El Sistema de Justicia indígena, molino del viento que se construyó en 1995 en una asamblea regional en Santa Cruz del Rincón, aún funciona, pero requiere de una manita de gato; de lo contrario, perderemos una de las piezas que los pueblos indígenas crearon para protegerse de la violencia en la región

Twitter: @KauSirenio

Los años vuelan y los pueblos indígenas continúan en la resistencia para sobrevivir a las políticas del Estado mexicano. El molino del viento que armaron desde que se refugiaron en la montaña para que los saqueadores no los exterminaran ha tenido problemas, se les cae una pieza y deja de funciona un momento, pero las asambleas comunitarias la reparan y ahí la llevan, a pesar de la intervención de agentes externos al sistema organizativo, sigue de pie y avanza. 

Una de esa pieza del molino que los pueblos diseñaron es el sistema de justicia comunitaria que nació el 15 de septiembre de 1995 en Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, un mes después se organizaron en una asamblea regional para bautizarlo como Policía Comunitaria. 

Si bien es cierto que este sistema de seguridad comunitaria se mantiene de pie, hay días que tambalea, sin embargo, los propios pueblos se organizan y le dan respiración de boca en boca y revive. El problema no es que reviva o se muera. En sí, el problema real que los pueblos indígenas enfrentan desde cualquier rincón es el saqueo al igual que hace 500 años cuando la iglesia católica cambió la tierra por la biblia. 

Ahora, las religiones se han penetrado en las comunidades y han generado desplazamiento y fraccionado a las familias. Estos grupos religiosos con la biblia han despojado a los pueblos de su tierra para convertirlo en mercancía. Con el pretexto de que solo existe “Dios”, los indígenas que profesan estas religiones han dejado de participar en las asambleas y en el sistema normativo de cargos. 

Esto a pesar de que en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú inició el proceso organizativo de la Policía Comunitaria en la región, ahora conocido como territorio comunitario, en octubre de 1995, cuando 36 comunidades se armaron de valor para resolver el problema de la violencia.

Durante sus primeros años, la Policía Comunitaria ponía a los detenidos a disposición del Ministerio Público, tal como lo hacía la policía auxiliar de camino de Cuanacaxtitlán; con el argumento de que no existían elementos procesales suficientes, los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero liberaban a los inculpados. 

La organización en las asambleas les ayudó a disminuir en un 90 por ciento la violencia, el robo, el abigeato y el asalto en las carreteras. Pero con el paso de los años, llegaron los partidos políticos y fraccionaron las asambleas y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRA) se vio envuelta en una severa crisis organizativa.

Ni bien se recuperaban de este embate, cuando se enteraron las montañas que alimentan a los pueblos ñuu savi, me’phaa y nahua fueron concesionadas para que las empresas mineras exploren en busca de minerales. De nueva cuenta las comunidades se organizaron en asambleas y recurrieron a la Suprema Corte de la Nación para evitar que sus tierras se convirtieran en minas de la muerte. 

Así las cosas, el molino del viento que se construyó el 15 de octubre de 1995 en una asamblea regional en Santa Cruz del Rincón como Sistema de Justicia funciona, pero requiere de una manita de gato para pueda alcanzar larga vida o de lo contrario, perderemos una de las piezas que los pueblos indígenas crearon para protegerse de la violencia en la región. 

Desde luego que este mantenimiento tiene que venir de los pueblos, de los intelectuales indígenas. O sea, de todos, y que se sobrepongan a las diferencias por cuestiones partidistas y religiosas, porque la coincidencia es mayor a la diferencia. 

Bienvenido el debate sobre la ley indígena que los ñani y ku’va (hermanos y hermanas) yaqui entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de septiembre.