El medio periodístico Aguamala identificó que la letalidad de la Guardia Nacional en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador supera el de la policía federal durante la administración de Felipe Calderón. Mientras que el presupuesto y asignaciones a las fuerzas armadas se multiplicaron
Texto: Redacción Pie de Página.
Investigación de Marco Antonio López, Nayeli Valencia, Scarlett Lindero, Abraham Rubio y Juan Luis García / AguamalaMX*
Ilustraciones: AguamalaMX
CIUDAD JUÁREZ.- De julio de 2019 a junio de 2021, 93 civiles murieron en enfrentamientos u operativos de la Guardia Nacional. Esto se desprende de información respondida, vía transparencia, por las coordinaciones estatales de esa institución.
Sin embargo, una segunda unidad administrativa de la Guardia Nacional con atribuciones de llevar registros, la Unidad de Órganos Especializados por Competencia, respondió a la misma pregunta que en ese periodo son 16 personas las que han muerto por acciones de esta corporación.
Esta última unidad alega en su respuesta que se trata de particulares que fueron abatidos en incidentes donde los elementos del nuevo cuerpo policial fueron agredidos.
La Guardia Nacional fue creada en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ejercer la autoridad policial en las entidades federativas del país. Sustituye a la policía federal que creció durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En diciembre de 2006, Calderón inició lo que llamó «guerra contra el narco» y dio un nuevo protagonismo a las fuerzas armadas. En la siguiente década, murieron en «enfrentamientos» con el Ejército, en promedio, 19 civiles por cada militar, según documentó el equipo de Pie de Página y El País en el especial Cadena de Mando. A eso se le llama índice de letalidad.
Ahora, el medio periodístico Aguamala identificó que la letalidad de la Guardia Nacional en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador supera la de la policía federal en la administración de Calderón.
Entre el segundo semestre del 2019 y el final del primer semestre del 2021 ha habido 3.5 civiles muertos por cada civil herido, de acuerdo con los datos de las coordinaciones estatales.
El índice de letalidad del nuevo cuerpo policial es 55.25 por ciento menor al registrado por la Policía Federal en el mismo periodo del expresidente Enrique Peña Nieto (6 civiles por cada policía). Sin embargo, también es 28.3 por ciento más que el registrado en el mismo periodo de Felipe Calderón (un civil por cada federal).
Además, el actual índice es superior al reportado en guerras, como la de Vietnam.
“El índice de letalidad es uno de indicadores de abuso utilizado para evaluar la existencia de patrones más o menos problemáticos en un conjunto de eventos (…) Su valor debe ser inferior a uno, indicando que hay más heridos que muertos”, han dicho los investigadores Catalina Pérez Correa y Carlos Silva Forné.
Las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional reportan 28 bajas en estos años, pero según el registro entregado por la Unidad de Órganos Especializados por Competencia, entre julio 2019 y junio 2021, perdieron la vida 19 elementos.
De diciembre del 2018 a agosto del 2021 han muerto 557 civiles a manos de militares y 95 han resultado heridos, según el registro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregado vía transparencia.
El indicador promedio de letalidad en este periodo es de 5.9 muertos por cada herido.
Esto es superior al promedio de un fallecido por cada 4 sobrevivientes de los conflictos modernos estimado por la Cruz Roja. La especialista Catalina Pérez Correa explicó en Aristegui Noticias que el índice de letalidad aceptado a nivel internacional es una relación entre fallecidos y heridos.
En la conferencia presidencial del 14 de octubre del 2019, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que el índice de letalidad ha bajado. Pero su fórmula para medirla no es la misma, porque además de los heridos le resta los detenidos.
«Se toma la base de los agresores fallecidos y se restan los heridos y los detenidos y este es el índice que se tiene», explicó Sandoval.
En la presente administración se han registrado 656 incidentes calificados por la Sedena como enfrentamientos entre castrenses y particulares. Esto es 27 por ciento menos que el número registrado en el mismo periodo del expresidente Peña Nieto, pero 139 por ciento más que en el mismo lapso del gobierno de Calderón.
El Ejército también ha perdido elementos. Según la información entregada por Sedena, entre enero 2019 y agosto 2021, el Ejército tuvo 24 bajas. Esto es menos que las 55 registradas en el mismo periodo del expresidente Peña Nieto y las 36 ocurridas con Calderón.
Considerando estos datos, el Ejército tendría un indicador de 22.29 particulares fallecidos por cada militar caído en enfrentamientos durante la administración de López Obrador
Carlos Galindo, consultor e investigador independiente en temas de seguridad, ve con escepticismo la versión oficial que justifica el uso del Ejército en las calles. Asegura que la militarización de la seguridad pública lejos de pacificar el país aumentó la cantidad de homicidios dolosos desde el sexenio calderonista.
El número de homicidios reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2007 fue de 8 mil 868 víctimas. Para el 2020 fueron 36 mil 773. Eso representa un aumento de 314 por ciento en estos 14 años.
Hay una correlación muy clara; sube la actividad militarizada contra el narcotráfico y suben los homicidios, se detiene la actividad militarizada contra el narcotráfico y bajan los homicidios. ¿Qué es esto? Que la lucha militarizada contra el narcotráfico genera la violencia en México”, explicó Galindo.
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Cuando Felipe Calderón inició su gobierno, el presupuesto asignado a Sedena era de 53 mil 298 millones de pesos y había, en promedio, 37 mil 253 militares desplegados por año. En el primer año de su administración, hubo cuatro iniciativas de ley en el Congreso para ampliar sus facultades.
Catorce años después, el presupuesto del Ejército creció 95 por ciento, el promedio de militares desplegados aumentó 41.7 por ciento y durante el primer año del actual gobierno hubo 12 iniciativas para aumentar sus atribuciones.
El presidente López Obrador ha dado una relevancia inédita a las fuerzas armadas. No sólo en el terreno de la seguridad pública, también en atribuciones legales y otras acciones prioritarias.
“Lo que distingue a este sexenio de otros es que ahora le están dando un sinfin de atribuciones a las Fuerzas Armadas. Bajo el discurso tradicional de que las instituciones civiles, ya sean las policías o las que sean, no tienen las capacidades para hacerlo”, explicó Daira Arana, directora general de Global Thought Mx y miembro del colectivo Seguridad sin Guerra.
Las nuevas funciones de los militares incluyen la construcción de obras públicas, donde también fungen como contratistas; cuidan viveros y plantas; participan en políticas de salud y bienestar social, como las campañas de vacunación; custodian obras e instituciones públicas, como el Aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y Chetumal. Esto documenta el “Inventario Nacional de lo Militarizado”, realizado por especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y México Unido contra la Delincuencia.
A partir de enero de 2022, el Ejército tendrá una nueva asignación: repartir medicinas y llevarlas a los lugares más apartados del país, anunció recientemente el presidente.
«Es claro que la militarización se ha expandido a esferas de la administración pública diversas a la seguridad», revela el trabajo del CIDE.
De acuerdo con el inventario, entre 2007 y 2021, las Fuerzas Armadas han recibido 4 mil 495 millones de pesos de los estados y 4 mil 530 millones de recursos originalmente asignados a instituciones civiles. En ese periodo, 27 instituciones federales delegaron funciones y presupuestos a las Fuerzas Armadas a través de múltiples convenios.
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¿Cuánto vale la vida de un civil para el Ejército? Alrededor de 300 mil pesos, unos 13 mil 600 dólares. Eso fue lo que le ofrecieron los militares a Paulina y María Elena, madre y viuda de José Jacob Rodríguez, ejecutado el 10 de marzo pasado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el Norte de México.
En otros casos el ofrecimiento oscila entre los 400 mil y un millón de pesos.
Aun cuando no hay un monto total oficial de cuánto ha pagado el Ejército mexicano por este tipo de ejecuciones en la actual administración, entre 2019 y agosto de 2021, se registraron 9 personas muertas en lo que se conoce como un fuego cruzado, de acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A ellos se suman, en el mismo periodo, otras 535 personas catalogadas como presuntos agresores por el Ejército, quienes perdieron la vida y no hay forma de corroborar que hayan iniciado alguna agresión.
Por su parte, la Guardia Nacional acumula al menos 93 civiles ejecutados en el periodo que va de julio de 2019 a junio de 2021, de acuerdo con otra solicitud de información dirigida a la corporación.
Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Guardia Nacional suman 432 en los primeros 10 meses del año, esto es ya 23por ciento más que todas las registradas en 2020. Además, las quejas contra la Sedena suman 384 en el periodo mencionado del 2021, 6 por ciento más que todas las del año pasado.
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*Este reportaje fue publicado por AGUAMALA.MX. Lo reproducimos como parte de un acuerdo de republicación con LA VERDAD de Juárez, que forma parte de la Alianza de Médios de la Red de Periodistas de a Pie Aquí puedes leer el especial completo.
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