Esperemos que los ministros de la Suprema Corte se pongan del lado del planeta y de los habitantes de Veracruz, y no de quienes lo destruyen para mantener el mismo ciclo económico de devastación y desigualdad que ha regido hasta la fecha

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Si todo marcha como se espera, este 12 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si en México el medio ambiente realmente es cosa de todos los ciudadanos y si quien realiza megaproyectos sí está obligado a tomarse la ley en serio o si legalmente basta con hacer como que se cumplen las normas sin realmente cumplirlas. Se trata de la controversia que hace ya casi seis años iniciaron ciudadanos de Veracruz y Boca del Río contra la ampliación del puerto que ellos padecen, y sobre la que el máximo tribunal deberá pronunciarse este miércoles. 

El problema de fondo es que para ampliar el puerto de Veracruz se destruirá gran parte del Sistema Arrecifal Veracruzano y los daños serán irreparables. Esto implica que los habitantes de la costa jarocha —y, de paso, el puerto mismo— quedarán mucho más expuestos a la fuerza de las olas cada vez más fuertes que traerán los huracanes cada vez más intensos que ya provoca la crisis climática, además de daños cuya magnitud todavía no conocemos a las pesquerías de todo el golfo de México. 

El proyecto de sentencia que la Corte aprobará o rechazará, como informa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, estuvo a cargo del ministro José Luis Alcántara Carrancá Gutiérrez y parece ir en la buena dirección. Entre sus conclusiones están que los habitantes de la zona metropolitana de Veracruz sí tienen un interés legítimo en que se defiendan los arrecifes del puerto y que las autoridades violaron su derecho a un medio ambiente sano al autorizar la ampliación de las instalaciones marítimas sin analizar en forma adecuada los impactos que tendría, contraviniendo lo que marca la ley.

Aprobar el proyecto del ministro Alcántara Carrancá Gutiérrez ya sería importantísimo. Sin embargo, eso tocará apenas una parte del desastre que se ha hecho en torno del puerto, y que ilustra el sistemático afán de las autoridades de los tres órdenes de gobierno por saltarse la ley y su desdén sistemático por la vida de las personas y la salud del planeta. 

Por ejemplo, como denunciaron desde hace varios años organizaciones de la sociedad civil, el polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se modificó específicamente para permitir la ampliación del puerto de Veracruz, faltando a la obligación del gobierno de proteger la biodiversidad. Además, la manifestación de impacto ambiental se presentó en forma fragmentaria y omitiendo aspectos ambientales importantes, como la presencia de arrecifes sumergidos.

El hecho de que este tema haya tenido que llegar hasta la Corte y que esté en veremos la defensa del medio ambiente y del interés mismo de los ciudadanos en su defensa es muestra de la terrible situación en la que está la protección del planeta en México. Por una parte, hace tiempo que deberían haberse descartado obras como la ampliación del puerto por su enorme impacto ambiental, que nos deja a todos más vulnerables ante los desastres naturales que no harán sino agravarse. Esto se suma al hecho de que seguir invirtiendo en ese tipo de infraestructura es mantener un modelo económico que no ha traído más que desigualdad, devastación ecológica y vulnerabilidad económica. 

Por otra parte, el hecho de que una manifestación de impacto ambiental tan fraudulenta y mal hecha como ésta hubiera sido aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ilustra con claridad la corrupción que reinaba en esa institución y la sumisión de las autoridades ambientales a los megaproyectos. Por desgracia, y sabiendo lo que se nos viene encima con el acuerdazo que declaró los megaproyectos como un asunto de seguridad nacional, las cosas no han cambiado mucho en este sexenio. 

Esperemos que los ministros de la Suprema Corte se pongan del lado del planeta y de sus habitantes, y no de quienes lo destruyen para mantener el mismo ciclo económico de devastación y desigualdad que ha regido hasta la fecha.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.