En 2019, medio centenar de profesores de la UAM accedieron a un acuerdo de jubilación propuesto por Rectoría. Dos años después, en plena pandemia y con varios de ellos en condiciones críticas de economía y salud, decidió suspender unilateralmente el convenio pretextando falta de presupuesto. Un grupo de 16 docentes decidió entonces emprender una cruzada legal, a la que la universidad parece fijar una estrategia cruel: extenderla indefinidamente en tribunales   

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.-  Rosalinda Flores está frente a su computadora. Antes de jubilarse, ella trabajó por 40 años  al interior de la UAM. En momentos, batalla para mantener una conexión estable a internet. Su semblante luce cansado; de su nariz, dos tubos de respiración se alcanzan a ver. Exclama: 

“Tenemos familias, gastos y muchas cosas. Gastos médicos que van aumentando con la edad. Es insostenible esta situación”. Hace referencia a la batalla legal que un grupo de jubilados de la UAM sostiene desde 2021 en contra de la rectoría. 

In Calli Ixcahuicopa o  Casa abierta al tiempo. Es el lema de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una escuela que, desde su fundación en 1974, ha sido un baluarte del pensamiento crítico y humanista en el país. Gran parte de esto se debe al espíritu que la vio nacer, el cual, de la mente de sus fundadores y fundadoras, moldeó los planes de estudio para formar a profesionistas que hicieran frente a los problemas nacionales. 

Hoy, sin embargo, aquellas mentes que por décadas se encargaron de la enseñanza parecen olvidadas por una institución que les ha cerrado las puertas en su cara. Su reclamo: acceder a la jubilación digna que la universidad les prometió. 

Betty Sanders, Rosalinda Flores y Alberto Arroyo son los protagonistas de esta historia, pero no los únicos actores. Como ellos, otros 47 investigadores y docentes fueron “traicionados” en 2021, cuando la UAM canceló un acuerdo de jubilación que les aseguraba un futuro digno. 

“Nosotros dimos la vida a la Universidad”, dice Betty Sanders, quien llevaba cerca de 44 años laborando en la UAM. Ella es una investigadora en el campo de la psicología que, además de su producción académica, ocupó diversos cargos administrativos en la institución, concretamente en el departamento de educación y comunicación de la UAM Xochimilco, y en áreas de concentración de la carrera de psicología social.

Además, fue fundadora de la UAM. Pero hoy parece una enemiga de la institución por reclamar sus derechos. 

La promesa

El 30 de octubre de 2018, el entonces rector general de la UAM, Eduardo Abel Peñalosa Castro, anunció la creación del acuerdo 14/2018. Este documento, de carácter obligatorio al interior de la universidad, creaba un Programa Temporal para la Renovación de la Planta Académica. El objetivo era fomentar la jubilación de docentes e investigadores para desocupar plazas al interior de la institución. 

Alberto Arroyo tenía 38 años trabajando en la UAM. Es maestro en sociología y un reconocido investigador a nivel internacional. Él, como Betty, también pelea por sus derechos al interior de la universidad. 

Alberto recuerda que, en 2018, “el rector sacó un acuerdo, que son una forma de decretos o leyes internas en la universidad; en ese acuerdo convocó a jubilar a 50 personas. Los requisitos eran estar en la máxima categoría (Titular C), tener por lo menos 30 años de antigüedad y 70 años de edad. Se apuntaron un montón porque la gente no se jubila porque no alcanza la jubilación, la pura jubilación del ISSSTE no alcanza”. 

Otro punto que la universidad consideraba para acceder a este programa era el padecimiento de alguna enfermedad crónica. 

Betty resalta que ella decidió postular a esta convocatoria debido a que tenía un problema en los ojos “y ya no puedo leer a la velocidad que leía. Leíamos una cantidad de trabajos de investigación, como material para clases, pero ya tenía problemas. Vi una oportunidad con este programa que se presentó para la jubilación que bueno, se nos ha ido de cabeza. Es una injusticia y una ilegalidad lo que nos están haciendo”. 

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo emitido por la UAM, quienes accedieran a este beneficio recibirían un complemento a su pensión de 25 mil pesos mensuales. Este complemento se otorgaría de manera vitalicia. Es decir, para toda la vida. 

También, las y los trabajadores que accedieran al acuerdo seguirían contando con algunos beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo. Sin embargo, el seguro de gastos médicos dejaría de ser cubierto por la universidad. Aunque existía la posibilidad de que los beneficiarios pudieran seguir pagándolo de manera independiente.

La compensación en la jubilación, por su parte, la pagaría la UAM con sus propios recursos. 

Con la compensación, el monto final de jubilación oscilaba entre los 50 mil pesos. De esta cantidad, se les descontaba alrededor de 4 mil pesos de impuestos; además del cobro del seguro médico (muchos de ellos, no podían quedarse sin cobertura médica). Aunado a esto, también pagan de ahí gastos de enfermería y sostenimiento económico diario. 

Pese a esto, el grupo de jubilados subraya que los ingresos que percibían como profesores titulares se redujo a un tercio; asimismo se disminuyeron los montos de becas, antigüedad, y otros beneficios que adquirían en el nivel II del SNI.

Si a esto, se le agrega que durante la pandemia la economía nacional se desaceleró, lo que significó un crecimiento en la tasa de desempleo, ausencia de inversiones y el encarecimiento de la canasta básica; 50 mil pesos, para un adulto mayor en estas condiciones, apenas cubría sus gastos. 

El acuerdo parecía digno, y la emoción de los 50 trabajadores seleccionados no se hizo esperar. Inclusive, la UAM hizo una ceremonia para homenajear a las y los académicos que se jubilarían. En el fondo, dicen, lo hicieron para solidarizarse con las nuevas generaciones y fomentar la producción de conocimiento. 

El acuerdo comenzó a operar en 2019 y durante dos años siguió con normalidad. Para 2021, en plena pandemia, las cosas cambiarían radicalmente. 

Y de pronto… todo acabó

Rosalinda Flores trabajaba en la facultad de medicina del campus Xochimilco. Fue coordinadora de estudios, secretaria académica y jefa de departamento. Antes de acceder al acuerdo fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico y Síndrome de Sjögren. Después, tuvo un accidente en auto. Por eso ella decidió acceder a la jubilación ofrecida por la UAM. 

Ella cuenta que, en abril de 2021, el rector de la UAM les convocó a una reunión para informarles algo relacionado al acuerdo. 

“Nos reunió por zoom, nos citaron a una reunión en grupos separados. A las diez de la mañana la mitad del grupo, y a las doce la otra mitad. A mí me tocó a las doce del día. Comentaron que la universidad ya no tenía recursos para seguir pagando ese complemento vitalicio y por lo tanto quedaría sin efecto”, narra la académica. 

La noticia cayó de golpe. La institución que dos años atrás les había homenajeado, ahora cancelaba su propio acuerdo y con esto ponía fin a la compensación económica que había prometido de por vida. 

Durante esas reuniones, la rectoría les ofreció una alternativa: que aceptaran un pago  único por un millón 250 mil pesos. Esta cantidad equivalía a 50 meses de la supuesta pensión vitalicia. Es decir, si los trabajadores vivían poco más de 4 años, la universidad dejaría de darles su pensión. 

La condición para recibir este pago era que, quienes lo aceptaran, tendrían que firmar una carta en donde se comprometían a no iniciar ningún proceso legal contra la universidad. 

“Cuando quisimos intervenir y decir más cosas, el rector y la gente que lo acompañaba fueron sumamente intimidantes, y nos dijeron que teníamos hasta el 31 de mayo para poder firmar esa carta”, recuerda Rosalinda aún indignada. 

“No nos dejaba hablar. No daba más explicaciones. Le dijimos que queríamos volver a reunirnos para seguir platicando las cosas. Inclusive, en la reunión donde yo estaba, una compañera se quedó gritando frente a la pantalla ‘¡Cuándo es la próxima reunión!’! Pero la ignoraron y cerraron la sesión”, añade. 

Después de esto, algunos de los jubilados aceptaron la oferta hecha por la rectoría. Muchos de ellos, dice Rosalinda, lo hicieron porque estaban en fase terminal de sus enfermedades, por lo que quedarse sin ingresos durante ese tiempo representaba un riesgo para su estabilidad. 

Solo 16 trabajadores decidieron no aceptar las condiciones de la UAM. Entre ellos Rosalinda, Alberto y Betty. Determinaron llevar el conflicto a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues sus derechos, aseguran, no son negociables. 

La decisión de rectoría no se consultó a la comunidad universitaria

En el acuerdo 10/2021 la UAM informó que los principales motivos para cancelar el  Programa Temporal para la Renovación de la Planta Académica fue la dificultad para poder contratar una institución bancaria que administrara la compensación monetaria. También, en el mismo documento, señalan que debido a la pandemia por Covid-19 la  institución se quedó sin fondos, lo que hizo insostenible la propuesta de 2018. 

Alberto Arroyo, quien durante años centró sus investigaciones en el análisis de los Tratados de Libre Comercio en la región, replica: 

“(La UAM) dice que no tenía dinero, pero yo hice un estudio al presupuesto de la universidad en ese año, en plena pandemia, y concluí que, de los recursos propios, costaba el 2 por ciento nuestra jubilación. Que [la universidad] no tenga dinero es un decir. La decisión en realidad fue administrativa y unilateral”. 

Aunado a esto, las y los trabajadores denuncian que la decisión tomada por la rectoría no fue consultada a los órganos colegiados de la institución. El acuerdo 10/2021 no pasó por el consejo académico, ni por los demás mecanismos de control en la universidad, denuncian. 

No fueron pocas las cartas que el grupo de jubilados mandó al SITUAM, al consejo académico y a la comunidad universitaria en general. Sin embargo, la rectoría ha desestimado cualquier pronunciamiento. Su argumento se basa en que las y los jubilados ya no son trabajadores de la universidad. 

La demanda 

Llegó el 31 de mayo de 2021, y los 16 trabajadores que no accedieron al acuerdo decidieron accionar una demanda laboral en contra de la institución.  Por estrategia legal, tuvieron que esperar hasta el 2 de junio de ese año para presentarse ante la  Junta especial 14 BIS de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Rosalinda resume su sentir en ese entonces: 

“Nos costó mucho demandar a la universidad, porque yo siempre me había sentido identificada con ella. Compartíamos el punto de vista de la educación, compartíamos el punto de vista de responder a las necesidades de la población. Queremos a la universidad, pero creemos que la actitud de este rector fue en contra de todos los derechos humanos”. 

En la primera audiencia, la UAM contestó la demanda de los trabajadores. Pidió a la Junta que se desistiera de iniciar el proceso. Aseguraron que la relación laboral con los jubilados ya había terminado, por lo que la universidad no tenía por qué pagarles prestaciones. 

Concretamente, la institución presentó un incidente de competencia. Argumentaron que el caso es de carácter administrativo y no laboral, por lo que la Junta de Conciliación no tendría motivos para seguir con el proceso. La autoridad laboral, sin embargo, continúo con el proceso y en octubre de 2021 se declaró competente para el caso. 

Pese a esto, tras la resolución de la Junta, la universidad promovió un amparo indirecto en su contra. Este hecho no implicó que el juicio se detuviera y en noviembre de 2021 la autoridad laboral determinó que ya no había pruebas por desahogar. Ahora, el caso, se encontraba en proyecto de laudo. 

No obstante, a la fecha no se ha emitido ninguna resolución, tras casi cuatro meses de entrar en deliberación. El motivo, de acuerdo con Leslie Díaz, abogada de las y los jubilados, está en que el amparo de la junta comenzó a discutirse en enero de 2022. 

“Estamos en esa etapa donde el juez está estudiando el expediente, diciendo que se afectaron sus garantías constitucionales. Nosotros reiteramos que es competencia laboral. Hasta tanto no se resuelva el juicio de amparo indirecto, la junta no puede dictar el laudo correspondiente. Estamos en espera y dependemos de lo que resuelva el juzgado de distrito”, detalla. 

Los tiempos de la justicia en México pueden ser eternos, inclusive hay quienes mueren esperando una resolución a su favor. En este caso, el tiempo es fundamental, pues cada día que transcurre para las y los trabajadores significa otro día en que no reciben su jubilación. 

Leslie Díaz no titubea al asegurar que “la táctica de la UAM es retrasar el procedimiento. Han promovido todo lo que está legalmente estipulado, y es su derecho. Por lo mismo estamos seguros de que si no les es beneficiosa la determinación del juez de distrito van a promover un recurso de revisión y van a retrasar todavía más el proceso. Ellos van a promover otro amparo”. 

Una rectoría ajena al espíritu de la UAM

El objetivo fundamental del acuerdo 14/2018 era renovar la planta docente. Por eso la promesa de jubilación. Por eso muchos investigadores no titubearon en aceptar la oferta. 

“En algún momento nosotros éramos vacas sagradas. Pero reconocemos que hay una necesidad de dejar pasar a las nuevas generaciones, por eso vimos muy bien el acuerdo”, dice Betty Sanders. 

El grupo de jubilados recuerda que, en un inicio, el perfil del profesor en la UAM era el de investigador/docente. El objetivo: asegurar que quien estuviera frente a clase no tuviera que tener más de un trabajo y dedicarse por completo a su materia. 

Esto, recuerda la docente, se ha ido perdiendo debido a la falta de renovación de plazas. Muchos académicos no se jubilan debido a los bajos ingresos que perciben en el ISSSTE. 

“Si una universidad no es capaz de meter gente nueva, ideas nuevas, nuevas tecnologías (…) es una universidad que está condenada al fracaso, a morirse”, dice con la voz entrecortada. 

Para Alberto Arroyo, esto no ha sido posible debido a que desde hace muchos años la UAM (como el resto de las universidades del país) han enfrentado un proceso de tecnocratización. Es decir, el abandono del espíritu crítico y humanista por el del mercado y las relaciones de trabajo.

“Nosotros dimos la pelea para que el neoliberalismo no entrara a la universidad. Logramos frenarlo en algunas facultades donde todavía hay un espíritu crítico. Lamentablemente el actual rector no comparte esta visión”, reclama Arroyo. 

Él asegura que Peñalosa Castro, así como el actual rector, José Antonio de los Reyes Heredia, son parte de esta corriente tecnocrática. 

“No tiene el espíritu de los que formamos la UAM, pues él ni siquiera es egresado de aquí. Estas nuevas generaciones de rectores se han encargado de imprimir esta otra corriente (la tecnocracia) al interior de la universidad”, señala Arroyo respecto a Peñalosa Castro. 

Eduardo Abel Peñalosa Castro es egresado de la carrera de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También ha sido miembro de Doctorado en su alma máter, así como en el ITESO; y en las universidades Anáhuac e Iberoamericana. De igual forma ha trabajado para la Secretaría de Educación Pública (2006 – 2007) y el Gobierno de la Ciudad de México (2009-2010). 

Asimismo, a través de la empresa Aprendizaje y Tecnología S.A. de C.V. (en la cual era director), ha desarrollado contenidos digitales de capacitación para empresas como Aeroméxico; Mexicana de Aviación; Servicios de Apoyo en Tierra; Aeroperú; Banca Serfin; Walmart de México; y Volkswagen de México.

Alberto Arroyo añade que el conflicto que atraviesan. Su demanda. Su lucha, “no es contra la UAM, es con el rector que no cumplió su palabra”.

Los jubilados denuncian que, pese a que sus plazas ya no están ocupadas, la renovación de la planta docente no se ha hecho. “Al menos en los casos que nosotros conocemos”, puntualiza Rosalinda. 

Para el grupo de jubilados, esta pelea que dan ahora no es solo por un acuerdo incumplido por la rectoría sino también, y especialmente, es para asegurar los derechos laborales de las futuras generaciones que trabajaran en la UAM. 

“Cada plaza de nosotros puede dar plaza a cuatro nuevos jóvenes ¿Dónde está la gente joven que debe estar ahí?”, se pregunta Betty Sanders. 

Para los académicos es triste que la escuela que ayudaron a construir, que defendieron de la tecnocracia, ahora les de la espalda. 

“Nosotros ayudamos a construir la universidad. Participamos activamente en la construcción de planes de estudio, programas, y su actualización años después. Claro que amamos a nuestra universidad y seguimos siendo parte de ella”, concluye Rosalinda.