Este 11 de enero se cumplen dos años de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, al sur de Veracruz, y cinco años de la desaparición, también forzada, de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, cerca del puerto. A pesar de la intervención del gobierno federal y del cambio de gobierno en el estado, la constante para las familias sigue siendo la misma: el abandono institucional

Texto y fotos: José Ignacio De Alba

Fotografía:  Cortesía de familiares de víctimas

Al pino navideño le llamaron “El Árbol del Dolor” y lo colocaron al final de la marcha que integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz hicieron en el centro del puerto el 24 de diciembre. Era el tercer año que realizaban el homenaje navideño por sus desaparecidos, y aún así, elementos de la Marina les exigieron identificaciones y permisos para hacerlo. Al final, los dejaron. Pero la imagen sirve de ejemplo de un patrón que no cambia ni con la intervención del gobierno federal: ser familiar de un desaparecido es sinónimo de abandono.

Es el caso de las familias de ocho policías municipales de Úrsulo Galván que hoy hace cinco años fueron desaparecidos por policías estatales, y de los cinco jóvenes desaparecidos hace dos años en Tierra Blanca, también por la policía estatal.Es el mismo caso de los 281 cuerpos hallados en Colinas de Santa Fe, el cementerio clandestino más grande que se ha hallado en este milenio en el país, apenas a unos kilómetros del puerto. Ahí, los trabajos de los familiares han terminado por desplazar los dilatados trabajos de investigación del gobierno, que se reduce a identificar los perfiles genéticos de los cuerpos encontrados por las brigadas de familiares y cuidar los perímetros de búsqueda.

La exhumación de cuerpos, la búsqueda de nuevas fosas clandestinas, y hasta las indagatorias de redes político-criminales están a cargo de las familias de las víctimas.

Aún con eso, la Policía Científica  ha identificado sólo 12 de los 281 cuerpos exhumados, desde agosto del 2016.

En realidad, la identificación genética estaba a cargo de la Fiscalía del estado de Veracruz, pero como nunca entregó resultados y dilataba las investigaciones, el Colectivo Solecito Veracruz pidió que el trabajo lo hiciera la Policía Científica, en quien confían más.

Martha González  busca a su hijo, Luis Alberto Valenzuela, uno de los ocho policías municipales de Úrsulo Galván desaparecidos por policías etatales, cuando patrullaban la zona el 11 de enero del 2013.

González  sospecha que su hijo de 24 años ya fue exhumado por las brigadas de Colinas de Santa Fé, en las que ella misma participa, pero el gobierno federal tarda mucho en hacer su trabajo: “Yo sigo en el mismo día, en el mismo mes, en el mismo año”. Los nervios y la incertidumbre la obligan a tomar medicinas: “yo quiero que mi hijo esté en Colinas de Santa Fe, sino ¿cuándo lo vamos a encontrar?”, dice con desesperación.

Martha está decepcionada del actual gobierno del panista Miguel Ángel Yunes. “Está peor, ahora hay más desapariciones y asesinatos”, dice. Y cuando se le pregunta si el nuevo gobierno ayudó a las investigaciones responde: “no ha avanzado nada, estamos como en el primer día de la desaparición”.

Martha González y los familiares de los otros policías desaparecidos sospechan  que están entre los cuerpos exhumados de Colinas de Santa Fe porque la mayoría de los 12 cuerpos identificados son de la misma región.

Como la del estudiante de enfermería Arturo Figueroa fue desaparecido junto con 8 jóvenes en una cancha de futbol en el municipio de José Cardel (colindante con Úrsulo Galván) en diciembre de 2012. Según testigos se lo llevó la policía del estatal de Veracruz.

O el ministerio público Pedro Huesca, quien fue desaparecido junto con su secretario, Gerardo Montiel, el 15 de abril de 2013 en el municipio de La Antigua, colindante con el puerto. Ellos fueron los primeros identificados en el predio de Colinas.

O el Gerson Quevedo, de 19 años, fue secuestrado en el municipio de Medellín de Bravo (también colindante con el puerto) el 15 de marzo de 2014, pero después de pagar su rescate no lo devolvieron; su hermano de 15 y su cuñado de 25 fueron acribillados cuando salieron a buscarlo. En los asesinatos estuvo involucrada la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz; los restos de Gerson Quevedo fueron hallados en diciembre pasado.

Todos los hallazgos identificados de Colinas de Santa Fé tienen en común, además de que las desapariciones ocurrieron en la región cercana al puerto, que están relacionadas con la policía que, durante la administración del ex gobernador priísta Javier Duarte, estuvo a cargo de Arturo Bermúdez, señalado en muchos casos de ser el autor de las desapariciones en el estado.

Tanto Duarte como Bermúdez están presos, y enfrentan juicios por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, pero ninguno tiene cargos por los delitos de lesa humanidad que implica una desaparición forzada.

Mientras, los deudos de las personas que desaparecieron cumplen un nuevo año de duelo, sin que ninguna autoridad, ni federal, ni del nuevo gobierno estatal, se ocupe de ellos.

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