Mi hermano les dijo ‘yo no tengo esa cantidad; yo soy una persona pobre, que no cuenta con ese recurso’”.

Pero el proceso también se plagó de mentiras. Hubo testigos falsos que aseguraban que Juan y otros tres hombres habían visto cómo tiraban el cuerpo de la persona en La Milpoleta, municipio de San Juan Chamula, cuando en esa ocasión, el indígena tsotsil estaba en Comitán, donde vendía artesanías junto a su madre.

A pesar de que la justicia llegó 13 años después, Susana espera que otros presos logren lo que su hermano y de esa forma tratar de comenzar de nuevo.

Resarcimiento del daño, la otra tortura

Aunque el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos se establece que la reparación del daño a las víctimas de tortura contempla puntos importantes, como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, no repetición y obligación de investigar, la realidad en Chiapas es más oscura.

Prueba de ello es la nula información en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

En una solicitud de información por medio de Transparencia dirigida a la CEEAV, con folio 072481722000005, sobre cuántos casos de indígenas liberados se tienen registrados a quienes se les debe resarcir el daño tras lograr su libertad, la instancia argumentó: “No se cuenta con la información requerida en razón de que no se conoce el total de personas indígenas liberadas al comprobarse su inocencia en el delito imputado”.

Pese a la negativa, el Centro de Derechos Humanos “Ku’ Untik” advierte que en la actualidad lleva el seguimiento legal del caso de Marcos y Guadalupe, personas tsotsiles originarias de Simojovel, mismas que estuvieron presas 18 años, sin recibir una sentencia.

Eran militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y fueron detenidos, torturados y obligados a firmar una declaración autoinculpatoria por haber secuestrado a cinco personas.

Aunque al cumplir 16 años de prisión, ese Centro de Derechos Humanos amparó a los imputados, hubo dilación para liberarlos. Transcurrieron otros tres años. 

De hecho, advierte Diego Cadenas Gordillo, director de “Ku’ Untik”, consiguieron una recomendación ante la CEDH por tortura. “Esa recomendación está siendo, ahora tema de tratamiento en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, estamos en espera de la reparación integral de los daños, pero es un tema que pensamos llevar al Sistema Interamericano o a Naciones Unidas, con el relator especial contra la tortura, porque es un tema que siguen viviendo otras personas”.

El también exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, hoy CEDH, manifiesta que, si la CEEAV no puede resarcir el daño, por ley le correspondería a la FGE.

Sin embargo, cree que es complicado porque la CEEAV fue creada alrededor de dos años atrás, y no sólo carece de presupuesto, sino de personal y otras cosas. “Es una instancia minada”, dice.

En ello coincide Pedro Faro, director del “Frayba”, quien asegura que como ese organismo no tiene presupuesto, no quiere reconocer a las víctimas, porque en el momento de hacerlo estaría obligado a garantizar cuestiones de traslados, de salud, “todo lo que se genere de su proceso judicial, también en cuanto a gastos de transporte y demás”.

“Estela”, como se le llamará a una ex perito forense del CEEAV que prefiere el anonimato, advierte que esta Comisión “siempre ha sido ‘pura pantalla’, porque incluso yo me molestaba porque no tenía nada qué hacer, llegaba y no había chamba”.

Ejemplifica que, cuando laboró ahí durante el año pasado, revaloró muchos casos de víctimas de violencia familiar o de parientes de víctimas de feminicidio, “solo yo atendía 300 casos de estos últimos, pero sólo llegaban a desfilar, y (las autoridades) nunca les dieron seguimiento, por eso digo que esa Comisión de Víctimas es pura pantalla; y, por ejemplo, yo veía que los del ‘Frayba’ llevaban todo en orden sobre víctimas de tortura, pero no prosperaba nada”.

Luego de dejar en claro que las autoridades solo resolvían casos mediáticos, a los que les daban acceso a un fondo económico, recuerda que, durante el año que estuvo ahí, sólo le brindaron apoyo a 16 casos.

Con presupuesto, pero sin voluntad

A través de la solicitud de información por medio de la PNT, con el folio 070136722000066, se conoció que la Fiscalía Antitortura ha recibido un total de 45 millones 477 mil 610.93 pesos del año 2018 a 2022, los cuales se utilizan en cinco rubros: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y subsidios.

La FGE proporcionó datos a partir de 2018 porque de 2010 a 2017 no existía esa instancia como tal. Incluso, en 2018 aparece como Fiscalía contra la Tortura.

El mayor presupuesto se ha destinado entre el año pasado y el actual, el primero con más de 10 mdp y el segundo con cerca de 11 mdp.

Sin embargo, para Pedro Faro, del “Frayba”, esta instancia no tiene voluntad, “lo que vemos es que esa Fiscalía, en lugar de ser un facilitador para que los casos avancen, porque ellos tienen abogados al respecto (no pasa nada)”.

Incluso, el “Frayba” ha defendido decenas de casos. El año pasado fueron cerca de 16 “que nosotros hemos impulsado, y están truncados ahí, no hay avances”.

En dos ocasiones fueron solicitadas entrevistas al área de Comunicación Social de la FGE con algún encargado de la Fiscalía Antitortura, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta.

Ante este panorama, Francelia Estrada Valdez se cuestiona, “¿quién resarce los daños a estas personas, a Víctor (Hernández, su defendido)?, (porque) sus derechos políticos fueron violentados, sus derechos humanos fueron violentados en todos los ámbitos: alimentario, de salud, de seguridad, de vivienda; pues, de todo. Es un catálogo bastante grande el que podríamos definir al que ellos estuvieron sometidos, y pues, sobre todo, y lo más importante, que tiene un ser humano, su dignidad humana”.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers.