Sin revisar la historia de la policía comunitaria en las comunidades indígenas y afro de Guerrero, los diputados estatales reformaron la ley y las autoridades comunitarias no podrán prevenir los delitos ni reeducar a los infractores, un sistema que construyeron para no estar en la indefensión

Twitter: @kausirenio 

Hace 27 años, el pueblo na savi Ñuu Ndikó Yùu/Cuanacaxtitlán construyó su sistema de seguridad comunitaria, porque el Estado mexicano los dejó en estado de indefensión. Un mes después que la asamblea de Ñuu Ndikó Yùu determinó reguardar su carretera de San Luis Acatlán a Cuanacaxtitlán; las comunidades me’phaa y na savi de los municipios de Azoyú, San Luis Acatlán y Malinaltepec se reunieron en Santa Cruz del Rincón para bautizar su sistema de seguridad como Coordinadora Regional de Autoridades Indígena (CRAIN).

A partir del 15 de septiembre de 1995, en el tramo de la carretera Yoloxochitl-Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, disminuyeron los asaltos y homicidios, comparado con el año de 1994 cuando ocurrieron 120 asesinatos en una comunidad de apenas 3 mil 700 habitantes. 

La demanda de los pueblos, sin embargo, no termina ahí. Porque el Ministerio Público no integraba ni investigaba los delitos, con el fin de facilitar al juez de primera instancia que liberara a los delincuentes que las comunidades les ponía a disposición. 

–Los asaltos en el camino se daban todos los días– recuerda Filemón López García, fundador de la Policía Auxiliar de Camino (PAC), que después se llamó Policía Comunitaria en Cuanacaxtitlán–. Ellos estaban ahí apostados, esperando que pasáramos; muchas mujeres fueron violadas; los ganaderos tuvieron pérdidas económicas; había abigeato; también hubo muertos en la carretera. 

“En los primeros operativos que la PAC realizaban en la carretera Cuana-Yolo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia de Ministerio Público, pero al pagar la fianza en el juzgado, los ‘malhechores’, como les dicen acá en la costa, quedaban en libertad”, me contó Filemón López en una entrevista hace algunos años. 

En 1995 –año en que Filemón López García era comisario ejidal–, en Cuanacaxtitlán se había disparado la ola de violencia. De enero de 1994 a septiembre de 1995 hubo 120 ejecuciones, y en la carretera se registraban de cinco a ocho asaltos a diario. 

Mientras que la policía estatal y militares imponían el terror en la región. En enero de 1995, la entonces policía judicial asesinó a un profesor en pleno centro de la comunidad; y establecieron retenes para detener a na savi para extorsionarlos. 

En junio de 1995, en una asamblea general en Ñuu Ndikó Yùu los na savi acordaron solicitar un destacamento militar. La solicitud tuvo éxito, porque a mediados de julio de ese año, llegaron los militares. Montaron su destacamento al Sur de Cuanacaxtitlán, y al día siguiente en un retén improvisado, los militares detuvieron a medio centenar de campesinos  y los acusaron de trafico de droga. Estos hechos, indignó a los na savi así que pidieron el retiro de los soldados en el pueblo. 

“Hicimos muchas gestiones –recuerda López García–. Vistamos a las autoridades militares y civiles del estado, pero nadie nos hizo caso. Recuerdo que diario había muerto en el pueblo; nos dimos cuenta de que estábamos secuestrados por la delincuencia. Y el gobierno no nos hacía caso. Era como estar muerto en vida, porque no podíamos ir a San Luis Acatlán a comprar. Por eso decidimos convocar una asamblea el 15 de septiembre”.

Así nació la Policía Auxiliar de Camino (PAC), que se convirtió en Policía Comunitaria en la asamblea regional de Santa Cruz del Rincón. El primer grupo de PAC, surgió el 15 de septiembre de 1995. Integrado por 10 voluntarios. Francisco Félix García y Ángel Roberto Crescencio fueron nombrados comandantes. El comisariado ejidal, Filemón López García, acompañaba siempre a los dos comandantes cuando acudían a alguna reunión con autoridades militares. 

La negación de justicia por instancias gubernamentales, generó descontento en la CRAC y la población. La corrupción en los pasillos de la Fiscalía de Guerrero y el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero era evidente, por eso en una Asamblea Regional de 1998, acordaron que las comunidades impartirán justicia. Esto da paso la conformación de la Coordinadora de Autoridades Indígenas, que posteriormente sería la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. 

Sin embargo, los diputados del Congreso de Guerrero -mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- reformaron el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que reconoce a las “autoridades comunitarias” en los pueblos indígenas y afro de Guerrero (Ñuu Savi, Me’phaa, Ñomdaa y Náhuatl). Con esta reforma realizada el pasado 24 de mayo limitan a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) emitir órdenes de aprehensión. 

Los diputados creen que los usos y costumbres de los pueblos originarios no otorgan facultades a las autoridades comunitarias para resguardar a las comunidades, por lo que no tienen facultades para ordenar cateos ni emitir órdenes de aprehensión. 

La reforma acota a las autoridades comunitarias prevenir los delitos, así como reeducar a los infractores. En la legislación no se reconoce el sistema de reeducación, que es uno de los principales reclamos de las cinco casas de justicia de la CRAC. 

Los diputados de Guerrero no revisaron la historia de la policía comunitaria, por eso legislaron sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Pareciera que lo que buscan es regresar la violencia y los asaltos a las comunidades Ñuu Savi, Me’phaa, Ñomdaa y Náhuatl. 

Lo cierto es que en los primeros años, la Policía Comunitaria ponía a los detenidos a disposición del Ministerio Público, tal como lo hacía la policía auxiliar de camino de Cuanacaxtitlán; con el argumento de que no existen elementos procesales suficientes, los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero liberaban a detenidos. 

Los legisladores guerrerenses se pasaron por el arco de triunfo los tratados internacionales que reconocen a las comunidades indígenas: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora le toca a los intelectuales, académicos y periodistas indígenas acompañar a sus autoridades comunitarias a litigar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no se conculquen sino que sea progresivo hasta acabar con las desigualdades sociales y culturales en este país racista y clasista.