La Primera Brigada Internacional de Búsqueda incursionó al desierto de dos de las entidades con mayor cantidad de víctimas de desaparición en México. Lo ha hecho en condiciones adversas, sin gran respaldo institucional y en medio de violentas operaciones criminales. Este es el relato contado por una de las reporteras que acompañan el proceso

Texto: Pamela Vázquez

Fotos: Paul Contreras y Pamela Vázquez

SONORA.- Hace una semana se dio inicio a la Primera Brigada Internacional de Búsqueda, a lo largo del territorio de los estados de Sonora y Baja California. Las incursiones se centraron en los municipios de Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Sonoyta, San Luis Río Colorado, Mexicali y Tijuana, con el objetivo de encontrar a migrantes extranjeros en tránsito y a parte de los más de 100 mil mexicanos desaparecidos en años recientes.

Las acciones de búsqueda terminarán el 4 de marzo. El esfuerzo de las brigadas ha brindado los primeros frutos: el hallazgo de dos osamentas en La Mesa, Nogales. Otros restos óseos y elementos balísticos de una fosa mal procesada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, esto en La Ostionera 2, Puerto Peñasco, así como dos posibles positivos con vida.

Las brigadas están compuestas por las Buscadoras por la Paz Sonora, Armadillos Ni un migrante menos, Una Nación Buscándote y Armadillos México. En conjunto, buscan constituirse como puente de apoyo entre personas de centro y sudamérica que tienen a un ser querido desaparecido en México. La idea es que cuenten con la posibilidad de buscarles en alguno de los 26 puntos de interés, tanto en vida como en campo.

Las jornadas cuentan con presencia de periodistas y enviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Deben observar y defender los derechos de las víctimas durante la búsqueda y el levantamiento de datos del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y de Personas Fallecidas no Identificadas (SINPEF). Participan la Comisión Nacional y Estatal para las búsquedas en campo y en vida, así como de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de osamentas y personas localizadas con vida y el acceso a la toma de ADN. Esta participación institucional obedece, todos, a las acciones de familias en búsquedas y víctimas en un contexto hostil como el que se ha vivido en México.

Los puntos de búsqueda se basan en las llamadas anónimas que brindan informes sobre escenarios probables de localización de personas o de restos; pero también en la experiencia adquirida por cientos de familiares a lo largo de los años. Hasta ahora, el Estado sigue sin poder generar las condiciones para que las familias no sean quienes busquen o que lo hagan en condiciones adversas.

Las otras fronteras de la búsqueda

La cifra oficial marca 98 mil 204 personas desaparecidas y no localizadas en México; de ellas, 4 mil 240 fueron vistas por última vez en Sonora. Con la presencia y trabajo de 95 familiares y voluntarios de Honduras, España, Colombia, Perú, Canadá, Nicaragua, Italia y México, se han emprendido caminatas con el objetivo de hallarles.

A pesar de los obstáculos que presenta la gestión de una brigada, el respaldo institucional tiene que ser el más grande. Algo, como sea, comienza a ser distinto. «Ahora sí están apoyando, y mucho, siendo que otras veces ni nos abrían las puertas», dice Cecilia Delgado, de Buscadoras por la Paz Sonora.

Los 28 elementos de la Marina, Guardia Nacional, Ejército Nacional, Protección Civil y Policía Municipal y Estatal habilitados para acompañar a la brigada apenas alcanzan para cubrir las actividades trazadas, tanto en campo como en vida.

Las jornadas son laboriosas desde la planeación misma. Angélica Ramírez, de Una Nación Buscándote, lo cuenta: «Los puntos de interés se deciden por la extensión del perímetro para buscar». Así, aprovechan los recursos humanos, políticos y materiales para abrir puerta a los espacios de más difícil acceso, ya sea por inseguridad o por extensión.

En las brigadas, mientras se trabaja con la pala o se camina en busca de restos y prendas de vestir, durante los traslados de un punto a otro o entre descansos, todos cuentan historias de la desgracia nacional. Y de sus hallazgos, a los que llaman “tesoros”, gestados por la iniciativa de las familias que arriesgan la vida sin apoyo institucional, forjando el camino para que futuras familias en búsqueda o diligencias no pasen por lo mismo, incluyendo a quienes provienen de fuera del país.

«Si nosotras no lo hacemos, nadie más lo va a hacer», dice Ana Enamorado, de Movimiento Migrante Mesoamericano y madre hondureña en búsqueda desde hace nueve años en México.

Ana menciona una cifra de 70 mil migrantes desaparecidos en México y para ella el apoyo institucional es deficiente o nulo y revictimizante. Un atentado a sus derechos como afectada por desaparición en México.

Ana Enamorado colaboró para lograr acuerdos con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que familias centroamericanas pudieran ejercer su derecho a buscar. Se les otorgó un permiso temporal exclusivo para la BIB. Sin embargo, la única persona que llegó con este recurso fue interrogada en el aeropuerto debido a que, dice, son pobres y no tienen VISA. «Como si no fuera suficiente la desaparición de nuestros desaparecidos», se duele.  

Esto, junto con la falta de seguimiento de las cancillerías del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda, el nulo apoyo económico para los viáticos que se había acordado, las limitantes culturales como el idioma y el trato deficiente en los ministerios de cada país, ha provocado la ausencia de varias familias interesadas, permitiendo tan solo el arribo de una sola persona por víctima de desaparición.

Enamorado resalta que las familias fuera de México están más limitadas porque no conocen las leyes, no tienen recursos económicos y mucho menos conocimiento de las redes de apoyo para familiares de desaparecidos.

Una vez en México, la falta de conocimiento de la Ley en materia de desaparecidos por parte de autoridades es una de las fronteras más revictimizantes. Como ejemplo, está lo declarado por el presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim: sus seres queridos, les dijo: «están ausentes, no están desaparecidos. La palabra desaparecido no está asociada con la fe». Con ello, el funcionario minimizó una crisis humanitaria de proporciones descomunales así como la lucha por los derechos de las víctimas.

Este tipo de trato a familias en búsqueda obstruye el derecho a la verdad de las víctimas de este delito de lesa humanidad, generando rabia e impotencia entre los familiares presentes. «¡Mi hija no está ausente, a mi hija se la llevaron a la fuerza!», gritó Tranquilina Hernández durante el evento de apertura de la BIB, visto desde su en vivo en Facebook.

Todas y todos con un sentido solidario, le concedemos la razón.