La violencia convirtió a Guerrero en la entidad más personas desplazadas en el país, advierte la defensora de derechos humanos Teodomira Sierra Rosales. La falta de tipificación de este delito complica el acceso a la justicia para las víctimas

Texto: Kau Sirenio 

Foto: Archivo/Yaotl Silva /CUARTOSCURO.COM

GUERRERO.- “Con cerca de los 20 mil desplazados, Guerrero se convierte en el estado con más desplazados en el país”. Así lo afirma la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Sierra Rosales. 

En entrevista con Pie de Página la activista hace un balance sobre derechos humanos en Guerrero, en el año que terminó. “Este año no les fue nada bien a los desplazados y víctimas de violencia”, advierte.

“Para empezar no existe un registro oficial respecto al número de víctimas. Hay mucha resistencia para otorgarles el reconocimiento como víctimas”, describe la directora de Centro Morelos, como se le conoce en Chilapa, Guerrero.

“La Ley General de Víctimas no contempla de manera amplia en el caso de los desplazados. No existe una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, a pesar de que este año los diputados federales aprobaron esta ley, pero se atoró en el Senado de la República. Los senadores no quisieron entrarle al debate”.

Sin registros ni programas

El desplazamiento forzado interno es un problema común en Guerrero; sin embargo, hasta ahora no hay un registro oficial ni programa diseñado por el Estado mexicano para resolverlo. “Como no está tipificado como delito en los códigos federal o estatal, las víctimas están indefensas”, pone el dedo en llaga. 

Durante el 2021, hubo enfrentamientos entre diferentes grupos de civiles armados que buscan el control del territorio. La defensora lo atribuye a la complacencia de los gobiernos federal y estatal:

“Los enfrentamientos en Tierra Caliente provocaron desplazamientos masivos en los municipios de Zirándaro de los Chávez, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo”. 

A principios de 2021, familias desplazadas instalaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación (Segob)  durante tres meses para que el gobierno federal los reconociera  en calidad de víctimas.

“Nuestra conclusión es que ni el gobierno federal ni estatal tienen la voluntad política para resolver el problema de las miles de personas que son víctimas de desplazamiento forzado interno. Mucho menos, prevenirlo”. 

La defensora de derechos humanos alza la voz: “A los gobernantes les interesa más cumplir los compromisos contraídos con los grupos de narcoparamilitares y empresas depredadoras del medio ambiente. No les importa garantizar los derechos humanos de los habitantes de la sierra y la montaña”.

Pendientes para 2022

Sierra Rosales enumera los pendientes con que inicia este 2022:

“Generar condiciones de seguridad para que las familias puedan regresar a sus lugares de origen. Diseñar políticas públicas para prevenir y evitar desplazamientos. Que se otorgue reubicación digna y tierras suficientes para que desarrollen su vocación campesina y reparación del daño de acuerdo con la pérdida que tuvieron al dejar su hogar”.  

A los senadores les reclama: “Que el Senado apruebe la Ley Nacional sobre Desplazamiento Forzado Interno para que pueda tipificarse este hecho violento como delito. Que a las familias desplazadas se les otorgue sin dilación la calidad de víctimas. Y se les atienda de manera inmediata e integral y con perspectiva de género”.

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