Ejidatarios de El Bajío, en Sonora, resisiten la persecusión, los asesinatos y la división sembrada por la minera Penmont de Alberto Baillères en su territorio

Texto y Fotos: Kau Sirenio 

CIUDAD DE MÉXICO.- La resistencia que mantienen los ejidatarios del ejido El Bajío se ha convertido en un oasis para los campesinos del país que se oponen a proyectos extractivos en México. Es la única que hay en el desierto, a pesar de la persecución y asesinatos, así como la división que generó en la comunidad para iniciar la exploración del territorio con engaños.

Llegar al corazón del desierto de Sonora y sobrevivir al cambio brusco de temperatura es la cotidianidad en este lugar. Sin embargo, el mosaico ecológico que se dibuja entre la manada de berrendos y el canto del águila convierte a la zona en un ambiente vivo.

Aquí, los ejidatarios se mueven al compás de los ventarrones que mueven la arena de un lugar a otro, pero eso no impide que la lucha siga en defensa del territorio. Los ejidatarios llegaron al ejido hace 30 años y siguen ahí en condición de migrantes. Se turnan para trabajar en San Luis Río Colorado, Mexicali o Tijuana para poder hacerse de una despensa.

Desde que los campesinos llegaron a este lugar, les cayó la minera Penmont, filial del Grupo Fresnillo del magnate mexicano, Alberto Bailleres. A partir de ahí se terminó la tranquilidad para los ejidatarios y la lucha legal empezó en un largo camino. Hasta ahora no se ha ejecutado la sentencia que el exmagistrado Manuel Loya Valverde emitió en 2014.

Para mantenerse en el ejido El Bajío, la minera Penmont, filial del grupo Fresnillo, intentó sobornar a Jesús Javier Thomas González, excomisario de bienes ejidales del ejido El Bajío, a través de sus abogados.

“Los abogados de la minera Penmont intentaron comprarnos, me ofrecieron dinero, en presencia de mis compañeros Erasmo Santiago Santiago, José Gaytán y José de Jesús Robledo Cruz” explica Jesús Javier Thomas González.

La minera Penmont ocupó el ejido con una asamblea falsa, dividió a los ejidatarios y los engañó para poder explorar y explotar un polígono de El Bajío.

“Querían esa parte para tirar la piedra que sobraba al separarla del oro. Como tepetate que le llaman, o piedra que no tiene minerales. Así fue como llegaron, pero no estuve presente cuando les pidieron permiso para explorar a la mesa directiva del ejido”, cuenta Thomas Gonzáles en la entrevista con Pie de Página. 

La división entre los ejidatarios empezó cuando funcionarios de la Procuraduría de la Reforma Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN) acudieron al ejido El Bajío para realizar una asamblea. Ahí, tres hermanos de apellido Cruz se hacen de firmas con el fin de obtener el certificado agrario, sin embargo, rechazan el documento que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), con el argumento de que no contaban con 200 pesos para pagar los aranceles.

Los hermanos Cruz son ejidatarios que fueron utilizados por la minera para posesionarse del área de uso común, que es justo donde está el tajo de la minera Dipolo y Penmont.

“De hecho, él y dos de sus hijos se adjudicaron el polígono, pero previo acuerdo con la minera. Un hijo del señor Cruz (Carmen Cruz Perez) vendió su derecho, mientras que el hermano falleció y quedó otro hermano, son tres los que andan por ahí”, dice el excomisario.

Agrega: “El polígono del ejido corresponde al área de uso común que le pertenece a todo el ejido. Este pedazo de tierra es el sustento de México, las tierras de uso común son propiedad colectiva y la asamblea decide lo que se tiene que hacer para el cuidado o mantenimiento”. 

Javier Thomas extiende su croquis del ejido y empieza a narrar los procesos de esas asambleas que le reconoció el derecho a una familia.

“Un ejidatario tiene el mismo porcentaje y no se pueden dividir por ejemplo los cerros, los ríos, los arroyos, hay cosas que tú no puedes repartir. Otra parte es tierra parcelada”. 

Después de enrollar su cartulina, el ejidatario se levanta y apunta con el dedo índice hacia los llanos:

“Mira, la mitad de la tierra de allá para acá es llano que está plana, esa tierra es cultivable, de ahí tenemos 77 parcelas que le corresponde a igual número de ejidatarios. Pero la otra parte que no se puede certificar, solo tenemos un certificado de uso común con el porcentaje de 1.31 creo que te da si divides 100 entre 77 eso debíamos de tener”.

“Una vez que la mina tuvo el dominio del ejido –suelta Jesús Javier Thomas–, primero fue la asamblea, de ahí la mina los llevó a todas partes, los movía como marionetas. Les decía lo que tenían que hacer, quien decidían los destinos del ejido era la minera no éramos nosotros, obviamente la gente algunas se engañaban, otros de acuerdos a sus intereses. Tú sabes que la minera corrompe a todos, con eso echan a perder todo”. 

En el polígono de uso común del que habla el excomisario ejidal, la minera Penmont hizo un tajo enorme para extraer minerales.

“Que le hayan puesto tierras de uso común ahora se encuentra el tajo de la mina. La familia de Carmen Cruz Pérez y tres personas demandaron a la mina. Ellos tuvieron certificado donde está el tajo. Dividen la tierra de uso común, y se lo adjudican a esa familia, a esas cinco familias, Después ellos demandarían a la minera en el 2004”.

Una vez con el certificado agrario los Hermanos Cruz. “Entre 2006 y 2009 presentan demanda en contra de la minera. Son personas que no saben leer ni escribir, ¿iban a saber geográficamente localizar dónde estaba el tajo de la mina?, además, hicieron una asamblea falsa con firmas de todos los ejidatarios donde se le adopta la tierra de uso común a la mina”. 

Thomas Gonzáles abona: “Así nace ese intento de extorsión, promovido por los abogados de la minera hacia la propia minera, pero se le sale la mano. Un grupo de ejidatarios nos dimos cuenta de esos arreglos y desde ahí empezamos la resistencia para recuperar el ejido. Tenemos obstáculos, pero seguimos en defensa del territorio”. 

En ese ajetreo, la minera no dudó en usar a los propios ejidatarios para que protestaran en Hermosillo, Sonora, en contra del Tribunal Unitario Agrario (TUA):

“Se nos hizo muy raro que la minera haya pagado un autobús para que trajera a la gente de Tijuana a Mexicali y de ahí al Bajío y los hospeden en un hotel en Hermosillo, a los de Nayarit, Sinaloa también los llevó a Hermosillo con gastos pagados para que tomaran el Tribunal Unitario Agrario”, relata el ejidatario. 

En la audiencia en el TUA Javier Thomas tuvo conocimiento del uso que la minera le daba a los campesinos: “Cuando tuve acceso a la audiencia me di cuenta que algo no estaba bien. A partir de ahí supe que estas tres personas o las tres de las directivas eran afines de la minera, así que el resto me nombró como representante único del ejido y empezamos a movilizarnos”. 

Agrega: “Vi que había una sentencia que nos favorecía y que esta gente creía que las favorecía a ellos, la tierra por ser del núcleo agrario a quien realmente beneficia es al propietario del ejido, de esa sentencia ejecutamos porque al ejido nos convenía, nosotros fuimos quien desalojamos a la mina, fuimos nosotros que hicimos lo que teníamos que hacer, esta persona se me hace raro que nunca haya presentado denuncia”.

El 30 de mayo del 2013 el magistrado del TUA Manuel Loya Valverde dictó la sentencia conforme a derecho a favor del ejido El Bajío; 43 días después los ejidatarios recuperaron su tierra, pero no de todo:

“Nosotros desalojamos a la mina de acuerdo con la sentencia que dictó Loya Valverde”. 

Después de que los ejidatarios recuperaron el ejido, la minera y la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich empezaron una persecución en contra de los campesinos. Desde 2013 a la fecha, fueron encarcelados cinco ejidatarios y los activistas más visibles fueron asesinados y desaparecidos. El 12 febrero de 2018, fueron desaparecidos Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez. El 29 de abril, el excomisario ejidal Jesús Robledo Cruz y su esposa María Jesús Gómez Vega fueron asesinados en Puerto Peñasco, Sonora.