Huir de la guerrilla llevó a mujeres del norte de Colombia a transformarse en trabajadoras domésticas. En la ciudad de Medellín, por lo menos el 80% son afrodescendientes y habitan en barrios que se convirtieron en centros hospitalarios para desplazados del conflicto armado. Esta es la historia de un grupo de mujeres que luchan contra el racismo y la exclusión con una carta de derechos en la mano  

Texto y fotos: Ximena Natera

MEDELLÍN, COLOMBIA.- En el imaginario popular de las personas en esta ciudad está instalada la idea de que la piel negra protege a quien la habita del cansancio, el hambre, la enfermedad…

“Piensan que el negro no se muere, ni se desgasta”, dice María Roa, fundadora de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd), el primer sindicato de este tipo en el país.  Para la mujer, que ahora ronda los 40 años, con lemas racistas como éste logran enmascarar el abuso laboral que sufre la población afro y que guarda sus raíces en el pasado esclavista de la región.

Roa recuerda la impresión que dejó la ciudad de Medellín la primera vez que recorrió sus calles, cuando tenía poco más de 18 años.

“Tenía demasiado miedo, era enorme y las casas eran iguales…la gente me veían mal”.

María Roa.

En el municipio de Apartadó, al norte de Medellín, la población negra sabía que en la ciudad, su color de piel significa ser mirados por encima del hombro. Por eso, cuando María llegó al Barrio Esfuerzos de Paz No.1, en la Comuna 8, sintió un alivio profundo.

“En el asentamiento, la gran mayoría éramos negros. Era lo más bonito porque volví a sentirme en casa, había muchos de mi mismo municipio, nuestras costumbres, comida, pero también con los mismos problemas”.

Roa había huido de su hogar, en un momento donde la región se convirtió en una de las más afectadas por el los ataques de grupos paramilitares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según cifras de ACNUR, el conflicto armado suma 7. 7 millones de víctimas de desplazamiento interno y la cifra sigue creciendo, aún después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Todos los días, recuerda ella, llegaban personas cargando las pocas pertenencias que tenían. Cada día más.

El consuelo que trajo la familiaridad de la Comuna 8 en un principio, se transformó rápidamente en miedo. Al igual que otros lugares como San Javier y el Salado, los barrios habían crecido con la llegada de los desplazados. Los campos de refugiados se convirtieron en el lugar al que las personas huían de la guerra, ahí se encontraron con una violencia distinta: el abandono y la pobreza estructural, la desigualdad, la falta de oportunidades y el profundo racismo que todavía impregna las estructuras de la sociedad colombiana.

“Por ser negra y mujer, lo único que te pueden ofrecer es el trabajo doméstico”, dice, y cuenta que también los hombres afro son criminalizados cotidianamente.

“Lo tienes que agarrar (el trabajo) porque casi todas venimos con hijos, con el papá, la mamá y por lo general las mujeres se vuelven el sustento de las familias”.

En la ciudad de Medellín, más del 80% de las empleadas domésticas que laboran para las familias de clase media y alta, son afrodescendientes y la mayoría, como María Roa, son desplazadas del conflicto, sin un hogar estable, ni entradas de dinero, atención médica, o acceso a la educación, características que han convertido a las mujeres afro en centro de constante hostigamiento y abuso en el trabajo doméstico.

Ella recuerda que poco después de asentarse en la ciudad comenzó a trabajar en la casa de una familia adinerada.

Fueron, en parte, sus malas experiencias en el trabajo doméstico lo que la ayudó a crear un sindicato sin precedentes en el país suramericano, que tiene la finalidad de terminar con las malas prácticas laborales y defender los derechos de las trabajadoras del hogar. El sindicato nació el 1° de marzo del 2013, cobijado por la Escuela Sindical Nacional, con un grupo de 28 mujeres afro de Medellín y una meta clara:

“Sonaba a locura pero sabíamos que íbamos por las leyes, no queríamos un sindicato para tirar piedras (…) Buscábamos que los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico fueran  reconocidos, que se les pague un salario mínimo, prestaciones sociales y atención médica, un mejor futuro para nuestras hijas”, dice María Roa.

En 9 años, el Utrasd ha construido una red de afiliadas en todo el país, cuenta con subdirectivas en Cartagena, Urabá, Bogotá, Neiva y Tumaco y las 28 mujeres originales se transformaron en más de 500.

Tras años de batalla legal e incidencia política, el sindicato logró incidir en la promulgación de una ley (ley 1788 de 2016) que reconoce la labor doméstica como trabajo formal que debe de ser protegido por contrato  y debe contar con beneficios determinados por la ley.

Un futuro para nuestras hijas

Claribed Palacios, actualmente la presidenta de Utrasd, trabajó por más de 20 años en el servicio doméstico y cuenta su primera experiencia en Medellín como el antes y después que marcó su vida.

Tenía 16 años y como muchas otras mujeres jóvenes había sido atraída por la promesa de una mejor educación y un trabajo con que apoyar a su familia en Nuquí, un pequeña comunidad rural en la costa norte colombiana.

“Tardé mucho tiempo en entender que me engañaron”, cuenta. A su madre le habían dicho que una familia rica de la ciudad estaba buscando a una joven que cuidara e hiciera compañía a una mujer mayor, a cambio pagarían los estudios.

“Dijeron trabajadora doméstica, yo no sabía que se podía vivir de trabajarle al otro o que eso se llamaba así”, dice la mujer entre risas.

Aceptó emocionada. Desde el primer día, la adolescente entró en una rutina de abuso: horarios de 15 horas, malos tratos, pagos injustos y ninguna posibilidad de comunicarse con su familia. Sin embargo, lo que Claribeth más recuerda es la continua humillación.

“En mi casa éramos pobres pero aquí en Medellín y viviendo con una familia rica supe que era sentir hambre. Eso no se le hace a una persona”, cuenta.

El peor incidente llegó tres meses después, mientras la adolescente lavaba sus sábanas, algo que no le había sido permitido desde su llegada. A medio enjuague, la señora de la casa le prohibió seguir usando agua y se desató una discusión.

“Usted es una negra altanera, me gritó”, cuenta Claribed y recuerda que en ese momento la humillación acumulada se convirtió en odio. Les exigió que la dejaran regresar a casa.

Pero el tiempo que pasó fuera tuvo un duro costo en su futuro, la ausencia escolar provocó que perdiera su lugar dentro de la escuela, lo que complicó que terminar sus estudios.

“Yo me quedé con una frustración contra el mundo, trabajaba en el día y estudiaba por la noche”, un año después tuvo su primer embarazo y la idea de una carrera universitaria se desintegró.

Años después, la violencia en las calles que desató el conflicto en su región, orilló a Claribed a regresar al Medellín que tanto la lastimó de adolescente. Esta vez, como adulta, a cargo de sus tres hijos, una niña y dos varones.

El trabajo doméstico fue el único espacio que encontró.

“Yo nunca imaginé que mis primeras oportunidades de trabajar fueran directamente como trabajador en casas. Tenía el bachiller académico y yo creí que sería más fácil que me acomodaron en una tienda. Pasabas a dejar una hoja de vida para un almacén y pasaba la mestiza que solo tenía primaria y ella se quedaban con el puesto. Para una siempre la casa”, cuenta.

Para Claribed el sindicato es la herramienta necesaria para cambiar cambiar el futuro: por una parte dignificar el trabajo y asegurar mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas, pero por otra lado la batalla verdaderamente difícil, es eliminar el estigma racial que encasilla a las mujeres afrodescendientes.

¿Qué esperas del futuro para tu hija?

“Lo digo con orgullo,  mi hija tiene 20 años y yo le di las herramientas suficientes para que la opción directa para ella no sea trabajar la casa. Pero es una cuestión de educación de la sociedad, que aprendan a respetar pero eso va a pasar a medida en que aprendan a pensar en nosotros como personas valiosas”.

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