Hay muchos temas ambientales en los que se podría avanzar en estos tres años, propongo tres que podrían marcarse como prioritarios: llevar hasta el final la prohibición del glifosato en México; sentar las bases para que el transporte deje de contaminar y fortalecer la capacidad regulatoria de los organismos del sector ambiental

Twitter: @eugeniofv

En muchos aspectos se siente como si el sexenio hubiera terminado. El presidente de la República festejó a lo grande en el Zócalo; hay encuestas sobre cómo van los presidenciables y desde hace meses se habla de si su legado sobrevivirá. Sin embargo, al sexenio le queda mucho trecho todavía y en materia ambiental esos tres años serían una enorme oportunidad para compensar la falta de acciones de la primera mitad de mandato. Habiendo tantos pendientes, hay muchos temas en los que se podría avanzar en estos tres años, pero por lo pronto propongo tres que podrían marcarse como prioritarios: llevar hasta el final el duro trabajo para hacer realidad la prohibición del glifosato en México; sentar las bases para que el transporte deje de contaminar como lo hace, y fortalecer la capacidad regulatoria de los organismos del sector ambiental.

El tema de los agroquímicos ha sido uno de los grandes éxitos de este gobierno y también uno de los que más reticencias internas ha enfrentado. El glifosato es uno de los pesticidas y herbicidas más terribles. Acaba prácticamente con todo; lo único que se salva son variedades vegetales genéticamente modificadas para resistirlo. El 31 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se lo prohíbe en México.

El camino, sin embargo, no termina ahí: faltan iniciativas legales complementarias; falta la construcción de capacidades y mercados para productos que no usen ese pesticida y para suplirlo, y falta también verificar que efectivamente no se lo use. Nada de eso es sencillo, y por eso ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe bajar la guardia, ni se debe permitir que los defensores de ese veneno al interior de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) se salgan con la suya. Queda mucho trabajo todavía para los siguientes tres años.

Un tema que no se ha tocado hasta la fecha, pero que es crucial, es el del transporte como fuente de contaminación. Quien camine por las calles de cualquier pueblo, ciudad o carretera del país y tenga la desgracia de que pase un camión o autobús ha padecido la estela de humo que dejan a su paso. Al menos en 2016 se calculaba que, en México, el 80 por ciento de las emisiones de carbono negro y de un tipo especialmente dañino de partículas suspendidas venía del transporte público y de carga. La flota de transporte en México es viejísima (dobla en edad a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y ese sector es responsable de la cuarta parte de las emisiones del país. Las partículas suspendidas que liberan los camiones, además, causan 27 mil muertes prematuras cada año.

El mandato al respecto está claro, pero no se ha hecho nada desde hace muchos años —incluyendo a los de este sexenio—. Hace falta una política pública integral para trabajar en la materia, una que combine acciones restrictivas al transporte contaminante con apoyos y facilidades para renovarlo y para optar por alternativas más limpias. Tres años suenan a poco, pero es muchísimo lo que se puede avanzar.

Una de las piedras de toque ausentes en estos dos temas es el de la aplicación de la ley. Las instituciones de procuración de justicia no tienen ni medios ni capacidades para cumplir con sus mandatos y están crónicamente cortas de recursos y de personal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene hoy, en términos reales, la mitad del presupuesto que tenía hace 10 años, y ya entonces era insuficiente. Si no hay quién haga valer la ley, entonces las normas son letra muerta y poco importa lo que digan. Urge corregir esa situación.

Redoblar la lucha contra los pesticidas, emprender la lucha contra el transporte contaminante, darle armas a los encargados de hacer valer la ley para apoyar esas dos luchas: tres batallas a dar que son fundamentales para el futuro del país.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.